Los diputados frenaron el avance de un proyecto de ley que fijaría plazos máximos para que los jueces resuelvan las solicitudes de allanamiento que presenten el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
El jueves, de forma unánime, 45 legisladores decidieron retrotraer el expediente 22.836 al trámite anterior al primer debate, para revisar la redacción de la iniciativa, a la luz de señalamientos hechos por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Mediante una nota enviada a los congresistas el miércoles, 66 jueces advirtieron de que los plazos que se introducirían en el Código Procesal Penal son “injustificados, irrazonables y, en muchos casos, de imposible cumplimiento”.
Señalaron que ese fue el resultado provocado por los cambios hechos en la etapa de comisión en el Congreso.
En la reforma original, impulsada por diferentes órganos del Poder Judicial, se planteaban un plazo de cinco días para resolver peticiones de allanamiento de asuntos ordinarios y de diez días para casos de delincuencia organizada y tramitación compleja.
No obstante, los diputados acortaron los plazos a dos días en casos ordinarios y a tres días para los asuntos complejos.
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“La falencia del proyecto radica en suponer que todos los asuntos penales que se tramitan son similares, sin valorar la diferente complejidad que tienen los casos y que muchos involucran gran cantidad de personas investigadas”, alegó la Acojud.
Los jueces alegaron que algunas investigaciones pueden durar meses o años, como en los casos del cemento chino y Cochinilla, además de que a veces la cantidad de lugares por allanar supera más de 20 viviendas o instituciones.
“En este sentido, la redacción del artículo contraviene la propia exposición de motivos del proyecto discutido, que estableció que para determinar la razonabilidad del plazo, se debe tener en cuenta la complejidad de cada caso, haciendo hincapié en que ese aspecto es un derecho fundamental y una garantía que asiste a las partes del proceso”, aseveran.
En la moción aprobada en el plenario del Congreso para devolver el expediente, se estableció como justificación las observaciones hechas por la Acojud.
Sofía Guillén, jefa del Frente Amplio (FA), enfatizó que es del interés de todas las bancadas parlamentarias que la iniciativa se apruebe, “pero tiene que aprobarse bien”.
“El FA deja planteado su interés en que el proyecto avance en beneficio de la justicia costarricense. Esperamos que la otra semana podamos aprobar la moción de fondo de consenso, sobre los días del plazo, y que este mes podamos convertir este proyecto en ley de la República”, comentó.
Días atrás, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, anunció a los jefes de las fracciones que la Corte Suprema de Justicia, a través de su jerarca, el magistrado Orlando Aguirre, urgía la aprobación del proyecto, segundo plan en importancia después de la reforma aprobada sobre la Jurisdicción Especial de Delincuencia Organizada (JEDO).
Tal como lo establece el Reglamento legislativo, para hacer las modificaciones pactadas entre los partidos políticos, se requiere abrir el plenario a comisión general, conocer la moción de fondo con los cambios acordados, y volver a dar la aprobación del proyecto en primer debate.