La Corte Suprema de Justicia solicitó a los diputados el avance expedito de un segundo proyecto de ley para mejorar las herramientas de combate contra el crimen organizado en el país. Así se lo informó el jueves el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, a los jefes de las fracciones legislativas durante su reunión semanal.
Se trata del expediente 22.836, que añade y reforma artículos del Código Procesal Penal (ley 7594), con el objetivo de fijar un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de allanamiento planteadas por el Ministerio Público.
Actualmente, no hay un plazo máximo para que un juez pueda resolver esas peticiones. Esta situación permite que, a veces, se tarden hasta 10 días en autorizar un allanamiento, lo que da al traste con investigaciones que han costado meses e, incluso, años.
El proyecto fijaría un plazo de 48 horas para que los jueces resuelvan peticiones de allanamiento y registro de morada en casos ordinarios. Así se establecería en el artículo 193 del Código Procesal Penal.
Si se trata de un caso de procedimiento especial de criminalidad organizada o de tramitación compleja, el plazo máximo de resolución por parte de la persona juzgadora será de tres días.
Además, se impondría un plazo máximo de cinco días hábiles para que el juez ordene la diligencia y convoque a las partes en una gestión de anticipo jurisdiccional de prueba (reforma al artículo 293).
Este tipo de actos se realiza cuando se debe recibir una declaración que, por un obstáculo difícil de superar, no se puede recibir durante el juicio, o bien, cuando por la complejidad de un asunto, existe probabilidad de que un testigo olvide circunstancias esenciales o cuando se trate de personas que deben abandonar el país.
La solicitud de estas diligencias también corresponde al Ministerio Público, ante el juez que corresponda.
El proyecto de ley también ordenaría a los jueces dar prioridad a las diligencias en causas donde se haya ordenado la protección procesal y extraprocesal de víctimas y testigos.
La prioridad aplicaría para pericias, audiencias preliminares y celebración de juicios orales y públicos. Así lo establecerían dos artículos nuevos, el 71 bis y el 204 ter.
Listo para votar
Este expediente se encuentra listo para su votación en primer debate desde setiembre del año pasado, cuando la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso emitió un dictamen afirmativo unánime.
Sin embargo, hasta la fecha no ha entrado a votación pese al esfuerzo conjunto que habían hecho los poderes Legislativo y Judicial, desde mayo de este año, en busca de reformas urgentes en seguridad.
De hecho, Arias planteó el proyecto como el segundo proyecto en importancia para el Poder Judicial, luego de la reforma aprobada a finales de mayo que fortaleció la Jurisdicción Especializada sobre Delincuencia Organizada (JEDO).
El acuerdo de los jefes de las fracciones parlamentarias es que la iniciativa se colocara en la agenda del plenario este mismo jueves; sin embargo, la discusión sobre el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el 2023 impidió su avance.