Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron este miércoles una moción, en el proyecto de reforma al empleo público, que evitaría un aumento súbito en el gasto público en salarios.
Este proyecto propone abandonar el sistema de salario compuesto, en el que los servidores reciben una base más pluses salariales, debido a que existe una amplia variedad de incentivos que desequilibran las remuneraciones entre instituciones y presionan el gasto por factores como la antigüedad laboral.
En su lugar, el plan introduciría un esquema de salario global sin pluses, que equipare los sueldos entre entidades públicas y entre categoría de puestos.
El cambio aprobado este miércoles en comisión establece que los actuales servidores que ganen por debajo del futuro salario global seguirán con el sistema de sueldo compuesto hasta que alcancen la remuneración global y, en adelante, serán trasladados al nuevo esquema.
Esa moción habilitaría la migración gradual de unos 28.800 funcionarios en lugar del traslado inmediato que permitía el proyecto dictaminado en el 2020, el cual abría un plazo de seis meses para que estos empleados se cambiaran voluntariamente, con lo que recibirían un incremento salarial.
El traslado inmediato de los 28.800 funcionarios al sistema de salario global le habría demandado unos ¢32.000 millones anuales al Estado, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Planificación (Mideplán). Incluso, así se los recordó la Contraloría a los diputados en un informe reciente.
En cuanto a los funcionarios que ganen por encima del salario global, la moción del diputado del PAC, Víctor Morales Mora, establece un congelamiento del sueldo respetando el monto acumulado de cada servidor a lo largo de los años.
Esto significa que se detendrá el crecimiento de nuevos pluses, como las anualidades. En cuanto a los incrementos por costo de vida, estos quedarán supeditados a la aplicación de la regla fiscal, la cual establece que no se otorgarán aumentos mientras la deuda pública esté por encima del 60% del producto interno bruto (PIB).
De la manera que se planteó ese ajuste, según la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, se generaría un mayor ahorro a las finanzas públicas en el pago de salario.
Esa cartera estima que, por cada año que se implemente la reforma durante un poco más de cuatro décadas, el país se ahorraría en promedio hasta un 1,1% del producto interno bruto en el pago de remuneraciones en el Estado, unos ¢400.000 millones.
Votaron a favor de la moción Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y Wagner Jimenez, del PLN; Víctor Morales Mora, del PAC; Jonathan Prendas, del bloque fabricista; y la independiente Zoila Ross Volio.
En contra votaron los socialcristianos Pablo Heriberto Abarca y Aracelly Salas.
La reforma al empleo público ya contiene la obligatoriedad de que el salario global se aplique para las futuras contrataciones en el Estado.
La iniciativa aplica para todo el sector público, excepto para las empresas públicas en competencia, las cuales quedaron excluidas por decisión de la propia comisión.
Al momento de la votación ningún legislador del foro se refirió al cambio.
Fue hasta que Pablo Heriberto Abarca pidió respaldo para reiterar su idea, a través de una nueva moción, de que quienes ganen por debajo del global emigren de inmediato, que Morales aclaró los alcances del salario global.
En primera instancia, el rojiamarillo destacó la voluntad de los legisladores de diferentes tendencias, dentro de la comisión, de avanzar de la mejor manera posible en una reforma al empleo público.
Posteriormente, descartó que la iniciativa reduzca salarios de actuales funcionarios, ordene despidos o el cierre de instituciones públicas.
“Nadie de esta mesa, ninguno de nosotros está pretendiendo, ni buscando, ni lo recoge así el texto de esta ley, reducir el salario de un empleado público. Ni siquiera significa despidos de empleados públicos, y ni siquiera significa cerrar instituciones públicas”.
“Este debate hay que colocarlo ahí. En la calle lo quieren colocar en otro sitio. Con esta iniciativa, en el tema salarial, no vamos a tocarle el bolsillo a la gente. No estamos tocando el bolsillo a ningún trabajador”, insistió Morales.
En tanto, el socialcristiano Abarca cree que esa modalidad de implementación acarrearía riesgos de litigios para el Estado pues, en su opinión, se estarían creando dos tipos de salarios: el global para futuros servidores y el compuesto para quienes emigren de forma gradual.
“Alguien podría argumentar una violación a sus derechos. Nuestra tesis ha sido que se establezca un plazo de traslado voluntario para que se evite riesgo de litigio. La mayoría optó por la otra opción y habrá que ver si la Sala Constitucional lo avala”, expresó.
El socialcristiano sostiene que, si un funcionario gana el litigio, el Estado tendría que indemnizar a todos y el efectos en las finanzas públicos sería peor que incurrir en la posibilidad del traslado inmediato al global de los 28.800 funcionarios.
Abarca expuso esa visión al momento de pedir apoyo para una moción suya, que pretendía mantener la redacción anterior que establecía esa posibilidad de traslado en seis meses.
Esa iniciativa fue rechazada por la comisión.
Descartó que su idea tenga la intención de incrementar en poco tiempo el salario de esos empleados, pese a que estos ingresarían a un esquema global que sería un sueldo superior.
Abarca también reiteró su idea de que el Estado tome el ingreso que se podría generar, si se elimina la exoneración del pago del impuesto de renta al salario escolar, para costear el incremento de ¢32.000 millones anuales en remuneraciones.