La Contraloría General de la República les advirtió a los diputados del aumento en el gasto público que implicaría autorizar el traslado inmediato, al esquema de salario global, de un grupo de 28.800 funcionarios del Estado en el proyecto de reforma al empleo público.
Así se los hizo ver en un informe remitido a la Comisión de Administración y Gobierno sobre las mociones de cambio que se discuten en las últimas etapas del trámite legislativo del plan.
El texto que salió dictaminado de la comisión permitiría que emigren de inmediato, al nuevo esquema salarial del Estado, los funcionarios actuales cuyos sueldos queden por debajo del futuro salario global en sus respectivas categorías.
Se trata de unos 28.800 servidores, la mayoría del Gobierno Central. El Ministerio de Planificación (Mideplán) estima que esa opción aumentaría el gasto público en ¢32.000 millones anuales.
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“Dicha propuesta tiene una afectación directa en el corto plazo en las finanzas públicas, dado que representa erogaciones importantes para un grupo de personas”, detalla el criterio de las divisiones Jurídica y de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.
El órgano contralor advirtió de que ese panorama se replicaría si se aprueban las mociones 287, 289, 292 y 295, que se discutirían este miércoles.
Ese grupo de mociones está entre las últimas que se discutirían, del paquete de 301 mociones que le presentaron los diputados al proyecto de ley 21.336.
La Contraloría alegó que es importante analizar el efecto de esas propuestas, cuyos efectos ya ha advertido antes, porque la magnitud y el traslado de las personas al salario único supone un incremento a corto plazo en el gasto por remuneraciones.
Por otra parte, la Contraloría valora positivamente las mociones que proponen eliminar ese traslado voluntario de empleados públicos y permitir una migración gradual. Se trata de las propuestas 17, 285, 286, 288, 290, 291, 293 y 294.
En estos casos, estos funcionarios continuarán con el sistema de salario con pluses hasta alcanzar el salario global, lo que implicaría una menor presión en el incremento del gasto.
Este proyecto pretende abandonar el sistema actual de salarios con pluses del Estado, el cual provoca fuertes distorsiones. La idea es incluir a funcionarios nuevos y actuales en el esquema de salario global, donde ya no existen esos incentivos.
En citas previas al trámite de las mociones de fondo del proyecto de empleo público, diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente Nueva República propusieron que el Gobierno buscara mecanismos para financiar ese golpe financiero.
Hasta el momento, no ha prosperado ninguna propuesta que busque financiar el aumento de los empleados que ganan menos que el salario global propuesto.
Mientras tanto, el Partido Acción Ciudadana lo que impulsa es la gradualidad en el traslado de los funcionarios públicos, a través de una moción del congresista Víctor Morales Mora.
