La jefa del PLN, María José Corrales, se manifestó confiada en que las autoridades judiciales puedan esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados.

“Ante casos de este tipo, debemos tener cero tolerancia. Es la credibilidad en la institucionalidad la que está en juego, en momentos en que se requiere transparencia absoluta en el manejo de las instituciones”, apuntó.

También dijo que se espera una respuesta clara y contundente del presidente, Carlos Alvarado, y del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

Dentro de los investigados figura Camilo Saldarriaga, asesor del mandatario.

Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, se manifestó consternada por los allanamientos y aseguró que confía en el Ministerio Público y el OIJ.

“Espero declaraciones oportunas y claras del presidente, Carlos Alvarado. Costa Rica es más que un puñado de corruptos y debemos llegar hasta las últimas consecuencias”, alegó.

Más tarde, a las 4:54 p. m., el PLN emitió un comunicado conjunto entre la fracción legislativa y el directorio político en el que condenaron los presuntos actos de corrupción bajo investigación judicial y exigieron respuestas del Ejecutivo, en particular del mandatario.

También reclamaron la separación temporal de los funcionarios públicos involucrados en la causa judicial. Asimismo, Liberación avaló que se haga otras investigaciones “bajo los mecanismos idóneos y en el momento oportuno”, pero a la vez permitiendo el avance de las pesquisas que se realicen desde el ámbito judicial.

A su vez, los liberacionistas anunciaron que realizarán un análisis exhaustivo del quinto presupuesto extraordinario, pues este contiene ¢47.000 millones para inversión en obra pública.

El jefe de la fracción del PUSC, Pablo Abarca, dijo que es lamentable que se den allanamientos en la Casa Presidencial por un caso de corrupción.

“Esperaría que se colabore muy prontamente con toda la información y que se sienten las responsabilidades en término de renuncias a los diferentes puestos en cuestionamiento. Hay gente muy cercana a la Presidencia de la República”, apuntó el legislador.

También comentó que espera una pronta acusación de parte del Ministerio Público y que se haga un procedimiento judicial rápido, para que “no termine solamente en un show o una intervención de allanamiento que frustra más a los costarricenses”.

Floria Segreda, del PRN, felicitó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y dijo que “ha hecho un trabajo extraordinario en relación con el tema de la corrupción”. Ella dijo que es un caso “sin precedentes en el país”.

“Insto al OIJ para que siga con su investigación y así poder dar con los responsables”, apuntó.

PAC: ‘Hechos merecen profunda investigación’

Una hora antes de la sesión del plenario de este lunes, el Partido Acción Ciudadana (PAC) también emitió un pronunciamiento firmado por la bancada, el comité ejecutivo nacional y el comité de juventud, en el que se afirma que los hechos denunciados merecen “una profunda investigación para determinar las responsabilidades de cualquier persona involucrada”.

Además, en el documento manifestaron que las pesquistas también tienen que identificar los portillos legales o administrativos que “históricamente han despertado sospechas de irregularidades en la construcción de obra pública”.

“La investigación nos debe llevar a desentrañar los mecanismos que puedan haber llegado a facilitar la corrupción, el tráfico de influencias o cualquier ilícito para beneficio, debido a intereses privados”, declararon los órganos del partido oficialista.

Comisión investigadora

Los diputados Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, anunciaron una moción para abrir una nueva comisión investigadora en el Congreso, a raíz de los allanamientos que realizan autoridades judiciales por presunta corrupción en obras viales.

No obstante, la propuesta no fue sometida a discusión este lunes.

“Nuestra obligación, como Congreso, es no quitarle la mirada a estos hechos bochornosos y preocupantes que surgieron a la luz el día de hoy. Los ciudadanos merecen tener información y que este Congreso les facilite prueba que pueda recabar a través de este proceso”, adujo Nicolás.

Prendas agregó que la investigación tendría que ser en un nuevo foro, puesto que ya la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos están saturada con otros temas.

La moción, por el momento firmada por Nicolás y Prendas, sugiere que el informe de la investigación legislativa se presente en diciembre de este año y que el panel se integre con siete legisladores.

Los miembros serían dos del PLN, uno del Partido Acción Ciudadana (PAC), uno de Restauración Nacional (PRN), uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno de las fracciones minoritarias y un legislador independiente.

Para que el plenario apruebe la creación de un foro político investigador solamente se requiere de los votos afirmativos de la mayoría simple de los legisladores presentes, o sea, mitad más uno.

Sin embargo, la moción no se puso a discusión del plenario este lunes, pues los jefes de las fracciones políticas pidieron tiempo para analizar esa propuesta en la reunión de jefaturas del próximo jueves, según explicó Jonathan Prendas.

En la sesión del plenario, el independiente retó a los congresistas, sobre todo a los oficialistas, a que se apruebe realizar la investigación política e hizo referencia al supuesto silencio que mantenían los oficialistas, principalmente Luis Ramón Carranza, promotor de las pesquisas políticas sobre los vínculos del narco con políticos.

En un intercambio de discursos, Carranza le afirmó que él y su partido están totalmente dispuestos a la investigación, pero le recriminó que él no haya tenido la disposición que se investigara su viaje a España pagado por un empresario, que la Procuraduría Ética calificó como violación al deber de probidad.

Carranza también dijo que espera que las investigaciones por los vínculos de supuestos narcotraficantes con políticos, en particular diputados, no pierdan fuerza en el Congreso.

Tal como lo dio a conocer este lunes el director del OIJ, Wálter Espinoza, se realizaron diligencias en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la oficina de Saldarriaga en la Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda.

Las autoridades judiciales tenían prevista la detención de 19 funcionarios públicos y 13 particulares, principalmente ligados a empresas dedicadas a la construcción y mantenimiento de vías públicas.

Entre esos funcionarios están varios gerentes del Conavi, de oficinas de Proveeduría, Financias, la División de Conservación de Vías y Puentes, entre otros.

De igual forma, se detuvo a altos mandos de las empresas Hernán Solís y Meco, principales contratistas del Gobierno.