Los diputados aprobaron una moción para destinar $40 millones (¢21.200 millones) del crédito del fondo de avales a la reparación de carreteras nacionales en las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas y Guanacaste.
Por ejemplo, ¢8.800 millones se asignarán para reparar dos tramos de la ruta Costanera Sur en Puntarenas, abarcando 78,6 kilómetros.
Otros ¢2.300 millones se invertirán en varias rutas de Heredia y San José, las cuales atraviesan las comunidades de San Francisco de Heredia, Tibás, Alajuelita, Guadalupe y San Francisco de Dos Ríos.
Asimismo, se incluyen ¢1.259 millones para atender 3,9 kilómetros de la ruta 202, entre Betania y el Cristo de Sabanilla, en el cantón de Montes de Oca, mientras que se utilizarán ¢1.479 millones para rehabilitar cinco kilómetros de la ruta 718 que comunica Tambor con Itiquis, en Alajuela.
Otros ¢1.115 millones se destinarán a la reparación de 6,9 kilómetros de la ruta 225, que conduce a Tucurrique, en la provincia de Cartago.
El crédito del fondo de avales lo otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto total de $300 millones. La idea original era financiar garantías bancarias para empresas afectadas por la pandemia. Sin embargo, el gobierno desistió de ese plan.
Entonces, el Ejecutivo planteó al Congreso un nuevo proyecto de ley para utilizar $220 millones para la ampliación de la ruta 1, entre Barranca, Limonal y Angostura, así como $10 millones en la construcción de 15 puentes peatonales de la ruta 32, en los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Limón.
Estas asignaciones se mantuvieron en firme en la moción aprobada por 39 diputados el miércoles, en la cual redistribuyeron los $40 millones citados.
Finalmente, los $30 millones restantes ya habían sido destinados a abonar a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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El proyecto, que se tramita bajo un procedimiento rápido en el plenario, cuenta con 10 mociones de fondo. Hasta el momento, se han votado cuatro de ellas, incluyendo una que faculta al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para sustituir, modificar o incluir proyectos en caso de remanentes de recursos, mediante resolución fundamentada.
No obstante, la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la falta de controles en la aprobación de recursos adicionales al gobierno, mientras que su jefe de bancada, Luis Diego Vargas, advirtió de que la redirección de fondos podría tornar inconexo el proyecto.
Por su parte, Carlos Felipe García, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solicitó que el texto sea devuelto a comisión para una evaluación más exhaustiva.
