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El Directorio de la Asamblea Legislativa dejó intacto el gasto en pluses que paga a sus empleados, el cual es casi tan caro como el que desembolsa el Poder Judicial.
Solo este año, el Congreso repartirá ¢11.700 millones entre sus 985 funcionarios, lo que equivale a un promedio de ¢915.000 mensuales por cada uno.
En la Corte, ese promedio asciende a ¢960.000, pero en el Gobierno Central la cifra es mucho más baja. En un ministerio como el de Justicia, los incentivos equivalen a ¢600.000 por empleado.
El Ejecutivo tomó medidas para detener el crecimiento de pluses e instó a los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a hacer lo mismo.
No obstante, este jueves, el Directorio anunció un paquete de medidas que no toca los incentivos.
¿Por qué la Asamblea paga tanto en pluses salariales? Primero porque paga porcentajes de anualidades muy altas, en comparación con las del Gobierno.
En el Congreso, los empleados reciben entre un 3,5% y 4,36% del salario base adicional por cada año laborado. En el Ejecutivo, se pagaba entre un 1,54% y un 2,56% y, ahora, el Ministerio de Hacienda ordenó reconocer un monto fijo, no un porcentaje, para evitar el crecimiento exponencial.
La anualidad se fijó en el 2012, por acuerdo del Directorio encabezado por el entonces diputado, Víctor Emilio Granados, del PASE, con el argumento de que necesitaban equipararse con la Defensoría de los Habitantes.
En la Asamblea, entonces, el costo por anualidades para este 2018 es de ¢5.852 millones, de acuerdo con el presupuesto del poder de la República.
En segundo lugar, la compensación por la restricción al ejercicio liberal es el segundo incentivo más caro en cuesta de Moras; para este 2018, se presupuestaron ¢2.780 millones, de los cuales ¢1.780 son por dedicación exclusiva y ¢1.000 por prohibición.
En la Asamblea Legislativa, se reconoce dedicación exclusiva a los bachilleres con 20% de salario adicional, mientras que a los que tienen licenciatura o grado superior, se les paga 55%.
Estos porcentajes son los mismos que se pagaban en el Gobierno Central previo a la reforma a la dedicación exclusiva, emitida por el Servicio Civil, que fijó en 10% adicional para bachilleres universitarios y 25% para licenciaturas, la cual aplicará para los nuevos servidores.
En tercer lugar, la Asamblea paga a los empleados pluses especiales para el Poder Legislativo, los cuales no existen en otras instituciones. Estos pluses cuestan ¢1.585 millones en su totalidad.
Entre ellos, destaca un rubro de ¢834 millones por un incentivo creado para evitar que los empleados se trasladen a otras instituciones o renuncien.
El incentivo legislativo se aprobó por un acuerdo del Directorio desde 1991 como un monto fijo para cada clase de trabajador que tiene el Congreso, sin embargo, a partir de 2008 aumenta en el mismo porcentaje de crecimiento decretado para los sueldos.
Por ejemplo, si el salario base aumenta un 2% este semestre, el mismo porcentaje se aplica al monto nominal del incentivo, según explicó el director de Recursos Humanos de la Asamblea, Hugo Cascante.
Este plus se paga a todos los funcionarios, desde ujieres hasta el director del Congreso. El monto va desde ¢35.000 a ¢130.000 por mes; el más bajo es para los empleados con el menor salario.
Fue creado bajo la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez. En 2017, el presupuesto para este incentivo fue de ¢777 millones; es decir, creció en un 7% para este periodo, muy por encima de la inflación.
También, existen carrera profesional (¢650 millones), y algunos reciben un incentivo por peligrosidad (¢51 millones), tal como el personal de seguridad.
Todos los incentivos fueron aprobados por el Directorio legislativo, compuesto por el presidente legislativo y otros diputados.
En cuarto lugar, la Asamblea desembolsa ¢1.485 millones en salario escolar.
La información presupuestaria fue facilitada a este medio por el director financiero, Rodolfo Camacho.
¿Por qué la Asamblea no imita al Gobierno?
Este jueves, el Directorio anunció medidas para recortar el presupuesto del 2018 en un 8% y el del 2019, en un 6,5%.
Para ello, los diputados hicieron ajustes en horas extra, viajes al exterior, actividades protocolarias, alimentos y bebidas.
No obstante, no hicieron reformas en los pluses.
Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea, dijo que están esperando criterio de los departamentos Legal y de Recursos Humanos para definir cómo se podrían hacer ajustes en los pluses salariales.
Sobre la resolución del Servicio Civil para reducir los porcentajes que se pagan por dedicación exclusiva, a un 10% y un 25% para bachilleres y licenciados (en vez de un 20% y un 55%), el director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, dijo que no tienen claridad al respecto.
“Eso estaba por aprobarse. Sin embargo, hay un montón de dudas. ¿Con cuál (modalidad) se quedan las personas interinas que adquieren propiedad? Los ascensos. Los funcionarios de confianza que pasan a la administración, la gente que sube al cubrir un permiso de incapacidad. Hay un montón de dudas razonables que hay que definir previamente”, declaró Ayales.
Ivonne Acuña, del Partido Restauración Nacional (PRN) y segunda secretaria del Congreso, dijo que como se trata de temas “sensibles”, los legisladores deben ser muy cuidadosos con respecto a las decisiones que tomen.
“Son temas que involucran una acción legal desde el Servicio Civil. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con el nuevo Código Procesal Laboral. No podemos, tan abruptamente, entrarle a un tema que es de tanto cuidado. Estamos en la disposición, pero tenemos que hacerlo de una forma correcta, con los criterios de (los departamentos) Legal y de Recursos Humanos”, comentó la diputada.
La jerarca legislativa añadió que se evalúa un plan de molividad laboral: “Tenemos una propuesta bastante avanzada, que nada más quisiéramos revisar con los jefes de fracción, y algunos expertos en Derecho Laboral. Quisiera reconocer el esfuerzo del Directorio de generar un procedimiento sobre movilidad laboral, ya que es muy probable que tenga visto bueno rápidamente”.
