Los diputados dieron luz verde al trámite de la reforma constitucional para autorizar la extradición de costarricenses, en caso de que sean requeridos por autoridades extranjeras debido a delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo.
La autorización contó con el voto unánime de 43 legisladores, un año después de que se realizó la tercera lectura del expediente 23.701, cuya intención es modificar el artículo 32 de la Constitución Política.
Actualmente, el numeral 32 de la Carta Magna establece que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
Con la modificación propuesta por la jefa oficialista, Pilar Cisneros, se agrega la frase “salvo que, en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, haya sido decretada extradición por un tribunal de la República de Costa Rica conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”.
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La reforma ha sido objeto de debate en el plenario legislativo, pues genera dudas entre varias tiendas políticas; sin embargo, todas estuvieron de acuerdo en aprobar la admisibilidad del proyecto para estudiarlo, por el fondo, tanto sus objetivos como sus riesgos.
El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Gilberth Jiménez, aseguró que el país requiere de medidas extraordinarias, a raíz del incremento de la criminalidad organizada.
“Costa Rica no puede convertirse en un paraíso donde las personas quedan impunes. Deben pagar, ser castigados con el mayor peso. Que no se vea curtido nuestro país”, manifestó el congresista.
José Joaquín Hernández, también de Liberación Nacional, dijo que las autoridades judiciales han advertido de que, en Costa Rica, es muy fácil que los extranjeros obtengan la nacionalidad, casándose con ciudadanos de este país, para obtener un escudo contra la justicia en otros países.
“Conviene considerar la observación del Departamento de Servicios Técnicos, en el sentido de que esta reforma se queda corta y podría autorizarse para otro tipo de delitos de criminalidad organizada trasnacional, como el lavado de dinero”, indicó.
El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, y el subjefe de la bancada oficialista, Daniel Vargas, puntualizaron que la reforma constitucional fue centro de conversaciones que ellos sostuvieron con senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos, así como con autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), durante un viaje oficial efectuado a Washington D. C., la semana pasada, junto con Óscar Izquierdo, del PLN; Daniela Rojas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP).
“Es muy importante para Estados Unidos la aprobación de esta reforma constitucional y estamos completamente a favor. Nosotros estamos de acuerdo en que se incluyan otros delitos dentro de las causales de extradición”, dijo Alvarado.
Daniel Vargas relató que, según las autoridades de Estados Unidos, Costa Rica se disputa el primero o el segundo lugar, a nivel mundial, en el tráfico de drogas.
Aprobada la admisibilidad de la reforma, ahora la presidencia legislativa debe integrar una comisión de tres, cinco o siete congresistas, para emitir una recomendación en 20 días hábiles al plenario.
Si la recomendación es aprobar la reforma, el proyecto pasará al plenario, donde se requiere de al menos 38 votos para ser aprobado en primer debate. Luego, se remitirá a la Sala Constitucional, para que este tribunal determine si la reforma contiene algún vicio de inconstitucionalidad o, por el contrario, se puede aprobar.
Si no hay vicios, el texto regresa a la Asamblea para su aprobación en segundo debate. Luego, se le debe informar a la Presidencia de la República, para que el mandatario haga referencia a dicha reforma en su informe anual al Congreso.
Una vez que el presidente haga esta mención de la reforma constitucional, debe recibir tres debates en el plenario legislativo, en días diferentes, para finalmente integrarse en el texto de la carta fundamental.
