Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobaron, este jueves, una moción para llamar a comparecer al embajador en México, Pablo Heriberto Abarca. El llamado obedece a que, según la diputada del PUSC, Vanessa Castro, el diplomático le relató la forma en que el mandatario Rodrigo Chaves le pidió contactarlo con el dueño de una empresa multinacional para que le quitaran un contrato de servicios profesionales que ejerció durante 18 años.
La convocatoria fue aprobada de manera unánime por seis diputados, incluido el representante oficialista Daniel Vargas Quirós. El foro tiene pendiente definir una fecha para la audiencia del diplomático.
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Según Vanessa Castro, el embajador le confesó el hecho durante una visita a México en abril de 2023, en compañía de dos compañeros de fracción: Carlos Felipe García y Leslye Bojorges.
Según Castro, el embajador Abarca, quien también fue diputado por el PUSC, ni siquiera se disculpó. En lugar de ello, le argumentó que acató instrucciones del presidente de la República.
Luego de una publicación de este medio, Casa Presidencial confirmó el contacto de Chaves con la empresa de medios.
El Gobierno alegó haber consultado sobre los contratos remunerados que la legisladora mantenía con empresas privadas y negó haber tenido injerencia en las decisiones de la compañía.
Según argumentó Casa Presidencial, las gestiones se hicieron por presuntas preocupaciones de que la legisladora se “beneficiara” de eventuales acuerdos legislativos en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico y fijación de cánones de frecuencias estatales.
Empero, ninguno de estos temas ha dominado la agenda de discusión de la Asamblea Legislativa. Tampoco existe normativa que prohíba a los congresistas ejercer sus profesiones de manera liberal, durante sus cuatro años en el cargo.
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Preguntas sin responder
La Nación consultó a Casa Presidencial, desde el pasado 12 de marzo, si se efectuaron las mismas gestiones con los restantes 56 diputados y si también se contactaron a sus clientes, como se hizo en el caso de Vanessa Castro.
Igualmente, se preguntó si se realizaron las mismas acciones con otras empresas a las que Castro brinda servicios o por qué únicamente se hicieron esfuerzos con Repretel.
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De la misma forma, se pidió aclarar por qué no se denunciaron públicamente las preocupaciones del Gobierno y si se hicieron consultas a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre posibles conflictos de interés
Finalmente, se solicitó una explicación sobre por qué el presidente Rodrigo Chaves se arrojó personalmente estas gestiones.
Aún se está a la espera de respuesta a todas estas interrogantes.
