Los diputados podrían aprobar este miércoles, en primer debate, un proyecto de ley que permitiría a las cooperativas financieras ampliar sus actividades de negocios, pese a la oposición técnica del Conassif y de la Sugef por las distorsiones que podría generar en el mercado financiero.
“Estas distorsiones implican una cancha desnivelada que generan ineficiencias y reduce la competencia en el sector financiero, lo cual termina afectando al consumidor financiero”, advirtió la semana anterior el jerarca del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent.
La iniciativa data del periodo anterior cuando fue impulsada, principalmente, por el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, y gozó del respaldo de las cooperativas.
Tramitado bajo el expediente 20.256, el texto sería aprobado este miércoles en caso de que se acoja un texto sustitutivo en el plenario, según un acuerdo logrado hace semanas por seis fracciones legislativas y tres diputados independientes, explicó Karine Niño, subjefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).
La propuesta permitiría a las cooperativas de ahorro y crédito incursionar en nuevas actividades y negocios como captación de recursos en el mercado de valores, ofrecer servicios fiduciarios, emisión de garantías de participación y cumplimiento, y arrendamiento financiero y operativo, entre otros.
Las nuevas actividades serían habilitadas solo para las cooperativas supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Los servicios estarían dirigidos a los afiliados a las cooperativas y a las pequeñas o medianas empresas en los que ellos tengan participación, según el texto sustitutivo que se pretende aprobar.
Sin embargo, el Conassif advierte de que el proyecto no incluye sus observaciones técnicas planteadas en conjunto con la Sugef en un documento del pasado 3 de julio.
Así dice una respuesta de Dent, del pasado 22 de julio, a consultas planteadas por la diputada del PLN, Yorleny León.
Según el titular del Conassif, el proyecto profundizaría las distorsiones existentes en el mercado financiero, en razón de que esa cooperativas gozarían de ventajas para ofrecer una amplia gama de servicios similares a los que ya ofrecen las bancas pública y privada.
La diputada León dijo a La Nación que está preocupada ante la posibilidad de que se apruebe un texto que “empeora las disparidades el mercado financiero”. Ante ese escenario, la legisladora planteó otras consultas al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La propuesta de texto sustitutivo para el proyecto la firman la diputada Niño y el jefe del PLN, Luis Fernando Chacón; Enrique Sánchez, jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), y su compañero de bancada, Víctor Morales Mora; así como la jefa del Partido Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez.
Otros firmantes son Patricia Villegas y Wálter Muñoz, jefa y subjefe del Partido Integración Nacional (PIN); el jefe socialcristiano Rodolfo Peña; Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); y los independientes Ivonne Acuña, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu.
Karine Niño asevera que la iniciativa lleva meses de estar en discusión entre los jefes de fracción y tiene dispensa de trámite.
Añade que la nueva propuesta de texto sustitutivo acoge recomendaciones del BCCR. Niega que tenga beneficios para las cooperativas y que la Bolsa Nacional de Valores habría dado apoyo al proyecto.
“Entonces, no vemos cuáles son las razones para seguir teniendo el texto en el congelador, menos ahora que necesitamos generar opciones de créditos a las pymes. Es una opción más dentro de las economías sociales”, expuso Niño.
Las distorsiones que desnivelan la cancha
Una de las distorsiones señaladas por el jerarca del Conassif gira en torno a las cargas fiscales y parafiscales que deben pagar los bancos comerciales públicos y privados, pero no las cooperativas. Ese desnivel no lo corrige el proyecto en cuestión, señala Dent.
En la actualidad, señala el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero, las cooperativas de ahorro y crédito gozan de un conjunto de exenciones tributarias y de cargas parafiscales que les genera ventajas competitivas en relación con las demás entidades financieras.
“Tendrían el efecto de profundizar las distorsiones existentes en el mercado financiero, en razón de que las cooperativas de ahorro y crédito podrían ofrecer una gran gama de servicios con alcances similares a los ofrecidos por otras entidades financieras, sin estar sometidas a las mismas cargas fiscales y parafiscales”, insistió Dent.
Esos beneficios son la exención del pago del 30% del impuesto de renta y el 17% del saldo de captaciones a menos de 30 días para el Sistema de Banca para el Desarrollo (conocido como peaje bancario)
También, cancelan entre un 7% y un 15% de impuesto sobre rendimientos de los títulos valores, en vez de pagar siempre un 15% como los demás.
Tampoco deben pagar las cargas parafiscales que sobrelleva la banca pública comercial de la siguiente forma: el 15% de las utilidades para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el 10% para el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el 5% para el Consejo Nacional de Préstamos para Educación (Conape) y el 3% para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
“Es importante mencionar que las cooperativas de ahorro y crédito no solo se encuentran exentas de las cargas fiscales y parafiscales que sí pagan los bancos, sino que además podrían beneficiarse de una de ellas, por cuanto el 10% de las utilidades de los bancos se destina al Infocoop”, señala la respuesta del presidente del Conassif,
Sobre esas disparidades, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho sus propias observaciones y ha llamado al país a nivelar esa cancha.
“Este proyecto vendría a exacerbar el problema incidiendo negativamente en las evaluaciones que los diferentes Comités de la OCDE realizan sobre el país”, afirma Dent.
Por su parte, Bernardo Alfaro, titular de Sugef, dijo: “Este proyecto viene a darle a las cooperativas una serie de prerrogativas adicionales, pueden prestarles a personas jurídicas integradas por sus afiliados y pueden ir a hacer emisiones de valores, pero ninguna de las ventajas que ellas tienen está de alguna manera compensándose. Más bien, desnivela un poco más la cancha y esa es una de las preocupaciones que teníamos de cara a lo que pueda decir la OCDE”.
Precisamente, dijo Alfaro, una de las contradicciones de la propuesta de texto sustitutivo obedece a la obligación de que las cooperativas presten dinero solo a sus afiliados y a las empresas en las que estos tengan participación, pero los habilita para colocar títulos en la bolsa de valores.
“Eso ya es abrir totalmente la captación a no afiliados porque, en bolsa, los títulos se transan y los puede comprar cualquier persona”, criticó el titular de Sugef.
Otro aspecto señalado por el jerarca de Conassif es sobre el encaje mínimo legal. Conassif y Sugef aseguran que el proyecto tampoco corrige la disparidad existente.
Bernardo Alfaro explicó que, en la actualidad, los bancos públicos y privados deben cumplir con el encaje mínimo legal, el cual es una porción de los recursos captados que los bancos deben depositar en las cuentas del BCCR. Por ese dinero, no reciben remuneración.
En cambio, añadió el superintendente, las cooperativas tienen una reserva de liquidez en el BCCR, pero por esos depósitos reciben pago de intereses.
Por su parte, el Conassif dice que ni la versión original del proyecto de ley ni la propuesta de texto sustitutivo, resuelven los problemas de estructura de capital. En este aspecto, el cuestionamiento gira en torno al capital social de las cooperativas, lo cual es relevante, dice Dent.
Sostiene que el capital de las cooperativas es “variable y volátil”, ya que los asociados pueden solicitar el reembolso de sus aportes de capital social.
“Esto hace que una porción significativa de lo que es el capital, tenga características de pasivo, a lo cual, si se le aplicara los estándares internacionales para computar y contabilizar capital, este disminuiría en forma importante y podría ser insuficiente para soportar las exposiciones que asumirían estas organizaciones”, añade Dent.
El problema para afrontar eventuales riesgos sería mayor si se les permite a esas entidades realizar nuevas operaciones, porque ello requeriría de mayor capital de forma permanente “que no tendrían esas organizaciones en este momento para enfrentar esos mayores riesgos”, según dijo Conassif.
“Mucho menos para los que se asumirían a partir de las nuevas actividades que los legisladores les autorizarían (...). Estas nuevas actividades, incorporan una serie de riesgos adicionales, para los cuales las cooperativas de ahorro y crédito no necesariamente podrían estar preparadas”, insistió Dent.
Otro error que no corrige el texto, según Alfaro, es la falta de un marco de gobernanza idóneo para la administración de los riesgos actuales y los nuevos que asumirían las cooperativas.
Alfaro explicó que la Sugef emitió un reglamento de gobierno corporativo, el cual las cooperativas de ahorro y crédito se han negado a aplicar.
Incluso, afirmó, algunas de ellas entablaron un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de la normativa.
El reglamento consiste en incorporar al consejo directivo o de administración, de cada una de esas entidades, al menos tres directores independientes que conozcan de banca y finanzas.
“Ellas están reacias a incorporar expertos en temas financieros y de banca a sus consejos de administración. A nosotros nos parece que eso no va de la mano con mejores prácticas”.
“Quieren incursionar ofreciendo productos que nunca han ofrecido y no quieren incorporar personas expertas en el consejos de administración. Así se lo pedimos a los bancos y lo han ido incorporando, pero las cooperativas son cerradas y no tiene diversidad de opiniones, ni de formación ni de experiencia”, criticó Alfaro.