Específicamente, tratarán de aclarar que el Fondo de Protección para Víctimas y Testigos, del Ministerio Público, solo se puede emplear para víctimas y no para victimarios. Ese ajuste lo harían eliminando dos incisos del artículo 6 bis de la ley.
Además, se atendería la preocupación de la fiscala general, Emilia Navas, quien advirtió de que la iniciativa sentará a las víctimas de delitos sexuales o de violencia doméstica a negociar con sus agresores.
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Para ello, varios miembros del miniplenario anunciaron un nuevo proyecto de ley, que ajustaría los artículos específicos que presentaban problemas, señalados desde hace varias semanas por la fiscala general, Emilia Navas, y por la ministra de la Mujer, Patricia Mora.
“Era importante hacer la aprobación del proyecto antes que echarlo atrás y ponerlo en riesgo. Esto permitirá resarcir daños a las víctimas, de forma más acertadas y cercana a la realidad de las víctimas. Estamos conscientes de que el proyecto era imperfecto y vamos a hacer la corrección del caso”, dijo Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El proyecto de Justicia Restaurativa permitirá que ciertos ofensores primerizos ejecuten planes restaurativos en vez de recibir condenas penales convencionales. Tal es el caso de trabajo comunal o someterse a terapias, siempre que la víctima esté de acuerdo.
La diputada del PAC dijo que se están incluyendo con el nuevo proyecto (expediente 20.879) las correcciones que habían pedido la Fiscalía y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), sobre todo en relación con la violencia patrimonial.
“Nos estamos ocupando con celeridad del tema para que el proyecto ya aprobado pueda avanzar y que, a su entrada en vigencia, ya tenga incluidas estas correcciones que estaríamos haciendo por esta nueva vía”, agregó la oficialista.
Cuando se les cuestionó a los diputados las razones para hacer los cambios con un proyecto que empiece su trámite legislativo de cero, Laura Guido, secretaria de la Comisión Plena Primera, y José María Villalta, del Frente Amplio, alegaron que hacerlo sobre el proyecto original, de más de 100 artículos, tenía varios riesgos.
Villalta alegó que alguna fuerza política habría podido bloquear el plan original en una comisión; Guido añadió que se podría haber prácticamente enterrado, de haberse optado por el camino de enmendar el texto original.
El proyecto nuevo consta de tres párrafos, el primero y el tercero hace ajustes de redacción, pues hacía falta palabras que hicieran comprensible el planteamiento en dos artículos del proyecto original.
El segundo artículo es el que plantea la eliminación de dos incisos del artículo 6 bis de la ley 8720, Ley de Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal.
Los artículos que se plantea suprimir son estos:
“b) Crear los equipos psicosociales especializados en el tema de género, para la valoración y atención integral de las víctimas de los delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, delitos sexuales y violencia doméstica.”
“f) Crear y ofrecer programas y servicios para la atención en masculinidad para las personas ofensoras usuarias de justicia restaurativa, a fin de que se puedan establecer, en los acuerdos restaurativos, condiciones socioeducativas para el abordaje de las causas y detonantes en los delitos de penalización de la violencia contra la mujer.”
Laura Guido añadió que, con la enmienda a la ley, que aún está en el tránsito hacia su firma y publicación, se evitaría que la Presidencia de la República vete parcialmente la iniciativa, como se preveía.
Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carmen Chan, del Partido Restauración Nacional (PRN), y Sirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), prometieron el apoyo de sus respectivos partidos al plan de enmienda.
Entre las vías para aligerar ese proyecto, mencionaron la vía rápida y la dispensa de trámites, principalmente.
