Diputados de todas las fracciones alcanzaron este miércoles un acuerdo para darle prioridad a tres proyectos de ley que reducirían el gasto en las pensiones con cargo al presupuesto del Gobierno, y que permitirían aumentar las cotizaciones de empleados públicos y jubilados en favor de estos sistemas.
En total, 37 legisladores aprobaron una moción para dispensar de trámites el avance de estas iniciativas. Esto significa que los textos no tendrán que pasar por el proceso de análisis en comisión dictaminadora, sino que irán directo al plenario legislativo, lo que implicará un significativo ahorro de tiempo.
Se trata de expedientes propuestos por el Frente Amplio, el Gobierno y de Liberación Nacional (PLN), respectivamente (de números 19.254, 19.661 y 19.310).
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, hoy de cada ¢100 que el Gobierno paga por pensiones, solo ¢10 se financian con los aportes de los cotizantes y pensionados. Los ¢90 restantes los debe buscar en otra parte, lo que amenaza la sostenibilidad del sistema.
LEA: Las tres reformas en pensiones que los diputados acordaron impulsar
En cuanto al detalle de los proyectos, el del Frente Amplio, por ejemplo, cobraría una contribución especial a los pensionados que reciban más de ¢2,6 millones mensuales. Para financiar el mismo sistema, se le retendría de un 25% a un 65% del pago mensual, dependiendo de cuán grande sea la jubilación.
El plan del Gobierno limitaría el crecimiento de las pensiones al crecimiento por costo de vida. Con ello, se evitaría que los pensionados reciban los aumentos que, por otras razones como una revalorización del cargo, reciben los funcionarios que suplieron sus puestos.
Como producto de la combinación de medidas propuestas por el Ejecutivo, Hacienda espera un ahorro inicial de ¢20.525 millones anuales para el erario público (un 0,07% del PIB).
El proyecto de Zapote, además, reduciría el cálculo de las pensiones para los nuevos jubilados, de un 100% a un 80% del promedio de los salarios que fija cada régimen, al tiempo que aumenta la edad de retiro de 55 a 60 años.
En cuanto al del PLN, este permitiría al Gobierno descontar a los jubilados y a los empleados públicos cotizantes hasta un 18% de la pensión siempre que un estudio actuarial demuestre la necesidad. Hoy, no se les puede retener más de un 7%.
La moción acordada por las fracciones este miércoles también dispensa de trámite otros dos planes: una reforma al delito de soborno transnacional y otro sobre el financiamiento al terrorismo.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, explicó que el acuerdo plasmado hoy va de la mano con otra moción para establecer, en los primeros lugares de la agenda de discusión del plenario, dichas iniciativas sobre reformas a los regímenes de pensiones.
"Incluimos todos los proyectos que estaban en el orden del día del plenario, para verlos directamente en el pleno constituido en comisión y poder sacar todo el capítulo de pensiones, que es uno de los temas más importantes y urgentes para avanzar en la agenda fiscal", detalló el legislador liberacionistas.
El segundo paso se daría este jueves, cuando los parlamentarios voten en el plenario la propuesta de ordenamiento de la agenda legislativa.
Una moción más permitiría convertir el plenario en comisión general y discutir el plan para limitar los aumentos de las pensiones del régimen de exdiputados, que hoy gozan de aumento del 30% anual.
Votaron en contra dos diputados. Los proyectos solo deberán ser publicados en el diario oficial La Gaceta antes de la discusión en el plenario.
Ligia Fallas y Carlos Hernández, del Frente Amplio, votaron en contra de la moción, a pesar de que sus demás compañeros de partido sí la apoyaron.
Aunque la firma de ese partido no se plasmó en el texto de la moción, su jefe, Edgardo Araya, confirmó que votaron en positivo porque incluso hay en la lista un proyecto de ellos.
LEA: Diputados aprueban proyecto que permitiría al Gobierno recuperar dinero ocioso
"Fue una cuestión de premura, solamente; nos iban a dar 30 minutos para analizar la propuesta, pero al final solo tuvimos 15", comentó Araya, quien calificó como positivo el avance en el acuerdo de los proyectos de la agenda fiscal.
Este es el primer paso para consolidar un acuerdo entre la oposición y el Gobierno, con la intención de paliar el déficit fiscal que amenaza las finanzas públicas.
Las reformas a los beneficios de los empleados públicos y a los impuestos quedarían para después, de acuerdo con el avance de estos primeros proyectos.
Los tributos que quiere el Gobierno (un impuesto sobre el valor agregado de un 15% y aumentos en el de renta) dependerán de la aprobación de esta agenda de pensiones y de otros proyectos para la reactivación económica.
El jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, alabó el acuerdo tomado y destacó que hay "un espíritu de responsabilidad fiscal con el país".
"Se han alcanzado acuerdos importantes y en las próximas horas se concretarán acuerdos que complementen esta agenda por la responsabilidad fiscal, que es fundamental en este momento", dijo Vargas.
El rojiazul acotó que la idea es que la agenda tenga un orden lógico, sin irse directo a los tributos.
En cuanto al proyecto 19.923, la iniciativa de Ley para racionalizar el gasto público (que plantea reformas en pluses salariales), el socialcristiano aseguró que aún no se tira por la borda, sino que se "sigue madurando", pero enfatizó que no se puede sacrificar el avance de la agenda de responsabilidad fiscal solo porque los temas de empleo público sigan aún en negociación.
En cuanto al proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, aún se trabaja en moción de vía rápida (según artículo 208 bis del Reglamento del Congreso).