Los diputados de la Comisión Especial de Reforma Fiscal acogieron este miércoles la propuesta de texto sustitutivo del Gobierno, como nueva redacción del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La megamocion tuvo el apoyo de tres diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), dos del Partido Acción Ciudadana (PAC), uno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e, incluso, del libertario Otto Guevara.
Ese nuevo texto fue consensuado por el Gobierno, precisamente, con liberacionistas y socialcristianos.
En contra de la megamoción consensuada votaron Alexandra Loría, de Restauración Nacional, y Edgardo Araya, del Frente Amplio.
Guevara justificó su voto a favor del texto gubernamental cuando dijo que es menos malo que el dictamen que salió de la comisión especial, en particular porque ahora integra observaciones hechas por la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y la redacción a varios artículos que generaban confusión sobre el eventual cobro del impuesto de renta a las pensiones.
Esa iniciativa contiene varias modificaciones del expediente legislativo 20.580 tal como había salido dictaminado hace dos semanas de esa misma comisión.
Entre ellas, deja de lado el tope de pago de anualidades del 1,94% que propuso Ottón Solís, del PAC, y crea una tasa diferenciada del 2% del impuesto al valor agregado (IVA) para los bienes de la canasta básica.
Además, libera a las pensiones complementarias y voluntarias del impuesto a las ganancias de capital, así como todos los préstamos, las transferencias interbancarias y los retiros de efectivo. Estos últimos estarían libres del IVA.
A su vez, se reduce de un 4% a un 2% el impuesto para las primas de seguros personales, riesgos de trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social. El resto pagará un 13%.
Estas primas estarían exentas hasta terminar el primer año de vigencia del IVA y, durante el segundo y tercer año, la tarifa sería del 1%.
En la nueva versión, también se aclara que solo gravan las compras de servicios por Internet o cualquier otra plataforma digital, dejando por fuera las compras de bienes.
Se dice explícitamente que se gravan solo las compras de servicios, por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital, que sean consumidas en territorio nacional.
Además, quedarían exentas del impuesto a las ganancias de capital los ingresos provenientes de operaciones con valores, siempre y cuando tanto la adquisición del valor correspondiente, como la operación que produzca la renta de capital hayan sido ejecutadas a través de una bolsa de valores autorizada.
El plan, además, incluye un articulado para librar al Gobierno de la asfixia que le generan los gastos presupuestarios ya fijados por la ley. Se trata de rubros obligatorios creados por los diputados sin saber si el Gobierno tendría el dinero para cubrirlos o si eran necesarios en su totalidad, lo que impide al Ejecutivo definir sus prioridades de gasto.
En algunos casos, se exige dar cierto porcentaje de un impuesto a cierta institución o el equivalente a cierta cantidad de salarios base.
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Edgardo Araya atacó ese capítulo nuevo de la regla fiscal. Según él, eso golpea directamente a instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Conunidad (Dinadeco) y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El Gobierno, en cambio, alega que incluyó ese capítulo luego de mejorar la propuesta original de Marcela Guerrero y Steven Núñez, porque dicen que ya lo transferido a esas entidades por vía de Presupuesto Nacional no se puede rebajar, porque el derecho ya está adquirido.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, comentó sobre ese asunto que la norma tratará de que ahora estos gastos se incrementen según inflación y ya no amarrados por los porcentajes legales.
Araya alega que al eliminarse el destino legal y, considerando que se dispone sólo la obligación de mantener montos nominales actuales, hay posibilidad evidente de que se “estanque” lo destinado y que se reduzcan en términos reales en un corto plazo.