San José
El diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó hoy el contrato de préstamo por $465 millones que Costa Rica suscribió con China para ampliar a cuatro carriles un tramo de 106 kilómetros de la ruta 32, entre San José y Limón.
Oviedo calificó como "grave" el hecho de que el convenio obliga a adjudicarle la obra a una empresa china que tiene relación con otra que en el 2009 fue incluida por el Banco Mundial (BM) en una lista de firmas no elegibles para ejecutar proyectos con financiamiento de esa entidad, por haber incurrido en presuntos fraudes y actos de corrupción.
La corporacion cuestionada es China Communications Construction Company Limited (CCCC), la cual se fusionó con otras en el 2005 para crear la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC).
CHEC es, precisamente, la empresa que se haría cargo de la ampliación de la carretera al Caribe costarricense.
Al respecto, José Chacón Laurito, viceministro de infraestructura, reconoció esta noche que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desconocía de la inclusión de la casa matriz de CHEC en la lista negra del Banco Mundial. Sin embargo, subrayó que el BM nunca apuntó directamente a la empresa como culpable de irregularidades.
“Con independencia de ese señalamiento, el país puede estar tranquilo porque tenemos un contrato comercial ‘blindado’.
"Se constituirá una unidad ejecutora apoyada por una firma fiscalizadora internacional que vigilará a diario la obra, además de establecer la participación del TEC (Instituto Tecnológico de Costa Rica) y del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme)”, garantizó Chacón.
Mientras tanto, la oficina de prensa de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó hoy que el contrato con CHEC no fue analizado por esa institución, debido al modelo de cooperación que escogió el Gobierno de Costa Rica para firmar el convenio con China.
Dicho empréstito fue negociado durante la visita a nuestro país de Xi Jinping, presidente de China, a principios de junio pasado.
El trayecto que se ampliará a cuatro carriles está comprendido entre el cruce de Río Frío de Sarapiquí (Heredia) y el cantón central limonense. El plan es construir, además, 21 pasos a desnivel y otras obras no detalladas.
Sobreprecio. Por otra parte, el diputado del PAC también cuestionó hoy que la empresa CHEC haya sido la misma que estimó los costos fijos del proyecto de ampliación de la ruta 32.
Oviedo alegó que una consultoría pagada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a la empresa mexicana Cal y Mayor, determinó que los valores fijados por CHEC tienen un sobreprecio de $70 millones.
Además, catalogó como cuestionable el hecho de que este crédito haya logrado el aval de la autoridad presupuestaria en tiempo récord.
“El visto bueno para el endeudamiento se obtuvo en siete días, cuando lo normal es que este tipo de avales se otorguen en un plazo de dos meses”, aseveró.
No obstante, el viceministro Chacón sostuvo que la consultoría de Cal y Mayor fijó un rango de riesgo de un 25% mayor o menor al costo fijado por CHEC como “una costumbre”, ante eventuales variaciones en los costos.
“El presupuesto lo podemos defender en cualquier parte pues consultamos a la Cámara de la Construcción y a la facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y sus cotizaciones andaban por unos $480 millones”, informó.
Por otra parte, el legislador Oviedo consideró que el empréstito no debe ser aprobado por el Congreso porque, según dijo, violenta la Ley de Contratación Admnistrativa al impedir que se realice una licitación para escoger a la constructora del proyecto.
Dicha iniciativa se encuentra en estudio en una subcomisión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Al respecto, Chacón consideró procedente que la aprobación del préstamo esté sujeta a la contratación de CHEC.
“Para nadie es un secreto que este es un ‘préstamo atado’ donde China nos presta el dinero con la condición de que sea una de sus empresas públicas la que ejecute la obra”, manifestó.
Condiciones chinas. Finalmente, según Manrique Oviedo, China intenta imponer sus condiciones en materia de resolución de eventuales conflictos en el proyecto de empréstito.
“El convenio estipula en su artículo 8, inciso 4, que los derechos y obligaciones de las partes involucradas se regirán y cumplirán conforme a las leyes de China”, denunció.
En caso de que Costa Rica y China no puedan llegar a un acuerdo para saldar eventuales diferencias, Oviedo señaló que la disputa se deberá someter a arbitraje en Pekín, capital china.
Sobre ese punto, el viceministro Chacón indicó que esas disposiciones solo regirán para el pago del préstamo, pues la relación entre Costa Rica y el contratista estará regulada por el contrato comercial.
“No tendremos que ir a Pekín para solucionar ningún conflicto, sino a Washington, a un órgano del Banco Mundial, que serviría de árbitro”, comentó.