Los cercos se cierran en torno al juez Carlos Sánchez, a quien la Corte Plena le sigue un proceso disciplinario por otorgar derechos civiles a una pareja gay. Ahora, se suma además una denuncia por prevaricato.
El abogado Rafael López Arroyo confirmó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público, pero prefirió no ahondar en las razones.
El prevaricato es una figura del Código Penal, casi exclusiva de los administradores de justicia, a la cual se invoca cuando se considera que se dio un fallo contrario a la ley, o sobre la base de hechos falsos a sabiendas de que lo que se está haciendo queda fuera de la labor de interpretación o razonamiento que sobre el derecho realice un juez .
De encontrarse delito, la pena va de dos a seis años de cárcel en casos administrativos, como lo es esta denuncia contra el juez Sánchez y, de hasta 15 años de prisión cuando se trata de casos penales.
Bajo presión. La denuncia por prevaricato se suma al proceso que la Corte Suprema de Justicia lleva de oficio contra el juez Sánchez, a quien se le investiga por fallar a favor del reconocimiento de derechos civiles a una pareja gay.
La acusación contra el funcionario nació en el seno de la Inspección Judicial, que pidió abrir de oficio el proceso al considerar que Sánchez aplicó la Ley de la Persona Joven para reconocer derechos civiles de la pareja, aunque en ese momento existía una orden de la Sala IV para no aplicar la norma.
Yaruma Vásquez, abogada de Sánchez, aseguró que la denuncia no tiene sustento, pues la sentencia de Sánchez se basa en tratados internacionales que obligan al país a no discriminar a las personas por su preferencia sexual.
Indicó que aún no han sido notificados de la denuncia, pero la calificó de infundada y como un ataque contra el juez.
“Es un ataque directo contra un juez que se ha tomado en serio su investidura. Es el riesgo de defender los derechos humanos”, dijo Vásquez.