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La Defensoría de los Habitantes denunció que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves excluyó de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 a la población menor de edad indígena.
La institución dijo que alertó previamente a las autoridades, pero no se reconsideró la decisión, por lo que interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional que busca ordenar la realización inmediata del proceso de consulta a las niñas, niños y adolescentes de los 24 territorios indígenas. Actualmente, el documento se encuentra en estudio.
Para la Defensoría, esta exclusión representa una discriminación que invisibiliza a los menores de territorios indígenas, ignora sus inquietudes y aspiraciones, vulnera sus derechos e incumple la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El órgano defensor afirmó que el gobierno decidió realizar la consulta sobre derechos de menores en el marco de la Política Pública de Pueblos Indígenas y no en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia.
“La desidia y falta de seriedad del Estado costarricense en este tema, al incluir la consulta de niñez indígena en la consulta general de pueblos indígenas, atenta contra el interés superior del niño y la niña. Además, es una decisión que se tomó sin criterios razonables ni objetivos”, advirtió la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
Política pública y derechos humanos
La política nacional se presentó en abril en la Antigua Aduana, San José. Es un documento de más de 400 páginas que define siete ejes para fortalecer la vida en familia y comunidad, la salud, la educación, la cultura, el juego, el deporte, la recreación, la actividad física, el ambiente, la protección especial y la institucionalidad democrática.
“No hay política pública sin derechos humanos, ni se puede hablar de una garantía de los derechos humanos sin una debida política pública; su relación es innegable e indisoluble, pues la política pública viene a instrumentalizar el medio a través del cual el Estado garantiza los derechos”, agregó Cruickshank.
Según la Defensoría, en la sesión ordinaria CNNA 03-2023 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, celebrada el 24 de octubre del 2023, se acordó atender la consulta y los asuntos relativos a la niñez indígena dentro de la Política Pública de Pueblos Indígenas, sin justificar la decisión.
Costa Rica había definido una Política Nacional para la Niñez y Adolescencia 2009-2021, con seis ejes estratégicos: institucionalidad democrática; personalidad, familia y comunidad; salud integral; educación; protección especial; y cultura, juego y recreación.
En abril, Kennly Garza, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), anunció que se firmarían dos convenios: uno para tener un sello a nivel centroamericano para el sector empresarial, que busca garantizar las buenas prácticas y la erradicación del trabajo infantil, y otro con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para la prevención de violaciones a los derechos de los jóvenes.
La política nacional se construyó con el apoyo del PANI y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En esa actividad participaron los ministros Andrés Romero, de Trabajo y Seguridad Social, y Mario Zamora, de Seguridad, así como la entonces presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, y el presidente Rodrigo Chaves.
