Declaración de secretario general de la ONU sobre Nicaragua desata críticas por ‘floja’

Flojo y débil. Así calificó el director de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sobre los asesinatos ocurridos durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua.

Vivanco explicó a La Nación que el secretario general de la ONU puso al mismo nivel a las víctimas y a los victimarios, al tiempo que sugiere una responsabilidad compartida, por las muertes, entre los civiles y las fuerzas progubernamentales. En su criterio, se abstiene de identificar quién es el agresor, lo que considera muy grave.

Guterres está este lunes en Costa Rica, en donde se reunirá con el presidente Carlos Alvarado.

El pasado 11 de julio, el líder de la ONU emitió un comunicado en el que dijo estar “estar profundamente preocupado” por la intensificación de la violencia en Nicaragua y por el ataque contra miembros de la Iglesia católica, al tiempo que instó “a todas las partes a respetar el papel de los mediadores y a abstenerse del uso de la violencia.”

Dicha posición fue deplorada por el representante de Human Rights Watch. Para él, Guterres está sacando conclusiones erradas al llamar a ambas partes, a civiles y a las fuerzas armadas, a la paz.

“Comete un error de diagnóstico que es muy serio y, cuando uno tiene un error de diagnóstico, saca las conclusiones erradas. Sugiere en su comunicado que hay una especie de responsabilidad compartida respecto de los hechos de violencia que se están cometiendo en Nicaragua, y hace un llamado a las dos partes en conflicto, como si estuvieran en una posición de paridad entre las víctimas y sus victimarios”, afirmó Vivanco.

“Acá lo que hay es un gobierno tiránico, una tiranía de dos personas: Ortega (Daniel, el presidente de Nicaragua) y Murillo (Rosario, la primera dama y vicepresidenta), que hacen lo que se les da la gana y abusan del país y toman las decisiones como si fuera su finca privada”, continuó.

Agregó que, en su criterio, el secretario general de la ONU ni siquiera ha leído el más reciente informe sobre Nicaragua elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos –instancia de la ONU– y que, por lo tanto, no ha tenido una posición “objetiva” al respecto.

“Si el secretario general hubiera leído ese documento, creo que su comunicado habría sido muy distinto. No entiendo a qué se debe ese pronunciamiento, que es profundamente errado, que no es objetivo, y que tiende a minimizar o ignorar las responsabilidades que le corresponden, que son abrumadoras, al régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Realmente, no me lo puedo explicar”, continuó.

Además, Vivanco expresó asombro ante el “silencio” del secretario general de la ONU durante el fin de semana, a pesar de que, estando en Costa Rica, se encuentra a escasos kilómetros del lugar del conflicto.

"Lo que es muy grave es que, estando en Costa Rica, a 400 kilómetros de donde se están produciendo constantes asesinatos, persecución y disparos con balas que no son de goma, que son deliberados esfuerzos del régimen por imponer el terror, el secretario general haya estado un fin de semana completo en total silencio. Eso me parece que es inexplicable, inexcusable”, sentenció Vivanco.

Al menos 270 personas han fallecido durante las protestas, muchos de ellos estudiantes desarmados.

“Es evidente que Ortega está intentando resolver la profunda crisis política que enfrenta, sobre la base de un baño de sangre cometido por los policías y por estos gánsters, hampones, armados por el régimen, que están aterrorizanzo pueblos, estados, comunidades, departamentos y provincias de Nicaragua”, concluyó el líder de Human Rights Watch.

El presidente Carlos Alvarado, de hecho, anunció que le expondrá a Guterres la condena de Costa Rica hacia el uso de la fuerza por parte del Gobierno de Nicaragua contra estudiantes y civiles, en particular luego de los ataques oficialistas con uso de fuerza letal en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), este fin de semana.

Estupor internacional

Otros actores en el ámbito de la opinión pública han compartido el criterio del director de Human Rights Watch.

El 13 de julio, el periodista Andrés Oppenheimer calificó de lamentable el pronunciamiento de Antonio Guterres al expresar que, “vergonzosamente, omitió decir que casi todas las muertes fueron causadas por el régimen del presidente Daniel Ortega”.

“Todas las principales organizaciones de derechos humanos coinciden en que la mayor parte de la violencia viene de un lado: la policía y los paramilitares de Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice que ya van 264 muertos desde que se iniciaron las protestas el 18 de abril, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua calcula la cifra de muertos en 309 personas, y miles de heridos”, afirmó el periodista.

En una publicación en elnuevoheral.com, añadió que, según el jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, el 90% de las muertes las causaron las fuerzas progubernamentales.

Oppenheimer también criticó al secretario general de la ONU por llamar a "todas las partes" a cesar la violencia, sin señalar al principal agresor.

"Ya es hora de que las Naciones Unidas hagan algo para detener el baño de sangre en Nicaragua. Se trata de una crisis de derechos humanos más grande que muchas de las que están acaparando titulares en todo el mundo".

"Mientras que la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han emitido varias condenas contra por el uso de la fuerza de Israel en la frontera de Gaza, no han emitido una sola resolución que condene los homicidios de Ortega en Nicaragua.

“La hipocresía de la ONU es lamentable. Es hora de que el Secretario General de la ONU mire las evidencias, y presione a Ortega para que detenga la matanza en Nicaragua”, agregó.

El mundo también ha reaccionado ante situación que vive Nicaragua. Países como España, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador han emitido pronunciamientos condenando los actos de violencia contra estudiantes y civiles.