El régimen de Daniel Ortega reaccionó con acusaciones contra Costa Rica, luego de que el gobierno de Carlos Alvarado repudiara y condenara, el viernes anterior, la muerte de un opositor nicaragüense de 57 años, que estaba preso en una cárcel de Managua.
El gobierno sandinista envió una nota verbal a San José el domingo, en la que, además de rechazar los señalamientos costarricenses por los atropellos a los ciudadanos nicaragüenses, afirma que en Costa Rica se violentan los derechos humanos de los indígenas.
El régimen enfatiza que, en la República de Costa Rica, los líderes indígenas, sociales y ambientales “sufren constantes y sistemáticos atropellos a sus derechos humanos incluyendo las pérdidas de vidas”.
Para reforzar sus acusaciones, Managua señaló el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, ocurrido el 19 de marzo anterior en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, así como los homicidios del ambientalista y estudiante de Derecho, Luis Diego Saborío González, ocurrido en 2014 en Chamorro de Cutris, San Carlos; y del ambientalista Jairo Mora, perpetrado el 30 de mayo del 2013 en Limón.
“El gobierno de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo a las afirmaciones infundadas e injerencistas del Gobierno de Costa Rica, a la vez que exige reciprocidad de no injerencia en los asuntos internos”, señala la nota en la que aparece la firma del canciller Denis Moncada, pero no su nombre.
El enojo sandinista se debe a que, el 17 de mayo, en un comunicado de prensa, la Casa Amarilla expresó su repudio y condena por la muerte del opositor nicaragüense y preso político, Eddy Antonio Montes Praslín, de 57 años, quien estaba recluido en la cárcel La Modelo de Tipitapa, Managua.
La muerte de Montes Praslín, quien además poseía la nacionalidad estadounidense, ocurrió la tarde del pasado jueves y es calificada por la oposición como un asesinato.
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La Policía Nacional alega que la muerte ocurrió en un forcejeo entre la víctima y un custodio, tras una "grave alteración al orden público” en el centro penal de parte de los reos detenidos producto de las protestas en contra de Ortega.
Costa Rica dijo al respecto: “La muerte de un ciudadano, preso por participar en las protestas antigubernamentales para exigir democracia y libertades, es parte de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo nicaragüense”.
“Como suele ocurrir en regímenes autoritarios, en ocasiones los opositores son acusados de graves delitos comunes o incluso de terrorismo, que son las mismas acusaciones por las que guarda prisión la periodista nicaragüense-costarricense, Lucía Pineda, desde el 21 de diciembre pasado”, añadió.
A su vez, Costa Rica manifestó su “honda preocupación” por la seguridad y las condiciones en las que está recluida Pineda en la cárcel de mujeres La Esperanza, en Tipitapa, Managua.
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También responsabilizó al régimen por la seguridad de la comunicadora y exigió, una vez más, su liberación, así como la de otros presos políticos en Nicaragua.
En su reacción, el gobierno sandinista pidió que las relaciones entre los dos países se fundamente en el respeto a la “soberanía de los Estados y no injerencia en los asuntos internos”, alegando que es un principio del derecho internacional.
