Cuatro expresidentes latinoamericanos, entre ellos la costarricense Laura Chinchilla, suscribieron una declaración en la que solicitaron denunciar la farsa electoral que se efectuó en Nicaragua este domingo, desconocer la reelección ilegítima de Daniel Ortega y profundizar el aislamiento internacional de su régimen.
Además de la exgobernante tica, el documento fue suscrito por los exmandatarios Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) y Ricardo Lagos (Chile), así como por el Secretario General del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), Kevin Casas Zamora.
Los expresidentes indicaron que la jornada electoral nicaragüense estuvo marcada por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades. Calificaron la situación como grave y se pronunciaron en defensa de la democracia de la región centroamericana.
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“Lo ocurrido es grave tanto para el futuro del pueblo nicaragüense como para el resto de América Latina, porque allí se aplicó rigurosamente el itinerario mediante el cual una democracia se convierte en autocracia. Estos comicios tuvieron lugar en un contexto de fuerte represión, con todos los espacios de oposición democráticos cerrados, carente de las garantías básicas de integridad electoral y sin la presencia de observadores internacionales confiables.
“El resultado fue el esperado: la reelección ilegítima de Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo y su intención de perpetuarse de manera indefinida en el poder. Todo ello junto a la elección rigurosamente controlada de la vicepresidenta, los 90 miembros de la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano”, escribieron los políticos.
De acuerdo con los firmantes, las condiciones bajo las cuales se convocó a las urnas determinan la ilegitimidad de las elecciones, ya que progresivamente se intensificó la ofensiva autoritaria al tiempo que se detuvo a siete aspirantes presidenciales de oposición y se canceló la personería jurídica a los tres principales partidos de ese sector. Actualmente 39 líderes de diversos sectores todavía permanecen privados de libertad.
“A lo anterior debemos sumarle numerosas medidas arbitrarias adoptadas por un Consejo Supremo Electoral que está bajo control absoluto del oficialismo, entre las que destacan: la eliminación del padrón electoral de aproximadamente un millón de electores y la cancelación de más de mil centros de votación”, agregaron.
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Los exmandatarios propusieron a la comunidad internacional siete acciones para fustigar lo ocurrido en Nicaragua, basados en la vigencia de la Carta Democrática que todo el hemisferio aprobó hace dos décadas para dar un cauce de legitimidad a la vigencia de la democracia en la región:
1. Solicitar la coordinación de las instituciones democráticas de Estados Unidos, Canadá, Europa y los países latinoamericanos, más los organismos internacionales que corresponda, para denunciar con firmeza el carácter antidemocrático de este acto electoral y llamar a desconocer sus resultados.
2. Hacer un llamado a todos los gobiernos de la región para que asuman la gravedad de estos hechos e instruyan a sus cancilleres colocar la situación de Nicaragua como terna prioritario en la próxima Asamblea General de la OEA, organizada por Guatemala de modo virtual entre el 10 y el 12 de noviembre, y se adopten allí todas las medidas pertinentes establecidas en el sistema interamericano.
3. Profundizar el aislamiento internacional del régimen, incluida la suspensión de Nicaragua de la OEA vía la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
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4. Exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos, la plena vigencia de los derechos humanos, el cese del estado policial, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente reapertura de un proceso de negociación para buscar una salida pacífica y electoral a la crisis.
5. Solicitar a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la OEA continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y elaborar informes periódicos para actualizar la evolución de los mismos.
6. Apoyar desde la comunidad internacional a los actores políticos nicaragüenses en los esfuerzos que les cabe hacer, para lograr un mínimo de convergencia y unidad de acción frente a un gobierno que ya no oculta su carácter dictatorial.
7. Suspender todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mínimas de vigencia de la institucionalidad democrática no retornen a Nicaragua. Ello sin alterar los programas de asistencia humanitaria en favor de la población nicaragüense.
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Los expresidentes señalaron que su declaración busca hacer un llamado en apoyo a cuidar la democracia en América Latina.
“Hace cuatro décadas el pueblo de Nicaragua emprendió un camino de rescate de la democracia tras largos años bajo una dictadura opresiva extrema. Hoy aquellos sueños están sofocados por un mandatario que, instalado en el poder, asumió el mismo camino e impide a su pueblo elegir con plena libertad el devenir de su futuro. Ante ello los pueblos y gobiernos de la América Latina no pueden ser indiferentes”, concluyeron.
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A las 8.30 p. m. de este domingo, el Gobierno de Costa Rica también anunció que no reconoce las elecciones realizadas en Nicaragua, por considerar que el proceso no fue creíble, independiente ni justo.
