El Gobierno debió recurrir a un helicóptero civil para empezar la reparación de los daños ambientales provocados por Nicaragua en isla Calero, en vista de que ese país negó el permiso para trasladar los materiales por el río San Juan.
Las labores empezaron ayer y consisten en tapar los caños artificiales que el gobierno de Daniel Ortega abrió en el extremo norte de Calero –también conocida como isla Portillos– para desviar el curso del San Juan hacia el mar Caribe, a través de territorio costarricense.
Un día antes, el canciller Manuel González le notificó a su par nicaragüense, Samuel Santos, que las obras comenzarían esta semana.
González declaró anoche que las primeras tareas se llevaron a cabo según lo programado y sin que surgieran inconvenientes.
En la nota enviada a Santos, el canciller informó de que Costa Rica se vio obligado a alquilar un helicóptero civil el cual haría múltiples viajes para llevar hasta la zona el material con el cual se rellenarán los caños.
“(...) Le indico que dado que Nicaragua impidió que Costa Rica utilizara el río San Juan para el traslado de los materiales y el personal a cargo de la obra a la zona del caño este, a pesar del acuerdo alcanzado en este sentido mediante intercambio de notas diplomáticas que se dio en setiembre del 2014, Costa Rica se ha visto en la necesidad de hacer el traslado vía aérea”, resaltó González en el documento.
También fueron notificadas la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Secretaría General de la Convención Ramsar, organización internacional dedicada a proteger humedales.
El esfuerzo para reparar el daño se prolongaría por seis semanas, según las condiciones del clima. Los trabajos los realizan funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, del Ministerio de Ambiente y Energía, bajo la coordinación de la Cancillería y Seguridad Pública.
Proceso pendiente. El plan para recuperar el humedal de la isla fluvial Calero, en Pococí, forma parte de las medidas cautelares ordenadas por la CIJ el 22 de noviembre del 2013 y cuentan con el aval de Ramsar.
La Corte exigió al gobierno de Ortega detener los dragados que realizaba y otorgó a Costa Rica la potestad para reparar los dos nuevos canales que se abrieron.
La resolución se logró tras la denuncia presentada en setiembre de ese año por la entonces presidenta Laura Chinchilla.
Esa fue la segunda ocasión en que Chinchilla denunciaba a Nicaragua por la construcción de caños. En octubre del 2010, demandó al país vecino por invadir Calero y alterar su ecosistema.
Luego, Ortega demandó a Costa Rica por la construcción de la trocha fronteriza Juan Mora Porras-1856. La CIJ fundió los reclamos de los dos países en un solo juicio que está pendiente.
