A un día de que entre en función la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, el Gobierno de Costa Rica instó a las autoridades electorales y partidarias del país suramericano a respetar el resultado de la elección legislativa del 6 de diciembre, en la cual la oposición derrotó al chavismo y ganó la mayoría absoluta del Congreso (112 de 167 escaños).
La Cancillería costarricense se pronunció luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano aceptó, para estudio, siete recursos contra la designación de nueve de los diputados opositores electos. Además, el TSJ suspendió la entrada en funciones de tres opositores y un oficialista que ganaron en el estado de Amazonas.
"Cuando en el pasado en América Latina se vulneró el ejercicio electoral y la debida designación de sus representantes, al mismo tiempo se socavó el derecho soberano del pueblo de escoger libremente y se puso en grave riesgo la paz social", citó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"El Gobierno de Costa Rica hace una respetuosa pero vehemente excitativa a las autoridades electorales y partidarias venezolanas para que, con lucidez y entendimiento, se abstengan de comprometer la legitimidad del voto popular, y enaltezcan los principios y valores democráticos tan dificultosamente alcanzados por los pueblos de nuestra América", añadió.
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En Caracas, además, la Asamblea Nacional actual, controlada por el chavismo, se apuró a nombrar a 13 magistrados del Tribunal Supremo en periodo extraordinario a finales del año pasado, en vez de esperar a que entren los nuevos legisladores. Asimismo, generó polémica el “parlamento comunal nacional” instalado por el chavista Diosdado Cabello, el presidente del Congreso venezolano, hecho que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) calificó como una usurpación de funciones.
Costa Rica añadió: "La vocación democrática de un gobierno se expresa en su capacidad de dejar de ser hegemónico tras la realización de comicios limpios. En Venezuela, la oposición ganó las elecciones de medio período y se impone la necesidad de que este resultado se respete y garantice, escrupulosamente".
"La fortaleza de la institucionalidad y la convivencia democrática se verían afectadas en caso de insistirse en alterar o dilatar la concreción de la voluntad popular manifiesta en diciembre pasado, mediante la utilización del recurso contencioso de revisión del resultado electoral, instrumento que impediría la proclamación oficial de cuatro diputados electos y, eventualmente, la continuidad del trabajo legislativo a partir del próximo 5 de enero del 2016".
