Con una participación laboral sustancialmente menor que la de los hombres, las mujeres costarricenses tienen barreras para salir por un trabajo remunerado porque muchas asumen el cuido de sus hijos o familiares.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), solo 4 de 10 mujeres en edad de trabajar tiene una labor remunerada.
La probabilidad de encontrar un trabajo es del 37%, mientras que el 45% no puede salir a trabajar porque tiene la responsabilidad de cuido, según datos que recoge el Estado de La Nación.
Ese es un señalamiento constante de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, más recientemente, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de Naciones Unidas, que manifestó el 28 de febrero preocupación por la falta de accesos a programas de cuido en Costa Rica.
Un informe del Cedaw, grupo integrado por expertos independientes, reveló una realidad en la que se ha hecho hincapié anteriormente: “Los servicios públicos de cuidados están insuficientemente financiados y limitados esencialmente a las personas que viven en la pobreza”.
Por eso, en ese informe de recomendaciones, una de las medidas sugeridas es “ampliar progresivamente el sistema público de cuidados”.
En esa línea, el último informe económico de OCDE sugirió a Costa Rica concentrar esfuerzos en varias políticas públicas para que más mujeres salgan a trabajar, y propuso uno en especial: el mecanismo de copago para el cuido de niños.
Esta es una herramienta que todavía está en construcción, pero cuyo fin es que las familias paguen una parte del servicio de cuido y el Estado, la otra, en distintos porcentajes, según sea el ingreso del hogar.
La OCDE recomendó “priorizar el acceso a la educación temprana de los trabajadores de bajos ingresos y establecer mecanismos de copago para los hogares de mayores ingresos”, como formas efectivas para ampliar la cobertura en un entorno fiscal difícil.
La propuesta no es nueva. Tiene años de estar en el papel, según recordó Juan Luis Bermúdez, exministro de Bienestar Social.
En la propuesta de Red de Cuido (sistema financiado por el Estado en un 100%), el copago se dio a conocer como un alternativa para mujeres que salían de la línea de pobreza, pero que requerían de cuido de menores, precisamente para mantenerse en el mercado laboral.
Bermúdez recordó que, desde el 2019, se reforzaron los lineamientos, pero al dejar la administración, en el mayo del 2022, no se había podido implementar un plan piloto con gobiernos locales.
Las actuales autoridades de Gobierno reconocen el potencial de la iniciativa y están terminando de diseñar este mecanismo.
Sin embargo, la propuesta apenas está en su definición y podría requerirse de reformas legales para ampliar la red de cuido a familias, en medio de la estrechez fiscal.
Yorleny León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, señaló que, desde la Secretaría de la Red de Cuido, se está formulando la propuesta que podría beneficiar a una población cercana a los 400.000 menores, aunque la cifra de beneficiarios no está definida.
Según León, es necesario que los recursos para ello no estén sujetos a la regla fiscal, y que se autorice legalmente al Estado a recibir dinero de los padres para pagar directamente a las guarderías.
Carolina Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de la Mujer, afirmó semanas atrás que hay un esfuerzo de los diputados por entender las limitaciones de la actual Red de Cuido para analizar, más adelante, las reformas que se requieran para dar sostenibilidad a los programas de cuido.
Actualmente, la Red de Cuido atiende a 66.000 niños de hogares de escasos recursos, aunque existen debilidades. Empresas privadas atienden a menores de edad, con fondos públicos.
La ministra hizo hincapié en que, actualmente, ninguna madre queda excluida del Red de Cuido, aun cuando empiece a tener mejores ingresos, lo que se supone que es el propósito.
Por eso, tanto León considera que es necesaria una estrategia que le dé sostenibilidad al sistema en el largo plazo, sin atreverse a adelantar cuándo el país daría este paso.
