La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, le pidió, este lunes, a los jefes de las nueve fracciones legislativas, que retomen el proyecto de ley de la Reforma Procesal Laboral para que sea aprobado en la Asamblea Legislativa.
Villanueva solicitó una audiencia a los líderes de las bancadas para exponer la necesidad de hacer cambios a dicha iniciativa de ley para que se convierta en una realidad.
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"Quienes integramos la Sala Segunda estamos en la mayor disposición de aportar nuestro conocimiento y el apoyo técnico que requiera la comisión legislativa que conocería el proyecto", dijo la jerarca del Poder Judicial a los legisladores.
De acuerdo con Villanueva, la Reforma Procesal Laboral fue una iniciativa del Poder Judicial, con el apoyo técnico de la Sala Segunda y con aportes de empresarios y gremios de trabajadores, para lograr mayor celeridad en los procesos judiciales por temas de trabajo, que actualmente son muy lentos.
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La Reforma Procesal Laboral pretendía mejorar los tiempos de respuesta en los depachos laborales, con la aplicación de un nuevo modelo de oralidad con más audiencias e imponía un límite a los recursos para apelar.
Villanueva agregó que los "procesos laborales céleres son una necesidad. La larga espera es un estímulo para que las personas trabajadoras abandonen el proceso y acepten la conciliación con renuncia, total o parcial, de derechos. De ahí que la respuesta judicial deba ser oportuna, de cara a la satisfacción de necesidades perentorias de una persona y de su familia y que también se relacionan con la actividad económica del país, la seguridad y el equilibrio de quienes participan en ella".
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El pasado 7 de agosto, la Sala Constitucional anuló la Reforma Procesal Laboral debido a un acuerdo inconstitucional de la expresidenta Laura Chinchilla, lo que sepultó las intenciones del mandatario Luis Guillermo Solís de revivir el proyecto.
El gobernante había levantado el veto a la reforma el 12 de diciembre del 2014 y prometió, en esa oportunidad, que el decreto iba a prohibir de manera absoluta las huelgas en servicios esenciales.
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La expresidenta Chinchilla vetó la Reforma Procesal Laboral en octubre del 2012 por considerar inconstitucionales los artículos que permitían las huelgas en servicios esenciales como hospitales, policías, muelles y aeropuertos.
El proyecto prohibía a los patronos contratar personal externo y temporal, para sustituir a los huelguistas.
