Un mes después del histórico fallo de la Sala Constitucional que se trajo abajo la Reforma Procesal Laboral (RPL), el Gobierno y diputados de distintos partidos intentan rescatar, colador en mano, el proyecto.
Ese es el verbo: colar.
Intentan separar el grano de la paja o al menos lo que algunos consideran “paja”. El plan es retomar el grueso de la ley que había sido vetada por la presidenta Laura Chinchilla y dejar por fuera los aspectos que generan conflicto.
Así, la RPL quedaría con su esencia, pero sin legalizar las huelgas en servicios públicos esenciales, sin poder sustituir a los huelguistas estatales y sin reducir los requisitos de una huelga legal en empresas privadas.
Estos tres aspectos, factores de controversia política en los últimos tres años, atañen a los “derechos colectivos”, que no son la esencia de la ley, más centrada en dar agilidad y garantías a la defensa de los derechos de cada trabajador. Por ejemplo: acortar los juicios por abuso laboral.
El Gobierno y diputados coinciden en que esto sería lo procedente y que conviene aprobarlo pronto, para evitar que el tema entre en el sopor legislativo.
“Entre más se extiende el tema, será más difícil. Hay un tema de oportunidad. Hay que trabajar de aquí a diciembre”, opinó Víctor Morales, ministro de Trabajo.
Ya él tuvo una reunión con legisladores sobre el tema y en algo están de acuerdo: hay que aprovechar el trabajo de muchos años sobre ese proyecto y aprobarle lo que complace a todas las partes.
El dilema ahora es depurar ese contenido y definir el procedimiento legislativo.
El camino más probable es abandonar el expediente sobre el cual, en el 2013, Chinchilla había emitido el veto que después retiró el presidente Luis Guillermo Solís en el 2014, para intentar habilitar la ley en mayo del 2016.
Luego vino el fallo de la Sala IV, que ordenó devolver ese expediente a la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo cual aún no ha hecho el Poder Ejecutivo.
Antes está explorando las opciones de procedimiento. Podría aprovechar otros expedientes para transformarlos en la nueva Reforma Procesal Laboral, sin tener que cumplir los requisitos del expediente vetado. Todo sea por la rapidez y eficacia, insisten.
“Ojalá quede aprobado este año. Hay que dejar por fuera los aspectos en que resulta imposible ponerse de acuerdo”, planteó Gerardo Vargas, jefe de los diputados del Frente Amplio (FA).
