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La Asamblea Legislativa recibió este jueves por la noche la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del magistrado suspendido Celso Gamboa, con el objetivo de que este enfrente una acusación penal de la Fiscalía General.
Se trata de una causa por tráfico de influencias en perjuicio de la función pública. El caso se relaciona con una presunta acción de Gamboa para eliminar el nombre del alcalde de San José, Johnny Araya, de un expediente judicial en el que se le investigaba antes de las elecciones municipales del 2016.
Estos hechos constan en una denuncia presentada, ante la Inspección Judicial, por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, y que fue divulgada por este medio en noviembre anterior.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor de Araya habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López.
La Fiscalía General había remitido la acusación a la Sala III, que ve la material penal, y esta, a su vez, la remitió a la Corte Plena, la cual, por unanimidad de los 22 magistrados, decidió tramitar el levantamiento del fuero ante el Congreso.
La Corte entregó al Parlamento, además, un legajo de pruebas para que evalúen la solicitud. Los documentos fueron recibidos a las 7:05 p. m.
En estos casos, el plenario legislativo debe elegir una comisión de tres diputados, la cual debe recibir tanto las pruebas del acusador como del acusado y emitir un informe para la Asamblea Legislativa, en el que recomienda o no el levantamiento de la inmunidad. Las sesiones de este órgano son secretas.
Luego, el informe de la comisión será leído en sesión secreta en el plenario y este decide si levanta o no la inmunidad. Para hacerlo, se requiere del voto de dos tercios de los legisladores.
Al respecto, el presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, dijo: "Hoy, en jefes de fracción, tomamos un acuerdo de moción para posponer todos los asuntos y llegar al punto de conformar la comisión, que será integrada por tres diputados o diputadas, de las bancadas mayoritarias, PLN, PAC y Frente Amplio. Esperamos que ellos pronto puedan resolver y enviar el informe al plenario, que podamos votarlo, que la votación se promovería para que sea nominal y, entonces, podamos resolver de forma rápida”.
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Según se establece en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, el delito de tráfico de influencias tiene una pena de entre dos y cinco años de prisión. Esta puede elevarse a un máximo de seis años y medio, cuando involucra a miembros de los supremos poderes.
Hace dos años, el 10 de febrero del 2016, Celso Gamboa fue elegido magistrado con el voto de 43 de los 52 diputados presentes. Actualmente, está suspendido del cargo.
