La Contraloría General de la República (CGR) detectó un portillo en una propuesta de ley que permitiría a extranjeros inversionistas ingresar automóviles al país sin pagar gravámenes, los cuales eventualmente se podrían comercializar luego sin pagar impuestos.
“El texto habilita para que estas personas puedan importar un vehículo automotor para uso personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación, de ventas y estabilización económica (...), el cual podrá ser traspasado o vendido a terceras personas en forma exonerada de dichos impuestos”, señaló la CGR.
La alerta fue emitida por el ente contralor en su criterio sobre el proyecto denominado “Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados”, que se tramita en la Asamblea Legislativa en el expediente N° 22.156.
La iniciativa pretende incentivar la atracción de personas provenientes del extranjero para contribuir a la reactivación económica en un periodo pospandemia.
El proyecto de ley cita textualmente:
“Las personas podrán importar un vehículo, sea para uso personal o familiar, el cual ingresará libre de todos los impuestos de importación, arancelarios, de ventas y estabilización económica, el cual podrá ser vendido o traspasado a terceras personas exonerado de dichos impuestos después de transcurrido el plazo de vigencia de esta ley.”
Además, indica que, en caso de pérdida del vehículo, por robo o destrucción por fuego, colisión o accidente, ocurrida en el período de vigencia de la ley, se podrá adquirir otro vehículo completamente libre de gravámenes.
Según la Contraloría, las exoneraciones propuestas en la ley contribuirían a agravar el crítico problema que enfrentan las finanzas públicas.
“Las exoneraciones son parte de la problemática fiscal que enfrenta el país, por cuanto constituyen una carga para las finanzas estatales, en términos de costo fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad del sistema tributario”, dice el criterio.
Asimismo, el criterio recomienda que las repercusiones económicas que pueda generar la propuesta sean objeto de evaluación.
También piden que, “en la medida de lo posible” se cuente con una fuente que sustituya los recursos que se dejarían de percibir por motivo de las exoneraciones fiscales.
Actualmente, según detalla el texto, el plazo de vigencia de este proyecto es de cinco años, lo que se ajusta al criterio expuesto por la CGR sobre la necesidad de establecer una temporalidad.
Otro de las sugerencias del órgano contralor, es que una vez transcurrido el plazo de los cinco años, los vehículos se puedan liberar bajo la obligación legal de que en el traspaso a un tercero se cobre el impuesto previsto a ese momento.
Esto se debe a dos problemas que contiene el texto del proyecto de ley, los cuales son “la ambigüedad que se puede presentar en su lectura y sus eventuales consecuencias fiscales”.
“Adicionalmente, (...) no queda completamente claro si por “las personas interesadas” se refiere a los adquirentes del vehículo internamente, como segunda mano, o a los destinatarios directos de la ley, para habilitarlos a poseer un segundo vehículo, lo cual parece ser la intención”, agrega el documento.
El proyecto de ley aplicaría para todas las personas a quienes se les autorice el ingreso al país bajo las categorías migratorias de inversionistas, residentes pensionados o de residentes rentistas.
El ente rector que tutelaría los cumplimientos legales en materia de migración sería la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). En lo que respecta a materia tributaria sería el Ministerio de Hacienda.
Según detalló la CGR, a los inversionistas se le solicitaría como requisito contar con un capital de $200.000, que se propone reducir a $150.000 dados los cambios experimentados en la situación económica y la constante competencia con otros países para la atracción de esta población.
Las proponentes del proyecto son la diputa Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Mileidy Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN).
Incentivos de la propuesta
El proyecto de ley, que fue dictaminado en noviembre del 2020 por la comisión de Asuntos Hacendarios, propone los siguientes incentivos:
1- Liberación arancelaria y de todos los impuestos de importación por una sola vez, para la importación del menaje de casa, es decir, todos los artículos necesarios para la instalación del extranjero en este país.
Dichos articulos abarcan desde muebles del hogar, electrodomésticos, artículos de decoración del hogar, utensilios de cocina y de baño, hasta ropa de cama.
2- Las personas podrán importar un vehículo, sea para uso personal o familiar, el cual ingresará exonerado completamente de todos los impuestos de importación, arancelarios, de ventas y estabilización económica.
Este vehículo podrá ser vendido o traspasado a terceras personas sin la cancelación de estos impuestos después de transcurrido el plazo de vigencia de esta ley, por lo que ninguna de las partes retribuiría el dinero a Hacienda.
Las personas interesadas podrán importar otro vehículo con los mismos beneficios, esto previo al pago de los impuestos correspondientes al vehículo ya que se encontraba exonerado.
En caso de pérdida del vehículo, por robo o destrucción total accidental, la ley habilitaría al extranjero de adquirir otro vehículo libre de los impuestos e importarlo.
3- Las sumas que sean declaradas como ingreso por parte de los extranjeros para hacerse acreedor a los beneficios de la propuesta de ley, estarían exentas del Impuesto de la Renta.
No obstante, las rentas obtenidas en el territorio nacional que resulten de las inversiones sí estarán gravadas con Renta.
4- También gozaran de la exoneración de un 20% del total del impuesto de traspaso, en aquellos bienes inmuebles que adquieran en el plazo de los cinco años de vigencia que tendría la ley. Esto siempre que la persona beneficiaria sea la titular registral del bien.
Si la persona beneficiaria vendiera o traspasara dichos bienes antes de ese periodo deberá cancelar los impuestos de los cuáles fue eximido.
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Iniciativas anteriores
Esta propuesta no es nueva, en el año 1971, durante el tercer mandato de expresidente José Figueres Ferrer (1970-1974), se aprobó una ley que contenía exoneraciones similares a las de la actual propuesta.
A las personas amparadas por dicha ley se les permitió franquicia arancelaria y de otros impuestos, esto para la importación del menaje de casa, que en ese momento debía ser por la cantidad de $ 7.000.
Asimismo, los vehículos también ingresarían exonerados de cualquier gravamen, pero debían tener un valor por debajo de los $1.000.
No obstante, esta ley fue derogada el 31 de marzo de 1992, durante el mandato del Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994).
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