En un informe enviado a los diputados, la Contraloría General de la República advirtió de que los ingresos del Gobierno Central podrían caer aún más este año, lo que podría exigir un ajuste presupuestario adicional al recorte por ¢328.000 millones planteado en el segundo presupuesto extraordinario del 2020.
Se trata del oficio DFOE-SAF-0341, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, firmado por la gerente del área, Julissa Sáenz.
Dicho informe analiza el presupuesto extraordinario que fue dictaminado positivamente, este lunes, por los diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.
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En el documento, la jerarca explica por escrito las advertencias que expuso Marta Acosta, contralora general de la República, frente a ese foro legislativo una semana antes.
Sáenz señaló que la caída en los ingresos tributarios del Gobierno Central, certificada por la Contraloría a inicios de julio, podría empeorar y superar los ¢1,2 billones.
“Las cifras estimadas por el Ministerio de Hacienda y certificadas por la Contraloría están sujetas a una serie de riesgos importantes de identificar en el contexto actual”, explicó.
El problema es que esa caída en los ingresos fue certificada con base en las estimaciones macroeconómicas que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) hizo en abril de este año, las cuales “podrían cambiar con la revisión de julio”.
“Es posible que se proyecte una profundización en la caída de la actividad económica”, advirtió Sáenz.
Aparte de eso, comentó que no hay ninguna certeza sobre la duración y las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia de covid-19.
De hecho, para analizar la propuesta de presupuesto extraordinario, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría hizo un análisis de distintos escenarios, desde uno optimista en que la caída de los ingresos sea de un 1,87% del producto interno bruto (PIB), es decir ¢664.000 millones, hasta un escenario crítico en que esa caída ronde el 4,11%, o sea, casi ¢1,5 billones.
La caída certificada en julio, por ¢1,2 billones, corresponde a un 3,3% del PIB.
Por ello, el ente contralor insistió, ante los diputados, en que los proyectos de ley que erosionen la recaudación fiscal podrían incidir negativamente en la recaudación esperada para el Presupuesto 2020.
Este martes, los legisladores aprobaron dos proyectos de ley que atrasan por un año la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado (IVA) en turismo y construcción, sin conceder recursos alternativos al erario.
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Según Elian Villegas, ministro de Hacienda, esos ingresos estaban previstos a partir de julio como parte de la recaudación tributaria que financia el plan de gastos.
Otro de los aspectos que afectaría la recaudación tiene relación con eventuales arreglos de pago por parte de los contribuyentes.
“El cumplimiento tributario puede tender a debilitarse en épocas como la presente”, dijo Julissa Sáenz en el informe.
Sáenz también aseguró que, para mitigar todos los riesgos económicos y sociales de la pandemia, se requieren reformas que van mucho más allá de lo presupuestario.
“La emergencia exige una priorización entre necesidades sociales básicas e inversión económica. Incluso, dentro de la propia inversión social, el poco espacio fiscal exige que esta sea priorizada hacia las necesidades más apremiantes para la población”, explica el informe.
En cuanto al segundo presupuesto extraordinario en sí, Sáenz apuntó que este no detalla las metas de los programas afectados con las modificaciones solicitadas.
A criterio de la Contraloría, eso “podría provocar una desvinculación entre los recursos asignados y las metas establecidas” y, en consecuencia, indicó que es necesario avanzar en la discusión simultánea de ese ajuste de metas y objetivos.
Esa coordinación debe darse entre la Dirección de Presupuesto Nacional y las instituciones, con el fin de ajustar el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para el periodo 2019-2022.
Pese a ello, la Contraloría sí estima que este nuevo presupuesto extraordinario se acerca más a la realidad fiscal del país, además de que incorpora recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya recibidos por el Gobierno, “por lo que es necesaria su aprobación para mayor transparencia fiscal”.
Por otra parte, Julissa Sáenz recomendó que, para próximos presupuestos y en vista de la incertidumbre actual, las “proyecciones fiscales se realicen bajo el marco de escenarios alternativos y rangos” para una toma de decisiones oportuna.
También aconsejó a los diputados que se haga un monitoreo sistemático de las variables de los ingresos, como la moratoria tributaria y los gastos de los actores, para identificar eventuales ajustes.
