La contralora general de la República, Marta Acosta, está decidida a afrontar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en un juicio sobre transparencia ante la demanda interpuesta por esta institución.
Para Acosta, no se trata de un simple litigio de una entidad pública en contra de otra, sino de la defensa de “principios de elevado interés público”, como la transparencia y la rendición de cuentas en el sector estatal.
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La denuncia, presentada en una sede judicial el 12 de agosto, ataca principalmente el decreto ejecutivo que dictó el Reglamento a la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
El decreto obliga al ICE a brindar un informe en marzo de cada año sobre sus actividades y estados financieros, ante la Contraloría General y ante el Consejo de Gobierno. Por ello, la demanda se presentó contra el ente contralor y contra el Estado costarricense.
La inconformidad del ICE consiste en que, a criterio de la Junta Directiva de la institución, la Contraloría interfirió en su régimen de autonomía e independencia al girarle órdenes a través de un informe de fiscalización sobre la subsidiaria Radiográfica Costarricense, S. A. (Racsa).
En su demanda, el ICE asegura que la Contraloría va más allá de las potestades que confiere la Ley 8.660, de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
“Por supuesto que no estamos de acuerdo y vamos a ir a defender no solo la actividad de fiscalización de la Contraloría, sino también el principio de transparencia y rendición de cuentas”, aseguró Marta Acosta.
Origen. El pleito surgió tras una visita de la contralora al Congreso, por solicitud de la Comisión legislativa para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos, donde se analizó, en sesión privada, la situación financiera de Racsa.
Luego de escuchar a Acosta, los legisladores manifestaron preocupación por la situación financiera de esa subsidiaria del ICE, y recibieron, en comparecencia, al presidente ejecutivo del ICE para hablar sobre los datos aportados por la contralora y que tanto los alarmaron.
“Mi visita a la Asamblea fue a raíz de una solicitud de la Comisión y, respetando el principio de confidencialidad, se realizó la audiencia privada”, dijo Acosta.
Más allá de la ley. Ha sido imposible obtener un criterio del presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, por la vía de la consulta. Sin embargo, esta semana, el jerarca asistió a la Asamblea Legislativa, donde La Nación lo abordó para conocer los motivos de la demanda.
De acuerdo con Obregón, la demanda se centra en mantener el respeto a la Ley 8.660, por lo que les piden a los tribunales determinar si el decreto que estableció el reglamento se ajusta a la ley.
“Eso es precisamente lo que pedimos: que se analice en detalle y se determine si va más allá de lo establecido en la misma ley”, comentó el presidente del ICE.
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Para Obregón, el marco regulatorio de la entidad es claro; por esto, llevan el pleito a las instancias judiciales, con el fin de ajustarse solamente a la ley.
El presidente ejecutivo de la institución argumentó que la Directiva está de acuerdo con la rendición de informes, según lo establecido por la legislación.
Ante el criterio de Obregón, Acosta insiste en que es deber de la Contraloría vigilar los fondos públicos y que “el ICE tiene dueños: todos los costarricenses”.
