El pasado 28 de febrero, Gustavo Rojas, presidente de la Fundación del Conservatorio de Castella, concretó la venta del teatro del centro educativo, ubicado en Sabana Norte, San José, por $3,5 millones.
Ahora, la organización exige que le entreguen la administración del inmueble de la sede central, en Ulloa de Heredia, o creará otro conservatorio.
Aunque el centro educativo está a cargo de una Junta Administrativa, las dos propiedades están a nombre de la Fundación, lo que le permitió vender uno de los inmuebles.
Antes de llegar a este punto, ambas partes han sostenido disputas judiciales y existe un decreto que marcó un antes y un después.
El Conservatorio de Castella, fundado en 1953 y declarado institución Benemérita de las Artes y Cultura en el 2023, cuenta con 1.100 estudiantes de primaria y secundaria. Durante las mañanas, los alumnos reciben clases académicas y en las tardes participan en lecciones artísticas.
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El terreno de Heredia fue adquirido con fondos públicos asignados por la Asamblea Legislativa mediante la Ley de Bonos Agrarios (4078), del 17 de enero de 1968.
En una publicación del diario oficial La Gaceta de aquel año consta que el Poder Ejecutivo autorizó la emisión de títulos de deuda pública por ¢1 millón.
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Dichos bonos fueron entregados a la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella para la compra de una propiedad.
En setiembre de 1971 se formalizó la escritura y se adquirió un terreno de 20 manzanas para la construcción del edificio del Conservatorio. Un año después abrieron las actuales instalaciones en Heredia.
El teatro fue construido previamente y funcionó como el primer centro de estudios donde se impartieron clases hasta la construcción del edificio en Ulloa.
La Fundación
La Fundación del Conservatorio de Castella está conformada por cinco personas.
Inicialmente, la agrupación se constituyó como una asociación y luego se convirtió en fundación, encargándose de la administración del colegio hasta el 2001, cuando llegó un decreto del entonces presidente de la República Miguel Ángel Rodríguez.
En un video reciente, el presidente de la Fundación, Gustavo Rojas, afirmó que, cuando surgió la Ley de Fundaciones (1973), el propio promotor del Castella, el docente y músico Arnoldo Herrera, decidió hacer un procedimiento judicial para convertir la asociación en fundación y poner los terrenos a nombre de esta última.
No obstante, Ingrid Vargas, presidenta de la Junta Administrativa, sostuvo que la Fundación fue creada con el propósito exclusivo de establecer un conservatorio de música para las generaciones futuras, no para disponer de sus bienes.
Afirmó que, debido a que el teatro fue construido con fondos públicos, la Fundación no tiene potestades sobre dicho inmueble.
El decreto de Miguel Ángel Rodríguez
Antes del 2001, la administración de las propiedades estuvo a cargo de la Fundación. Sin embargo, en aquel año, el presidente Miguel Ángel Rodríguez emitió el decreto ejecutivo 29324-MEP, que ratificó al Conservatorio de Castella como una institución oficial, dependiente del Ministerio de Educación Pública (MEP).
El decreto retiró la administración a la Fundación y pasó el control legal y el usufructo de las propiedades a la Junta Administrativa . Posteriormente, la Fundación logró inscribir los terrenos a su nombre en el Registro Nacional.
Los procesos judiciales
En el 2015, la Junta Administrativa impugnó la inscripción ante el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda. En el 2019, el proceso fue desestimado y los jueces ordenaron al Estado expropiar los terrenos del colegio y el teatro.
En ese mismo año, la Junta presentó un recurso de casación ante la Sala Primera. Dicho proceso, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, está suspendido hasta que se resuelva una acción de constitucionalidad presentada por otro asunto, ante la Sala IV, contra varios artículos del Código Procesal Contencioso Administrativo.
El decreto de Miguel Ángel Rodríguez superó dos sentencias de la Sala Constitucional. La primera fue emitida el 16 de marzo del 2001 (bajo el número de expediente 2001-02072) y la segunda, el 10 de julio del 2001 (con el número 2001-06624).
La segunda corresponde a un recurso de amparo presentado por la Fundación, la cual argumentó que el Conservatorio Castella era un colegio privado, no público. La gestión fue declarada sin lugar. Los magistrados consideraron que el tema era materia contenciosa, no constitucional.
En el 2010, la Fundación demandó al Estado, a la Municipalidad de Heredia y a la Junta Administrativa del Castella para solicitar la derogatoria del decreto del 2001. Como parte de la acción, se instaba a la Junta a entregar la posesión de los bienes muebles e inmuebles.
Paralelamente, en el expediente 10-004198-1027-CA, del Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, la Fundación pidió una indemnización de $3 millones por el “ilegítimo despojo” de la propiedad del teatro y $18 millones por la del colegio o, en su defecto, un alquiler de $16.900 mensuales por el teatro y $126.400 por el colegio.
En enero del 2015, el Tribunal Contencioso rechazó la causa y las pretensiones económicas de la Fundación. Los jueces argumentaron que el decreto ejecutivo del 2001, que declaró al Castella como institución pública, permanecía en firme, y que ese asunto ya no era discutible en tribunales.
Venta fue discutida con el MEP
El 22 de mayo del 2023, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, se reunió con miembros de la Fundación para discutir la intención de vender el terreno del teatro Arnoldo Herrera, ubicado en Sabana Norte.
En ese encuentro, Gustavo Rojas reconoció que habían recibido ofertas de empresas interesadas en adquirir el inmueble.
“Efectivamente, hay ofertas de distintos empresarios de la zona por comprar el Conservatorio de Castella, que no es nada nuevo; a don Arnoldo Herrera (fundador) le ofrecieron comprar eso hace mil años (...). Ha habido conversaciones, incluso se han llamado peritos para valorar porque es una alternativa, pero no la definitiva”, manifestó Rojas en aquella ocasión.
Casi dos meses después de esa reunión, una auditoría interna del Ministerio de Educación Pública (MEP), del 5 de julio del 2023, recomendó a la ministra Müller realizar gestiones encaminadas a conseguir la donación del terreno donde se encuentra dicha casa de enseñanza.
La Nación intentó contactar al director de la institución, Luis Cascante, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
