La Asamblea Legislativa cumple, este 1.° de noviembre, tres años de tener un puesto de magistrado de la Sala Constitucional vacío. A esa vacante se le han sumado, en esos tres años, siete plazas más, para un total de ocho magistraturas vacías, a la espera de que los diputados asuman finalmente la tarea constitucional de elegir altos jueces.
La silla de magistrado que acumula más polvo en la Corte Suprema de Justicia es la que dejó Gilbert Armijo en la Sala Constitucional, quien se jubiló el 1.° de noviembre del 2015.
Pasó más de medio periodo de los diputados anteriores, bajo el gobierno de Luis Guillermo Solís, además de que ya pasaron cinco meses del actual periodo legislativo, sin que se haya tomado una decisión sobre quién heredará esa magistratura constitucional.
De las ocho vacantes que hay en la Corte Suprema y que corresponde a los diputados llenar, la mitad están desde hace meses en la agenda del plenario, o sea, esos expedientes están listos para que los congresistas tomen la decisión de realizar la elección en el plenario.
La otra mitad está en proceso de concurso en la Comisión de Nombramientos del Congreso, para designar las respectivas ternas que ese foro envíe al plenario para su consideración.
De las ocho plazas vacías, además, la mitad corresponde a la Sala Tercera, encargada de los asuntos penales. Tres cargos de magistrado están vacantes por las respectivas jubilaciones de José Manuel Arrroyo, el 1.° de enero del 2017; de Carlos Chinchilla, el 16 de julio del 2018, y de Doris Arias Madrigal, el 30 de julio de este año.
Chinchilla y Arias se acogieron a la pensión luego de que fueron suspendidos por haber dictado que se sobreseyera una investigación por supuesto favorecimiento del empresario cementero Juan Carlos Bolaños contra los exdiputados Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara Guth, a solicitud de la Fiscalía General de la República.
La otra vacante se generó porque la Asamblea destituyó de su cargo a Celso Gamboa Sánchez, el 10 de abril de este año, luego de que la Corte Plena solicitara tomar esa acción a raíz de varios informes administrativos que determinaron actuaciones irregulares del ahora exmagistrado.
Entre las vacantes con más años pendientes, después de la de Armijo, están las de Eva Camacho Vargas y Zarela Villanueva Monge, quienes se acogieron a sus jubilaciones como juezas de la Sala Segunda en abril y mayo del 2017, respectivamente.
Ambos expedientes tienen ya un año y cinco meses esperando resolución de la Asamblea Legislativa.
La octava magistratura pendiente de elección es, al igual que la de Armijo, en la Sala Constitucional, donde quedó libre uno más de los siete puesto totales, luego de que se jubilara el entonces presidente de ese tribunal, Ernesto Jinesta.
Específicamente, estos son los puestos de magistrados vacantes:
-Sala II, por jubilación de Eva Camacho; un año y 5 meses y medio vacío
-Sala II, por jubilación de Zarela Villanueva Monge; un año y cinco meses vacío
-Sala III, por jubilación de José Manuel Arroyo Gutiérrez; un año, ocho meses y medio vacante
-Sala III, por destitución de Celso Gamboa Sánchez, seis meses vacante
-Sala III, por jubilación de Carlos Chinchilla Sandí, tres meses libre
-Sala III, por jubilación de Doris Arias Madrigar, dos meses y medio vacante
-Sala IV, por jubilación de Gilbert Armijo Sancho; vacante por dos años, 11 meses y 29 días
-Sala IV, por jubilación de Ernesto Jinesta Lobo; cinco meses vacante
Recomendaciones a mano
Aunque no todos los nombramientos podrían ser cubiertos de una vez, ya los cuatro que están en el plenario tienen sus respectivas ternas a la espera de una decisión parlamentaria.
Es el caso de los puestos en la Sala Segunda. Para sustituir a Eva Camacho, los diputados ya habían recomendado tres nombres: Flora Marcela Allón Zúñiga, Jorge Olaso Álvarez y Sandra Pereira Retana.
Los nombres recomendados para suplir la vacante de Zarela Villanueva en ese mismo tribunal son: Sergio Ramírez Acuña (exasesor legislativo de Liberación Nacional, actual director de Proveeduría del Congreso), Roxana Chacón Artavia y, de nuevo, Sandra Pereira Retana.
Para llenar el puesto que dejó el exmagistrado penal José Manuel Arroyo, la Comisión de Nombramientos recomendó los siguientes nombres: Gary Amador Badilla, Alex Rodríguez Campos y Patricia Solano Castro.
La ya antigua vacante de Armijo en la Sala Constitucional se podría suplir con alguno de los nombres de la terna recomendada por los diputados de entonces: Lena Patricia White Curling (hija de la exdiputada lineracionista Thelma Curling), Román Antonio Navarro Fallas y Rosa María Abdelnour Granados.
Acuerdo para los nombramientos, ahora sí
Luego de que por varios meses la presidenta del Directorio legislativo actual, Carolina Hidalgo, intentara que se tomara un acuerdo en la reunión de jefes de fracción para afrontar esa responsabilidad que se arrastra desde hace tiempo, ahora sí que los diputados tienen un acuerdo preliminar.
Según explicaron Hidalgo y el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, por separado, hay acuerdo para ir programando la elección de varios de los nombramientos de magistrados pendientes.
“Me alegra que ya por fin el sentido de urgencia es compartido”, dijo la jerarca del Congreso.
El acuerdo de los legisladores fue de empezar por el nombramiento de dos magistrados suplentes, lo cual se realizó en la segunda semana de octubre.
Dentro del acuerdo también se incluye la calendarización de fechas para los magistrados y para nombrar al nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes, expediente que ya está en el plenario también, desde hace varias semanas.
Antes de que ocurriera la división que partió a la fracción del Partido Restauración Nacional en dos partes iguales, el jefe del PRN, Carlos Avendaño, había dicho a La Nación que buscarían que se nombre magistrados afines a sus valores en todas las salas, en particular la Constitucional.
Esos valores en los que el PRN iba a buscar afinidad son la visión de la familia y los derechos humanos, en particular.
Aunque se intentó conversar con Avendaño nuevamente, a la luz de la división partidaria, y con Jonathan Prendas, uno de los diputados separados del PRN, estos no contestaron sus teléfonos celulares.