Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios acordaron reducir a la mitad el monto de la deuda política destinado para financiar las elecciones del 2018, con el objetivo de utilizar la otra mitad en la atención de la emergencia ocasionada en el país por la tormenta Nate.
Con ese recorte, los partidos políticos solo podrían acceder a ¢10.637,7 millones, en proporción al número de votos que consigan en las urnas el próximo 4 de febrero. Para los comicios del 2014, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) distribuyó ¢18.147 millones.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda presupuesto ¢21.275,4 millones, el equivalente al 0,11% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2016, el año trasanterior a los comicios nacionales, según establece la Constitución Política.
Sin embargo, por mayoría de cinco contra tres, los legisladores de ese foro trasladaron el 50% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La moción fue presentada por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y contó con el apoyo de Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); de Franklin Corella y Steven Núñez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); de Suray Carrillo, del Frente Amplio (FA); y de Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense.
Votaron en contra Rosibel Ramos, del PUSC, Paulina Ramírez y Oliver Jiménez, de Liberación Nacional (PLN).
Ramírez vaticina que esa modificación no tendrá el apoyo suficiente en el Plenario. Alega que esa modificación presupuestaria es inconstitucional. En su criterio, solo mediante una reforma a la Constitución Política y con el apoyo de 38 de los 57 diputados, se puede aprobar un traslado de recursos de ese tipo.
"Es inconstitucional, dado que la Constitución Política establece que debe reservarse el 0,11% y solo por una reforma constitucional se puede variar, habría que haberse aprobado un proyecto de ley que tiene que ver con una reforma constitucional y requiere de 38 votos y pasarlo con todo el procedimiento correspondiente", afirmó la liberacionista.
Por el contrario, Otto Guevara considera que difícilmente ese traslado de recursos sea revertido, pues aduce que solo el PLN y un sector "pequeño" del PUSC están en contra. Tampoco cree que mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV se devuelvan esos recursos al TSE.
"Más solidaridad y menos política. Algunos compañeros de Liberación Nacional, que salieron consternados, me advirtieron sobre lo que sucedió esta noche y yo les dije: 'miren, a mí no me asusten con el cuero del tigre, no hay control de inconstitucionalidad sobre el presupuesto de la República porque una acción de inconstitucionalidad dura más o menos un año y medio en resolverse y ya para entonces, el presupuesto ha sido ejecutado'", aseguró el libertario.
Presupuesto recibe aval. Al final el Presupuesto Nacional del 2018 de ¢9,3 billones fue aprobado por mayoría en la Comisión de Hacendarios y ahora deberá discutirse en el seno del Plenario legislativa.
La moción de Guevara fue una de las últimas 47 que se discutieron la noche de este miércoles. En otras 32 se hicieron movimientos en los destinos a las municipalidades.
A favor votaron Franklin Corella y Steven Núñez del PAC, Jorge Rodríguez del PUSC, Suray Carrillo del FA y Abelino Esquivel de Renovación Costarricense.
En contra Rosibel Ramos del PUSC, Otto Guevara del Movimiento Libertario, y Rosibel Ramos y Olivier Jiménez del PLN.
Ramos asegura que votó en contra porque no hubo una contención del gasto, sino que a la mayoría de instituciones públicas solo se les presupuesto el 50% del dinero necesario y que para junio próximo no tendrán recursos para hacerle frente a sus obligaciones.
"Es un presupuesto irresponsable, que la mayoría de los ministerios no cumplen ni siquiera el porcentaje necesario para llenar las partidas en los primeros seis meses. Aún así vemos exageraciones, inclusive en el presupuesto de la Asamblea Legislativa se ven exageraciones, porque hay más de 2.000 plazas nuevas otra vez, aunque sean las plazas del MEP, hoy no estamos para ninguna plaza nueva, estamos en una crisis, estamos con problemas del déficit fiscal".
"Cuatro diputados tomamos la decisión de no votar este presupuesto aunque sabemos que podría no llegarse a votar en el Plenario, porque sabemos que no podría contar con la mayoría de votos, porque no va a contar con la mayoría de votos del PUSC y del PLN, entonces, perfectamente podría no llegar a tener los votos necesarios para su aprobación", declaró la socialcristiana.
Con ella coincidió Ramírez quien agregó que existen criterios de la Defensoría de los Habitantes y de la Constraloría General de la República donde se cuestiona que el Gobierno haya usado la figura del estado de necesidad en el plan de gastos venidero como mecanismo para no necesariamente cumplir con el desembolso de obligaciones fijadas por el ley o mandato constitucional.