Los diputados iniciaron, este jueves, con la discusión de fondo del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, en un contexto muy particular, luego de haber aprobado el 5 de octubre la reforma fiscal en primer debate y mientras esperan la respuesta de la Sala Constitucional sobre el plan tributario.
También se cierne sobre la discusión de los gastos del Estado para el próximo año la situación económica actual, en particular las noticias de los últimos días sobre el alza en el tipo de cambio del dólar y las edificaciones que las universidades estatales realizan con dineros provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Tal como ordena la Constitución Política, el Presupuesto Nacional debe discutirse en el seno del plenario desde el 1.º de noviembre y tiene que estar aprobado antes del 30 de ese mes. Sin embargo, el ambiente político apunta a que la aprobación del proyecto se podría dar en tiempo récord.
En la sesión del plenario de este jueves, por un momento la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, dio por discutido el proyecto presupuestario y, cuando ya iba a ponerlo a votación en primer debate, diputados de Liberación Nacional corrieron a tomar la palabra y la jerarca los autorizó aunque ya había agotado el debate.
Minutos después, aseguró que hubo un error de parte de la presidencia legislativa. “Corrijo lo anteriormente planteado por la presidencia, porque parece que hubo un error en el sistema y este no reflejó la solicitud de uso de la palabra del diputado Gustavo Viales Villegas por el fondo”, dijo Hidalgo.
Cada uno de los legisladores que quiera hablar sobre el fondo del proyecto de Presupuesto Nacional 2019 tiene, según las normas, 30 minutos.
Originalmente estaba previsto que los diputados votaran hoy para elegir a un magistrado de la Sala III, luego de que este miércoles se escogiera, en tres rondas, al doctor en Derecho, Jorge Arturo Araya García, de 57 años, como juez de la Sala Constitucional.
Sin embargo, los legisladores modificaron la decisión de elegir magistrados desde hoy, porque no habían tomado en cuenta que se tenía que iniciar el debate presupuestario este jueves.
Finalmente, dejaron la votación sobre el nuevo miembro de la Sala Penal para el martes, para iniciar desde la mañana. Acordaron que, ese día, la primera parte de la sesión plenaria de la tarde se extienda hasta las 6 p. m., con el fin de realizar las rondas de votación para escoger magistrado con tiempo.
Presupuesto con rebajas por ¢15.000 millones
El Presupuesto Nacional del 2019 llega al plenario con rebajas por ¢15.000 millones, principalmente hechas en partidas para las universidades estatales (¢10.000 millones), control migratorio y atención de migrantes (¢2.000 millones), así como en control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud (¢1.500 millones), carros del Poder Judicial (¢1.390 millones) y servicios de monitoreo para la Presidencia de la República (¢8 millones).
El monto total del plan de gastos gubernamental asciende a ¢10,9 billones pues, aunque Hacienda logró que los gastos generales de las instituciones solo crecieran un 1% con respecto al 2018, el pago de la deuda sí crece un 17% en relación con el presupuesto en ejecución.
Si se excluyen el pago de la deuda y las pensiones, el decrecimiento del Presupuesto es de un 0,8%.
En el Presupuesto 2019, que ahora pasará a debate del plenario del Congreso, se incluyen los gastos de la Presidencia de la República, 18 ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
El dinero requerido para pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos de deuda soberana crecerá en un 50%, al pasar de casi ¢3 billones a ¢4,55 billones.
El Presupuesto llega al plenario con dos informes afirmativos, uno de mayoría que firman los partidos Liberación Nacional, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano y un diputado de la Unidad Social Cristiana, y otro de minoría firmado por dos legisladores del Partido Acción Ciudadana y una socialcristiana.
La diferencia es que el informe de los oficialistas recomienda que se reviertan los recortes por casi ¢15.000 millones.
