El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Cólper) salió a la defensa de Vilma Ibarra, periodista y productora del programa Hablando Claro, ante las amenazas que surgieron el martes, contra su vida, en redes sociales.
Los amedrentamientos se desataron después de un discurso pronunciado por la diputada jefa de fracción de Gobierno, Pilar Cisneros, en el plenario.
El Cólper exigió a las autoridades investigar sin demora los amedrentamientos, así como las “acusaciones sin evidencias” que se han lanzado en su contra mediante el uso excesivo del poder.
El martes, el diputado Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP), afirmó que, meses atrás, el Gobierno y Cisneros habían acusado a Vilma Ibarra de recibir un contrato de $732.000 para el proyecto de la ruta 32 con irregularidades, pero estos hechos fueron descartados cuando la Sala IV ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entregar la auditoría externa a la que se referían el mandatario Rodrigo Rodrigo Chaves y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
Según Feinzaig, lo que hubo fue una contratación de unos $400.000 a la agencia de relaciones públicas Interamericana de Comunicación. Esta agencia, a su vez, subcontrató a otras personas, entre estas, Ibarra.
El jefe del PLP calificó de persecución política que, ante esas evidencias, la vocera de la fracción Gobierno optara por atacar de nuevo a Ibarra cuestionando su participación como subcontratista. Advirtió de que, de inmediato, un usuario de redes sociales llamó acudir a la casa de la periodista para darle el mismo trato que a su bisabuelo Lucio Ibarra, quien fue asesinado en el crimen del Codo del Diablo, en 1948, en el que seis personas fueron fusiladas y lanzadas a un precipicio.
La organización profesional lamentó que “cobardes” utilicen redes sociales para amenazar la integridad de la comunicadora.
“Que se detenga esta impunidad digital organizada que sistemáticamente ataca a periodistas en el ejercicio de su trabajo”, agregó.
En un comunicado difundido este 8 de noviembre, el Colegio de Periodistas señaló que otros comunicadores han sufrido amenazas similares. “Esto debe detenerse ya, y el Estado debe cumplir su rol de defensor y protector de los derechos humanos”, insistió.
Para el Cólper, no es de recibo que las autoridades políticas de turno sean parte de esta “cadena de desestabilización”.
La organización profesional recordó que la Sala IV ya había señalado al presidente que “ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra medios y periodistas aludidos”
El Colper también hizo un llamado a las organizaciones sociales para unirse y proteger el estado de derecho. Agregó que, para investigar supuestas irregularidades, existen procedimientos legales, por lo que no puede concebirse y avalarse, el uso de figuras retóricas para deslegitimar a periodistas.
Asimismo, el cuerpo colegiado explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que hay una doble responsabilidad del Estado, pues por una parte debe prevenir las violaciones a los derechos humanos y, por otra, investigar las violaciones e identificar a los responsables.
“En el Cólper no nos silenciaremos en la defensa de nuestros colegas y profesionales de la comunicación; no podemos permitir que nuestro país pierda su esencia y se repitan los lamentables hechos de otras naciones hermanas donde se corre peligro por hacer un periodismo independiente”, agregó el Colegio de Periodistas.
Vilma Ibarra ganó un recurso de amparo para que el Conavi le entregara la auditoría a la que hicieron alusión el presidente Rodrigo Chaves y el ministro Luis Amador. Foto: Archivo
