Costa Rica se prepara para defenderse en instancias jurídicas internacionales de un señalamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta violación de garantías procesales de cinco condenados por el caso del Banco Anglo Costarricense, cerrado por quiebra en 1994.
La CIDH notificó desde Washington a la Cancillería, en abril pasado, que trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, un expediente con los reclamos de cinco condenados del llamado caso Anglo.
También remitió documentación de 12 casos de sentenciados por cuatro delitos diversos relacionados con narcotráfico, violaciones, una tentativa de homicidio y un peculado con dineros de Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
En total son 17 las presuntas víctimas de violaciones del sistema judicial costarricense, según el expediente 12.820 que manejó la CIDH por supuesto incumplimiento del artículo 8.2 h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, relativo al recurso de revisión posterior a sentencias judiciales.
El caso está solo en espera de que los representantes de los denunciantes formalicen su demanda en la Corte Interamericana, entidad con potestad de condenar al Estado como lo hizo en 2012 por no permitir la fertilización in vitro (FIV) y en 2004 por violar derechos procesales del periodista Mauricio Herrera Ulloa , recién nombrado ministro de Comunicación en este gobierno.
El canciller Manuel González fue notificado en marzo sobre el sometimiento de este caso a la Corte, que pidió nombrar los agentes estatales. Los representantes serán González; la directora jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda, y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo.
Las autoridades esperan que los delegados de las víctimas formalicen los cargos para preparar la defensa, aunque ya saben que la acusación iría enmarcada en torno al artículo 8.2 h, que se relaciona con la posibilidad de apelar una sentencia integralmente.
“Delicado”. Se abre así la posibilidad de que la Corte anule la condena dictada en el 2001 e incluso que el Estado deba indemnizar a los sentenciados o sus familiares, pues algunos de ellos ya murieron, como es el caso de Edwin Salazar Arroyo, condenado por el caso del Anglo.
Salazar era parte del grupo de denunciantes ante la CIDH, junto a Manfred Amrhein, Rónald Fernández Pinto, Carlos Osborne Escalante, Carlos González Lizano y Arturo Fallas Zúñiga, todos ellos directivos del Banco Anglo en el momento de su debacle financiera, en setiembre de 1994.
No fue posible conocer ayer el criterio de los denunciantes, condenados en el 2001 por peculado.
“Aunque la Comisión valora positivamente el cambio legislativo implementado por el Estado de Costa Rica, el cual tuvo como resultado la creación de un recurso de apelación para las personas que sean condenadas tras la emisión de dicha norma, en lo que respecta a las víctimas del presente caso, la reforma no subsanó la violación del derecho establecido en el artículo 8.2 h de la Convención Americana”, se lee en el punto 226 del informe N.° 33/14.
“Este es un caso complejo por los distintos actores en diversos delitos, con 17 legajos distintos. Puede llevar hasta dos años y medio en la Corte”, declaró Ubeda.
Además de los condenados por el Anglo, hay seis por delitos de narcotráfico, tres por violación y abusos sexuales y uno por tentativa de homicidio y robo agravado. Además figura Jorge Martínez Meléndez, quien tras haber sido deportado desde Canadá, fue hallado culpable en el 2007 por peculado contra del Programa de Compensación Social y Titulación de Tierras.
