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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, salió al paso de las críticas y evita responder parte de los cuestionamientos en torno al contrato de construcción de la carretera que conectará la ruta 32 (San José-Limón) con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Villalta niega que en ese contrato se hayan consignado datos falsos o que haya existido premeditación.
En su defensa, afirma que muchas de las decisiones de esa obra, que debería estar lista en enero del 2018, cuando entre a operar la TCM, se tomaron antes de que él asumiera las riendas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en febrero del 2016.
El jerarca convocó a una conferencia de prensa este miércoles para hablar de esa licitación, luego de que La Nación denunció, el lunes, que de manera premeditada el MOPT incluyó un desfase de 80 metros en las coordenadas que estableció para prediseñar esa carretera de poco más de 2 kilómetros de longitud y que de antemano sabía que la vía trazada no conectaba con la entrada al megapuerto.
Solucionar ese problema de enlace costará $14 millones, adicionales a los $72 millones del contrato inicial. Es decir, la carretera costaría un total de $86 millones, pero Villalta asegura que al final serán $77,2 millones.
Ante los medios, el ministro dijo que esa denuncia es un "refrito de noticias", que el tema es complejo y que serán las investigaciones de la Contraloría General de la República y las del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, las que determinarán si hubo anomalías en esa contratación.
También rechazó presentar su renuncia —como lo pidieron diputados de cinco partidos—, pues considera que eso no resuelve nada. Afirma que los ataques son "politiquería" en año electoral.
Villalta ofreció explicaciones en compañía de su similar de Comunicación, Mauricio Herrera; del director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), German Valverde; y del ingeniero Carlos Jiménez.
LEA: Conavi pide aval a Contraloría para resolver lío de interconexión con megapuerto de Moín
A continuación el intercambio de preguntas y respuestas con el titular del MOPT:
-El objetivo del contrato era conectar la Terminal de Contenedores de Moín con la ruta 32, ¿cierto?
Bueno, así se hizo la solicitud a la Contraloría General de la República.
-¿Con las coordenadas que se trazaron en el contrato se cumplía ese objetivo?
No se cumplía el objetivo.
-¿Y eso no es un dato falso, don Carlos?
No, son datos reales.
-Pero no conectaba don Carlos.
Bueno, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que estamos resolviendo.
-¿Por qué no se le dijo a la Contraloría que no conectaba cuando se solicitó el aval para proceder con el proceso de contratación?
La Contraloría, en la investigación que ellos realizaron, más bien nos pidieron emprender las acciones que hubiese que hacer para asegurar el punto de la interconexión.
-Eso fue a posteriori, después de que la Contraloría avaló el proceso de contratación. ¿Por qué desde antes no se le informó a la Contraloría de ese desfase de 80 metros? ¿Por qué no le informó a los oferentes?
Yo en realidad no fui el que hizo la solicitud.
-¿Usted era el ministro?
No, el concurso se tramitó una vez que yo asumí la cartera pero, en realidad, no hice ninguna gestión ante la Contraloría General de la República.
-¿Entonces fue su antecesor, Carlos Segnini?
Eso fue la unidad ejecutora que tiene a cargo el proyecto y desconozco cómo fue la situación, pero sí le puedo decir que cuando yo asumí el MOPT y se reciben las ofertas surge el tema de la problemática de la interconexión por el cambio de coordenadas. Y es donde comienza a haber cierta polémica interna en el sentido de que el Conavi aduce que es (el Consejo Nacional de) Concesiones el culpable de la situación, y Concesiones dice que es Conavi, y eso es lo que vamos a solventar con la investigación que va a hacer el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
-¿Ustedes sabían que la ruta no conectaba con la terminal desde que se sacó el cartel?
Bueno, la unidad ejecutora sí.
-Si se sabía, ¿por qué nunca se le dijo ni a los contratantes ni a la Contraloría?
No, porque había una forma de resolver, que fue la primera que mencioné, que APM hiciera la interconexión.
-Pero esa opción se desechó desde el 2015, antes de que saliera el cartel (en marzo del 2016).
No, eso fue un planteamiento que se valoró a finales del año (pasado), de que fuera a través de APM Terminals que se hiciera la interconexión y pues, había que hacer un ajuste al contrato de la concesión y un ajuste a la tarifa y, como le digo, eso fue lo que se valoró y se consideró: que no era oportuno que estuviéramos en manos de privados haciendo una solución y al final de cuentas no se iba a dar la modificación contractual y se tenía que hacer el ajuste en la tarifa (del contrato).
Interviene el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.
Nada más para hacer una acotación, un paréntesis, cuando esta administración entra se encuentra unas coordenadas de conexión.
-Pero eso se sabía desde el día que este gobierno asumió, la licitación salió dos años después, ¿por qué en esos dos años no se resolvió?
(Continúa el ministro Herrera): No he terminado, discúlpeme. Cuando esta administración entra se encuentra unas coordenadas de interconexión que son las provisionales y que son las que tienen los permisos correspondientes. Luego la empresa define que el punto de entrada es otro. Entonces, todo lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de ese lapso es el interés del gobierno de la República de subsanar esa situación, subsanar el punto de interconexión que definió la administración anterior con el que definió la empresa. Todos los esfuerzos que se han venido dando son en ese sentido. Ahora, tenemos que, finalmente, los permisos para ese punto se obtuvieron en 2017, si el gobierno se hubiera esperado todo ese lapso, estaríamos lamentándonos.
-Tuvieron dos años para resolver esa inconsistencia. ¿Por qué durante esos dos años no se tramitó el nuevo estudio de impacto ambiental? ¿Por qué no se negoció el convenio con APM Terminal? ¿Por qué se esperaron hasta adjudicar la obra si tuvieron dos años?
Responde Carlos Villalta: Bueno, yo hace dos años no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en el proyecto, yo sí puedo dar explicaciones sobre las actuaciones a partir de que yo asumo el MOPT (en febrero del 2016). Lo que sí le digo es que el tema es complejo, el tema de la superposición de áreas con permisos ambientales, el tema de las coordenadas finales, de la forma en que se informa, las diferencias de altura y diversas consideraciones que hacen el tema complejo y yo considero que va a ser fundamental la investigación que va hacer el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos como la que está realizado la Contraloría de las posibles responsabilidades por inacciones de parte de los funcionarios que tenían a cargo este tipo de gestiones.
-Ustedes sabían desde antes la diferencia de 80 metros en la interconexión. Usted dice que no es premeditación, ¿cómo lo llamaría entonces?
Le respondo así, qué pasa si hubiéramos hecho la solución con APM.
-Pero no le estoy preguntando eso, ¿cómo lo llamaría usted?
Yo no he premeditado nada.
-¿Cómo lo llamaría usted?
No sé, pero yo no he premeditado nada, no he tomado ninguna acción que vaya en perjuicio del país, me parece un poco... O sea, no entiendo el tono de la intervención y de la entrevista, la insistencia. Me parece que lo que ustedes han hecho es un refrito de noticias, así de sencillo, y lógicamente siendo un periódico de importante circulación nacional causa este tipo de impactos, pero tampoco entiendo el querer agrandar un criterio, hacer un juzgamiento a priori si hay investigaciones de por medio que vamos a esperar.
-Hasta hoy hay investigaciones.
No, la Contraloría tiene tiempo de tener abierta la investigación.
-¿Cuánto va a costar la obra al final?
$77,2 millones.
-¿Y los otros $8,6 millones que tenían de reserva ya no se van a ocupar?
Ya no se ocuparían.
-¿Por qué ya se no se va a usar esa reserva?
Como ustedes ven ahí, hay una obra menos que hacer, entonces hay un suma y resta que el ajuste final es por $5,6 millones haciendo toda la interconexión. Cuando se habla de los $14 millones es porque la empresa, lo que se va a trabajar dentro del área que está cediento APM, el monto es de $14 millones, pero solamente el incremento del contrato es de $5,6 millones. Esos $8,6 millones estaban dentro de los $71 millones y resto del contrato.
-Decía usted que ya colocaron 250 pilotes del viaducto, todavía la Contraloría no ha dado el aval de la ampliación, ¿no corre riesgo la obra de que no se reciba el aval de la Contraloría?
Lo que se está haciendo todo está autorizado, hay ajustes que se han realizado pero todo lo que se ha hecho está autorizado. Yo, honestamente, creo que la propuesta que se está haciendo, la explicación que se está dando en torno a este proyecto tan importante para el país, y habiendo transparentado desde hace mucho tiempo nuestra relación con la Contraloría de todas estas situaciones, no creo yo que vaya a tener algún obstáculo la autorización. Esto no es nada que no hayamos, de previo, conversado con los señores de la CGR y, bueno, realmente yo no percibo ningún riesgo para la autorización.
-¿Ha habido mucha presión de los exportadores para que este proyecto se concluya a tiempo?
Ellos han pedido información, yo me he reunido con ellos. Piden lógicamente cuentas de cómo va saliendo, puesto que a final de cuentas el no tener el descuento se les traduce a ellos en un aumento en la tarifa, lógicamente han tenido alguna preocupación, yo me he reunido con ellos y los he atendido.
-¿El presidente Solís estaba al tanto de la diferencia de 80 metros en el contrato?
El presidente no se mete en ese tipo de detalles y, bueno, como le digo, la solución final surge a finales del año pasado, puesto que tampoco se tenía resuelto en su momento, había que diseñar la interconexión y ver realmente cómo se podía hacer, pero no, el señor presidente no tenía conocimiento de eso.
