El jefe de fracción y presidente de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, sostuvo este martes que no cabe que la Asamblea Legislativa abra una investigación por los reclamos planteados por tres empresas contra su partido, por negarse a pagar servicios solicitados en la pasada campaña electoral.
Así lo manifestó en respuesta a una moción que presentó el frenteamplista José María Villalta para que la comisión legislativa para el Control del Ingreso y Gasto Público indague dichos reclamos y la supuesta estructura paralela que, según el propio Avendaño, manejó la campaña del exaspirante de su partido, Fabricio Alvarado.
Según Avendaño, la investigación que pide Villalta no procede porque ya el Comité Ejecutivo de Restauración Nacional solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos que averigue lo relacionado con esos reclamos.
La empresa Opol C y C reclama el pago de ¢18 millones por servicios dados por Opol Consultores en la preparación de seis encuestas, a petición de Restauración.
Por su parte, Crescendo Mercadeo y Publicidad, empresa de Luis Alonso Naranjo, primo de Fabricio Alvarado, demanda el pago de ¢115,5 millones por la realización de 123 videos, la producción de videos y de transmisiones por Facebook, así como la realización de la canción de la campaña y el manejo de la agenda de Alvarado.
Entre tanto, la compañía One Entertainment reclama que se le debe $300.000 al exjefe de campaña del excandidato del PRN, pese a que él inicialmente había dicho que hacía esas labores ad honórem.
Antes de hablar en el plenario, Avendaño estuvo conversando durante varios minutos con Villalta, quien confirmó que el jefe de fracción de Restauración Nacional le preguntó por qué se debía investigar esa polémica que envuelve a Restauración Nacional en la Comisión de Gasto Público.
El principal alegato del diputado evangélico es que el equipo de Alvarado hizo una serie de gastos en la segunda ronda electoral que nunca pasaron por el tamiz de legalidad y los procesos de control establecidos por el Comité Ejecutivo para el proceso electoral.
Sin embargo, el diputado del Frente Amplio plantea que son niveles distintos.
“Si aquí no abrimos una investigación cuando un tema está en el Ministerio Público, en la Procuraduría o en cualquier otra instancia, no se investigaría ningún tema o no se haría control político”, comentó el frenteamplista.
Villalta añadió que una cosa se refiere a las consecuencias legales que pueda determinar el TSE y otra cosa es el control político. Alegó que hay un interés claro de ver si se intentó engañar o estafar al electorado con el manejo de las encuestas y si se intentó montar una estructura paralela para burlar los controles del Tribunal en el financiamiento de Restauración.
“Es un tema de alto interés público. Independientemente de si alguien tiene que ir a la cárcel o responder penalmente, nos parece que es un tema de marcado interés público, la existencia de una estructura paralela, aunque no se haya logrado desviar fondos de la deuda política, pero implica una intención de burlar la legislación electoral”, indicó.
En la moción de José María Villalta, se propone llamar a comparecer a Jessica Sequeira Muñoz, tesorera del PRN; a Juan Carlos Campos, exjefe de campaña de Fabricio Alvarado; a Catherina Convertino Corrales, representante de Opol Consultores; a Fernando Zúñiga Umaña, redactor de los informes de esa compañía encuestadora, y a Mauricio Gordiano Muñoz Salazar, supervisor de Encuestas de Opol.
