El presidente Carlos Alvarado le pidió al diputado del PAC, Welmer Ramos, “honrar el compromiso” que asumió en diciembre del 2017 durante la campaña electoral, según el cual renunciaría a su curul si la Procuraduría de la Ética demostraba que faltó al deber de probidad en relación con el caso del cemento chino.
“Don Welmer tiene que honrar ese compromiso asumido en diciembre del 2017 ante quien era el candidato y ante la ciudadanía”, declaró Alvarado, al citar que la Procuraduría presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público por supuesto tráfico de influencias en contra de Ramos.
“Creo que al elevar la Procuradría esto como una denuncia, esto procede para materializar el compromiso”, continuó el mandatario en Casa Presidencia a las 3 p. m., minutos después de conversar con el legislador.
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Siendo candidato presidencial, el 19 de diciembre del 2017, Carlos Alvarado emplazó a Ramos a que se comprometiera a renunciar a la diputación en caso de ser necesario.
“Dada la seriedad de la situación que vive el país, la responsabilidad que nos compete como aspirantes a puestos de elección popular y los estándares éticos que son esenciales en el PAC, espero la respuesta de don Welmer Ramos en las próximas horas”, pidió Alvarado en aquella ocasión.
Ramos le selló el compromiso.
Él fue el ministro de Economía a cargo de los cambios al reglamento que permitieron la importación del cemento del empresario Juan Carlos Bolaños, en el año 2015, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
La PEP abrió una investigación en contra de Ramos, en 2018, a raíz de que un informe de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso, el cual concluyó que el exministro de Economía aceptó presiones de Casa Presidencial para que, en la apertura del duopolio del cemento, este tomara acciones en beneficio del importador Juan Carlos Bolaños.
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La Nación le preguntó a Marta Solano, presidenta del PAC, si el Comité Ejecutivo del partido tomará alguna medida a propósito de la denuncia penal contra Ramos. La dirigente partidaria contestó que se debe convocar una reunión de la Comisión Política, la cual aún está por agendarse.
Este 21 de agosto, la Procuraduría de la Ética informó de que interpuso una denuncia penal contra el diputado “en razón de la posibilidad de que haya incurrido en hechos configurativos del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”.
En entrevista con periodistas en la Asamblea Legislativa, Ramos descartó renunciar al alegar que no se le ha demostrado nada, sino que simplemente se trasladó el asunto al Ministerio Público.
“En lo que veo de la Procuraduría, no hay ninguna prueba de que yo haya faltado al deber de probidad. Sencillamente, se está pasando como una posibilidad al Ministerio Público”, manifestó.
La Nación le preguntó a Marta Solano, presidenta del PAC, si el Comité Ejecutivo del partido tomará alguna medida a propósito de la denuncia penal contra Ramos. La dirigente partidaria contestó que se debe convocar una reunión de la Comisión Política, la cual aún está por agendarse.
Fracción pide a Ramos dejar su curul
La fracción del PAC acuerpó la posición del presidente Alvarado y la bancada de Liberación Nacional (PLN) también le solicitó dejar la curul.
“Debe haber una investigación rigurosa y él debe atender a esa investigación, no desde la curul, sino desde su ejercicio como ciudadano, separándose de ese puesto”, afirmó la legisladora Laura Guido, en nombre de su bancada.
La diputada oficialista afirmó que su partido está convencido de que era necesario abrir el mercado del cemento, con el fin de romper con el duopolio comercial que lo acaparaba.
“Eso fue una discusión plasmada en documentos del PAC en toda su historia. Cuando él ejerció el Ministerio de Economía se avocó a que esa tarea se concretara, para tener un mercado más amplio del cemento y que eso permitiera una condición de competitividad más favorable para las empresas, la industria y los que buscan construir su vivienda. Fue una lucha compleja con frentes de batalla muy numerosos y que él lideró”, dijo Guido.
La congresista afirmó que, pese a ello, el deber de los diputados es revisar sus actuaciones como funcionarios públicos.
“El criterio de la Procuraduría debe ser tomado con toda seriedad y las instancias a las que la Procuraduría apela, en este caso la Fiscalía, debe realizar la investigación con la rigurosidad esperable de los poderes, los contrapesos de las instancias judiciales y llegar a los extremos que deba llegar para llegar a la verdad del asunto y determinar cuál es el trasfondo de las actuaciones que llevaron a don Welmer a tomar las decisiones que llegó a tomar”, señaló Guido.
“Esta fracción respalda la solicitud del presidente de la República, que ha llamado al diputado Welmer Ramos a honrar el compromiso de diciembre del 2017, de dejar su cargo”, declaró la legisladora.
