Este martes, miles de personas recibieron mensajes de texto, en sus teléfonos celulares, en los que Canal 13 les informó de la transmisión de un acto del presidente de la República, Rodrigo Chaves. ¿Cómo consiguió los números de teléfonos? ¿Tenía el consentimiento de los usuarios? Estas fueron algunas de las preguntas en redes sociales al respecto.
Consultado sobre cuál fue el origen de la base de datos para efectuar el envío masivo de mensajes, el presidente del Sinart, Allan Trigueros, respondió que “el origen es el ICE”. Sobre la cantidad de líneas celulares a las que accedieron, dijo no tener conocimiento.
Agregó que el envío es parte de un patrocinio entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el que no median erogaciones. En el mercado celular, el ICE utiliza la marca Kölbi.
Este medio también envió consultas al Instituto para conocer cuál fue la base de datos y cuáles son los consentimientos otorgados por quienes están en ella.
Los números celulares califican como datos privados de los usuarios.
“Es una iniciativa nuestra, que seguiremos utilizando para programaciones especiales con la idea de incentivar las audiencias”, dijo Trigueros.
En el pasado, han surgido polémicas por el uso de datos privados de los usuarios.
Por ejemplo, en el 2018, el Partido Restauración Nacional (PRN) obtuvo los números celulares de 3,3 millones de votantes para enviarles mensajes de texto del político Fabricio Alvarado, sin poder demostrar que obtuvo estos datos privados de manera lícita.
Por esta razón, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó reembolsarle dos contratos por ¢146 millones.
Restauración le cobró al TSE dos contrataciones para el envío masivo, pero no comprobó que disponía del consentimiento de los ciudadanos para acceder a sus datos sensibles, como son los números celulares.
Además, Restauración le cobró al TSE ocho veces más caros los mensajes alusivos a Fabricio Alvarado, pues Movistar cobró ¢2,10 por cada uno, pero el partido le cobró ¢19 al Tribunal.
Asimismo, el expresidente de la República, Carlos Alvarado, se vio envuelto en una causa judicial, aún pendiente de resolver, por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) a principios del 2020.
Si bien el decreto fue derogado, la Fiscalía General entró a investigar el caso y allanó la Casa Presidencial, a fin de determinar si Zapote accedió a datos privados de los habitantes.
