Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, previno este martes a los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios sobre tres posibles efectos adversos que, en su criterio, provocaría la fijación de un tope a las tasas de interés para regular la usura.

Uno de ellos sería la afectación a los esfuerzos de las autoridades nacionales de generar inclusión financiera en sectores vulnerables. Otro sería el favorecimiento del uso de efectivo al provocar un desplazamiento de deudores al sistema informal, lo cual, afirmó Cubero, a su vez, encarecería las transacciones crediticias.

Como tercer efecto negativo figura, según indicó el jerarca, la pérdida de la trazabilidad de los créditos por el eventual desplazamiento de clientes al sector informal.

"Ello constituiría un obstáculo en el esfuerzo por promover un grado de profundización y de acceso de servicios del sistema financiero supervisado”, añadió Cubero, quien se apoyó en un estudio del Banco Mundial para realizar las advertencias.

Agregó que, en ese escenario, los consumidores quedarían sujetos al “mercado ilegal de crédito, al mercado criminal delictivo de crédito y perderían posibilidad de incluirse en la red tributaria”. La consecuencia inmediata sería una reducción en la recaudación tributaria, de acuerdo con el jerarca.

La comparecencia de Cubero ocurre en momento en que la comisión de Hacendarios discute un proyecto para regular la usura a partir de la fijación de un límite a las tasas de interés de los créditos.

La versión actual del proyecto establece que las tasas de interés no podrían superar 2,2 veces la tasa de interés activa del sistema financiero nacional.

En noviembre del 2019, ese límite equivalía a un 30,2% para préstamos en colones y un 15,4% para los financiamientos en dólares.

Las tasas por encima de ese límite serían consideradas como usura, es decir, como delito.

En su participación, el presidente del ente emisor sostuvo que, al fijar una tasa de usura, ocurriría la exclusión financiera de sectores pobres que acceden a microcréditos, debido a que algunos proveedores de financiamiento reducirán su oferta para aquellos demandantes considerados más riesgosos.

Al haber menos oferta, explicó, los usuarios se desplazarían al sector informal que ofrece créditos a tasas más elevadas, en condiciones financieras menos favorables y con acceso a recursos más restringidos.

Alternativas

Luego de señalar posibles efectos adversos, Cubero planteó alternativas diferentes para bajar las tasas de interés.

Sin detallar, citó medidas para fortalecer competencia e innovación de productos, acciones de protección al consumidor y promover la educación financiera.

“Todas estas medidas deberían ser implementadas en forma integral. Pero si, por alguna razón, las autoridades de un país decidieran irse por la orilla de incluir topes a tasas de interés, debería ser implementada de una forma muy cauta para evitar riesgo de exclusión financiera”, mencionó Cubero.

En ese sentido, dijo inclinarse por una de las propuestas planteadas por el BCCR de establecer un tope del 51%. Las otras fijaban un techo en 63%, o bien, un promedio de ambas (57%).

En opinión de Cubero, la primera sugerencia es más robusta al ser diseñada a través de percentiles, lo cual es un sistema de cálculo que toma los segmentos de créditos más riesgosos, en este caso, de un grupo de entidades financieras supervisadas.

“Hemos insistido en que una tasa que se fije debe ser suficiente que, primero, reduzca exclusión financiera y que establezca límite entre lo criminal (la usura) y lo que no lo es”, puntualizó.

Otra recomendación que planteó Cubero a los diputados es establecer una sola tasa para créditos en colones y moneda extranjera que, según explicó, se debe calcular tomando en cuenta una tasa efectiva que incluya todas las cargas y comisiones.

Por otra parte, Cubero coincidió con la propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), de establecer un tope especial para microcréditos, debido a que estos productos cobran tasas mayores por sus altos costos de operación.

O bien, consideró, que se debe establecer una sola tasa elevada que incluya a todos los productos. También, sugirió que la tasa debe ser revisada cada uno o dos años, y no en menor tiempo, debido a que esto último puede generar inseguridad jurídica.

Además, propuso que sea la Sugef la entidad responsable de hacer las revisiones con base en los insumos de los últimos cinco años del sector crediticio, debido a que esa entidad maneja la información correspondiente por su función supervisora.

¿Cuál es el interés?

En la misma sesión compareció Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef, quien explicó las razones de las variaciones en el cálculo de la metodología de su institución, que elevó el techo del 43% al 45%.

En la misma exposición, Alfaro cuestionó a los legisladores sobre si el interés del proyecto de ley es regular la usura o establecer políticas socioeconómicas.

“Si el propósito principal de la tasa es la protección del consumidor, la tasa se debe ubicar en los (porcentajes) extremos, pero si los techos a los intereses son instrumento de política para lograr un menor costo del crédito, se comprometen las tasas”, añadió el superintendente.

En respuesta al señalamiento de Alfaro, la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, afirmó que en la actualidad los proveedores de créditos se mueven en tasas extremas, debido a que existe un mercado reducido que ante la necesidad de acceder al producto está dispuesto a hacerlo a cualquier precio.

“No debe ser política para el Estado costarricense ni política deseable, que la gente acceda al crédito que no puede pagar en condiciones que por su tasa de interés elevada se vuelve impagable. El objetivo de esta discusión sí ha sido un tema de política socioeconómica”, respondió Guido.

En tanto, Miguel Aguiar, director del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), expuso que para establecer un tope a las tasas se deberían de tomar en cuenta las condiciones normales de las entidades analizadas y no los niveles de estrés.

Aguiar y Marlene Villanueva, directora de riesgos de la Secretaría Técnica del SBD, explicaron a los diputados la experiencia de ese programa estatal a partir de límites establecidos por su consejo rector.

En 2016, ese consejo estableció topes de interés de entre el 6% y 10% para intermediarios financieros y microfinancieras, respectivamente, expuso Aguiar.

El director del SBD considera que una tasa límite adecuada oscilaría entre el 28% y el 37%, mientras que para microcréditos debería de fijarse en un 45%.

Sin embargo, la diputada del bloque independiente Nueva República, Ivonne Acuña, cuestionó el ejemplo del SBD al afirmar que no es lo mismo comparar “chayotes con papas”.

Es decir, añadió la legisladora, que no es lo mismo comparar la tasa de un proyecto productivo para el desarrollo, como lo es el SBD, con las de las tarjetas de créditos.

Por su parte, Welmer Ramos, también diputado del PAC, cuestionó la metodología propuesta por Sugef.

Ramos afirma que esa fórmula debe contener costos promedios en vez de los marginales o más caros. “Veo que ustedes buscaron los más caros y metieron a todas las instituciones. Esa es la situación que prevalece”, afirmó Ramos, a lo que Alfaro reiteró que se toman porcentajes de mayor riesgo debido a que se prevé regular un delito.