El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) calificó de “populista” un proyecto de ley que lo obligaría a perdonar, por tercera vez, deudas a agricultores morosos con el Estado.
La iniciativa pretende condonar ¢4.800 millones a productores que obtuvieron préstamos de los fideicomisos Agropecuario (Fidagro) y de Reconversión Productiva, los cuales fueron trasladados a la Banca para el Desarrollo en el 2008.
“No es correcto porque va en detrimento de muchísimas otras miles de personas. Estas personas ya fueron apoyadas, el tema no es un apoyo, sino que parece que no quieren pagar la deuda”, expresó Miguel Aguiar, director de la Secretaría Técnica del SBD .
Para el ejecutivo, el plan afectaría “la solidez y la estabilidad financiera” del Sistema, en vista de que a estos mismos productores se les perdonaron deudas por casi ¢28.000 millones en los últimos siete años.
“No es posible que se pueda sostener una banca de desarrollo orientada a fomentar instrumentos financieros que permitan el acceso a créditos, si, por el otro lado, cada cuatro años, al final de un gobierno, queda un proyecto populista en la Asamblea Legislativa, orientado a algún tipo de condonación o de ayuda que no tiene sustento de carácter técnico”, aseveró Aguiar.
De aprobarse la iniciativa que los diputados discuten en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el SBD habría condonado a estos agricultores unos ¢33.000 millones. Esa cifra es la tercera parte de los créditos que otorgó la Banca para el Desarrollo en el 2014. Además, es equivalente al Fondo de Avales y Garantías utilizado para ayudar a pequeños y medianos productores que no son sujetos de préstamos.
La iniciativa de ley en discusión pretende perdonar deudas a quienes no se beneficiaron con las anteriores condonaciones, ya sea porque no presentaron documentos a tiempo o porque el deudor murió y el préstamo lo asumieron sus parientes.
“Al SBD no le conviene continuar con prácticas que vayan orientadas a temas de condonación; el tema de fondo aquí no es que el Estado no ayude a un grupo en particular, el Estado puede ayudar a un grupo en particular, pero la ayuda de ese grupo en particular no debería ser en detrimento de la solidez y estabilidad de una entidad cuyo fin público es poder ayudar a muchísimas otras personas.
”Si eso es así, el Estado debería considerar, dentro de los presupuestos anuales, que el Ministerio de Hacienda compre esas deuda y las asuma como tal”, dijo Aguiar.
El proyecto lleva el título de Ley de Ampliación de la Ley N.° 8.835, Apoyo y Fortalecimiento del Sector Agrícola . Fue presentado en noviembre del 2012 por los entonces diputados Carmen Granados y Jorge Gamboa, de Acción Ciudadana (PAC); Wálter Céspedes, de Unidad Social Cristiana (PUSC), y Mireya Zamora, del Movimiento Libertario.
El Congreso estudia al menos dos proyectos más para perdonar deudas. Uno de ellos, relacionado con empresarios turísticos, también tocaría fondos de la Banca para el Desarrollo .
Dudas legislativas. En la Comisión de Agropecuarios hay diputados que, de plano, se oponen a la iniciativa, mientras que otros analizan sus repercusiones.
Ottón Solís, del PAC, rechaza el plan bajo el argumento de que no se sabe quiénes son los beneficiarios y, además, cuestiona que se les condone las deudas a grupos específicos de la población.
“¿Por qué condonar a este grupo de agricultores y no a familias que no tienen dinero para pagar su casa? El SBD no es el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social) para estar regalando nada; la Asamblea Legislativa no está para eso. Además, no conocemos la lista de beneficiarios para determinar si hay algunos que no han pagado por vagos”, declaró Solís.
La legisladora de Liberación Nacional (PLN) Aracelly Segura, cree que el proyecto no es el mejor tal como está redactado. En su criterio, se tienen que especificar los beneficiados y ver si es posible ayudar con otros recursos.
“Banca para el Desarrollo no se debe de tocar; habría que hacer un estudio para determinar cuáles personas realmente necesitan la condonación, pues como hay gente muy humilde que ocupan que les salvemos las propiedades, sabemos que también hay otras que se aprovechan”, aseveró la liberacionista.
El jefe de la fracción del PUSC, Johnny Leiva, dijo no tener una posición: “Prefiero terminar de estudiar el texto para después no cambiar de opinión”.
