Economía

Congreso votará a ciegas plan millonario de rescate turístico

Actualizado el 11 de mayo de 2015 a las 12:00 am

Nadie dice quiénes son los beneficiarios de iniciativa , cuánto deben ni por qué

Promotor de proyecto afirma haber ayudado a partidos en campaña

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Congreso votará a ciegas plan millonario de rescate turístico

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Los diputados conocerán hoy, para votar en primer debate, el proyecto de ley para readecuar deudas bancarias de empresas turísticas. Al 2011, se adeudaba $79,6 millones a banca, según los propios empresarios, la mayoría de la zona de La Fortuna, San Carlos. | CARLOS HERNÁNDEZ

Nadie dice quiénes son los beneficiarios, cuánto deben ni por qué, pero un grupo de diputados insiste en la necesidad de ayudarles, aunque eso implique sacrificar fondos destinados a la promoción turística del país y una parte de recursos de la banca para el desarrollo.

Según el proyecto de ley que hoy conocerá el Congreso, son pequeñas y medianas empresas turísticas afectadas por la crisis del 2008 con créditos adquiridos entre el 2004 y el 2008. Esas compañías serían candidatas a readecuación de deudas y reducción de cuatro puntos porcentuales en la tasa de interés, además de otras ventajas.

El plan pretende la compra, con fondos públicos, de deudas en mora, en cobro judicial o en convenio colectivo. No descarta, volver a adquirir hoteles o restaurantes que fueron rematados por entidades bancarias.

Aparte de la readecuación de deudas, la ayuda costará $15 millones, de los cuales, $7,5 millones los pondría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) de su presupuesto y los otros $7,5 millones saldrían del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Insistentes peticiones para que se identifique a los posibles beneficiarios están insatisfechas.

La Nación tuvo acceso a una lista entregada al ICT, pero el ministro Mauricio Ventura dijo desconocerla y su autor, el empresario Boris Marchegiani, afirma habérsela facilitado al Gobierno en el 2011, cuando se hizo un primer intento por conseguir ayuda.

Aquella gestión fracasó por intervención del exvicepresidente Luis Liberman, quien alegó que los empresarios hicieron los gastos y el Estado no tenía por qué ayudar a solventarlos.

La lista, según Marchegiani, fue entregada al ICT en el último año de la administración Chinchilla, y contiene empresas que calificarían para recibir ayuda de conformidad con el nuevo proyecto de ley. A otras, su tamaño las convertía en posibles beneficiarias del plan promovido en el 2011, pero no de la iniciativa que el Congreso conoce ahora.

El empresario turístico cree que tan solo unas 40 se podrían acoger al proyecto en discusión; pero no las precisa.

Welmer Ramos, ministro de Economía y presidente del Consejo Rector del SBD, también dice desconocer la lista y los posibles beneficiarios.

La misma respuesta se obtiene de los diputados promotores del proyecto en el Congreso.

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Luis Vásquez, legislador socialcristiano, dijo que no pueden aprobar un plan de ley a la medida, ni tienen la capacidad técnica para hacerlo.

“La comisión técnica que crea el proyecto será la que conozca los casos. Los afectados tendrán que acercarse y la comisión decidirá”, explicó Vásquez, quien respalda la iniciativa.

Ventura, sin embargo, reconoció la existencia de “temas que no se han aclarado”, como los beneficiarios y el proceso de otorgamiento de la ayuda, a lo s que califica como “debilidades” de la ley, enviada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.

Lo mismo alegan los responsables de la banca para el desarrollo, los empleados del ICT, los bancos Nacional y de Costa Rica, entre otros sectores opuestos al plan.

Se prevé que el proyecto entre hoy lunes a discusión y la posible votación del plenario legislativo. Ahí no se le podrá modificar, pese a las quejas de varios sectores porque se necesitaría convertir al plenario en comisión con el voto de al menos 38 diputados .

Dirigente activo. Marchegiani, un estadounidense de origen venezolano, preside la Asociación para la Protección del Turismo (Protur), entidad que agrupa a muchas potenciales beneficiarias e impulsa el proyecto de ley. Él asegura haber contribuido a las campañas de varios partidos políticos, cuyos legisladores decidirán hoy sobre el proyecto.

En concreto, La Nación comprobó la compra de bonos del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), en el 2009, por unos ¢20 millones. El dinero fue depositado en las cuentas de la agrupación por la exdiputada Rita Chaves, exesposa del fundador del Partido y actual diputado Óscar López.

Como parlamentaria en la anterior administración, Chaves organizó un foro en el Congreso, en junio del 2012, sobre el sector turístico, con la participación prominente de Marchegiani y Protur. Allí se acusó al ICT de darle la espalda a las pequeñas y medianas empresas turísticas.

López confirmó que votará a favor el proyecto de ley para readecuar las deudas de las compañías turísticas.

“Si usted me dice que eso (la venta de bonos) es una razón para que no se apruebe el proyecto, me tendría que reír en este momento”, declaró el diputado.

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Marchegiani dijo haber contribuido en la última campaña, con los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Movimiento Libertario y Unidad Social Cristiana. Cuando se le pidió el detalle de las donaciones dadas a las agrupaciones, explicó que fueron ayudas en especie, nunca en efectivo. Estas colaboraciones no aparecen registradas en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El empresario incursionó en la hotelería en la zona de Manuel Antonio, Quepos, donde opera el hotel Gaia, pero tiene experiencia en comercio digital y mercados petroleros, a raíz de lo cual fue sujeto de polémica en Venezuela.

La lista. La lista de Marchegiani se creó con información enviada por los propios inversionistas. Sin embargo, no permite identificar a los beneficiarios y, según su autor, está desactualizada, aunque sí da una idea del sector.

En ella aparecen 85 empresas que adeudaban a la banca $79,6 millones en el 2011.

Hay hoteles, restaurantes y tour operadores. La mayoría de las empresas son de La Fortuna, en San Carlos. También hay de Sarapiquí y el Pacífico central.

Un grupo de 13 compañías debía casi el 70% del monto total. También hay una asociación de 50 microempresarios no identificados que, en conjunto, adeudaban $10 millones, es decir, $200.000 en promedio por firma.

En el documento se contabilizan 15 créditos que estaban en convenio preventivo, un proceso judicial que detiene el cobro de las deudas mientras el juez resuelve. Otras 12 compañías aparecían al día en su obligación, dos estaban morosas, una en cobro judicial y otra con atraso.

En el caso de la asociación, no se detalla el estado de los créditos de las compañías. Los bancos de Costa Rica (BCR) y Nacional son los principales acreedores de las operaciones de crédito.

Colaboraron los periodistas Esteban Oviedo, Natasha Cambronero, Patricia Leitón y Mónica Codero

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Marvin Barquero S.

mbarquero@nacion.com

Periodista de Economía

Periodista en la sección de Economía. Realizó sus estudios de Comunicación en la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre temas de producción y de comercio exterior.

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