EscucharLa semana pasada, avanzó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que libraría al Gobierno de la asfixia que le producen los gastos fijados por ley, es decir, los desembolsos obligatorios que los diputados crearon sin saber si el Estado tendría el dinero para pagarlos.
Se trata de las leyes que ordenan al Ejecutivo, con buenas intenciones, destinar cierto porcentaje de un impuesto a una institución, o el equivalente a cierta cantidad de salarios base, aunque el dinero no alcance y aunque existan otras necesidades descubiertas.
El Ministerio de Hacienda estima que el 96% del Presupuesto Nacional es inflexible, a causa del peso de la deuda pública, los salarios públicos, el 8% del PIB para educación y los gastos fijados por ley. Es decir, un presidente en realidad solo puede maniobrar el 4% todos los años.
Este 2018, los gastos obligatorios representan el 5% del Presupuesto (¢450.000 millones). De aprobarse esta ley, el Gobierno podría flexibilizar un 0,28% (¢25.200 millones) en el primer año después de su entragada en vigor, con la proyección de crecer a un 3% (¢270.000 millones) en el futuro.
La iniciativa Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público (20.595), diseñada por los diputados Steven Núñez y Marcela Guerrero, del PAC, fue dictaminada positivamente en la comisión de Hacendarios y ahora será discutida por todos los diputados en plenario.
La iniciativa no quitará recursos a las instituciones que reciben los destinos fijos, pues establece que no se podrá aprobar un presupuesto menor al aprobado para el año de su aprobación. Es decir, nunca recibirán menos de lo que ya hoy reciben. En adelante, los recursos se otorgarían según el cumplimiento de metas y la situación de las finanzas estatales.
El proyecto elimina la obligación de dar en su totalidad, a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones ,el equivalente anual a 593.000 salarios base, lo cual son unos ¢200.000 millones para este 2018.
También, alivia la presión de tener que dar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) el equivalente al 20% de la recaudación del impuesto general sobre ventas.
Por otro lado, se libera la obligación de dar a las universidades públicas (UCR-UNA-ITCR) una parte del impuesto sobre la renta que aumenta con la inflación. Esta es una suma adicional que se da al margen del financiamiento de la educación superior universitaria estatal (FEES), que es una obligación constitucional.
El Estado tampoco deberá otorgar obligatoriamente el equivalente al 7% del impuesto de la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El año pasado, cuando un tribunal ordenó cumplir con ese procentaje, el Gobierno tuvo que endeudarse para cumplirlo y el PANI lo que hizo fue crear 800 plazas.
También se libera la presión de tener que dar el 5,25% del impuesto de renta a las juntas de educación.
En el caso del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad, se deroga parcialmente el artículo 19 de la ley de Dirección Nacional de Comunidades (Dinadeco). Dicho artículo establece que se incluirá en el Presupuesto Nacional una partido equivalente al 2% de los estimado del impuesto de renta.
El proyecto no afecta normas constitucionales como el destino del 8% del producto interno bruto para la educación.
De acuerdo con el diputado Steven Núñez, la propuesta tiene como objetivo quitar las normas legales que ahogan el presupuesto público, para que las asignaciones se otorguen bajo criterios como cumplimiento de metas, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y según la disponibilidad del recurso financiero.
Esto pasa, según Núñez, porque históricamente se han aprobado leyes sin contar con recursos para financiarlas o con criterios que no tienen como base la eficiencia.
“Los gobiernos crearon nuevos gastos, sin crear paralelamente ingresos frescos para solventarlos. Esta brecha se relaciona directamente con el déficit fiscal, lo cual amenaza la estabilidad del país. Por eso, este proyecto responde a las advertencias realizadas por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República", señaló el diputado.
Por otro lado, los equipos de los candidatos presidenciales se han mostrado anuentes a este proyecto.
El aspirante presidencial de PAC, Carlos Alvarado, lo pone como ejemplo de iniciativa para reducir el estrés financiero del Estado.
También, el equipo de Fabricio Alvarado, ha hecho un llamado a reducir estas asignaciones obligatorias, a través de iniciativas de ley, de acuerdo con Edgar Ayales, economista asesor del candidato.
