Los legisladores aprobaron este martes, en la Comision de Gobierno y Administración, un proyecto de ley que reforma la Ley de remuneración de los diputados de la Asamblea Legislativa, para regular el uso de la gasolina que tienen a su discreción los congresistas.
También dice la nueva redacción del proyecto que esa gasolina se debe usar en el desplazamiento relacionado con las funciones de su cargo y que cada congresista tiene que justificar y documentar la cantidad de litros de gasolina que corresponda.
Adicionalmente, se le da la responsabilidad al Directorio legislativo de dictar un reglamento para fijar control razonable, integrado y congruente para impedir el despilfarro, pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal de ese combustible, así como para detectar oportunamente deficiencias y desviaciones.
El dictamen se dio luego de una amplia discusión que no fue pública, donde argumentaron Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional (PLN), entre otros.
Además de la regulación a la gasolina discrecional, también se incluyó una reforma a la Ley de Tránsito para regular el uso de los vehículos discrecionales y la gasolina de otros jerarcas de los supremos poderes.
A criterio de la oficialista Carolina Hidalgo, esa reforma adicional podría generar problemas de inconexidad en la propuesta original.
Antes de que avanzara el dictamen afirmativo del proyecto, los diputados rechazaron un informe de la subcomisión que estudió el expediente 22.459, promovido por el independiente Dragos Dolanescu, que sugería un texto alternativo.
Entonces, se aprobaron dos mociones, una para modificar el título del proyecto y agregar que se modificará también el artículo de la Ley de Tránsito que regula el uso de vehículos discrecionales de otros jerarcas de los supremos poderes, y una moción de fondo para incluir, en el texto del expediente, esa modificación.
El avance se dio finalmente después de varios días de presiones de varios congresistas y la renuencia de otros, en medio del escándalo por el gasto de ¢3 millones en gasolina que hizo la diputada Ivonne Acuña el 30 de noviembre, y por los pagos por ¢2,1 millones que hizo, en cuatro días, la legisladora María José Corrales.
El portillo al uso millonario de los saldos de gasolina de los diputados se abrió por un criterio de la administración de la Asamblea Legislativa, que ordenó eliminar el techo que se había establecido entre el Congreso y el Banco de Costa Rica (BCR).
Antes de esa orden administrativa, se habían hecho unas consultas desde el despacho de Víctor Morales Mora sobre el límite de uso del combustible que la ley les asigna a los diputados.
Ahora, con el proyecto dictaminado en la Comisión de Gobierno, este deberá pasar al plenario para las etapas siguientes, que incluyen el trámite de mociones de fondo y la discusión final en el plenario.
Tanto Carolina Hidalgo como Carlos Ricardo Benavides coinciden en que se debe solucionar de una vez por todas el asunto, para que se terminen los abusos con esa ayuda técnica.
La reforma adicional a la Ley de Tránsito, en el artículo 238, dice que los vehículos que usan los jerarcas de los otros supremos poderes están sujetos a limitaciones en el uso del combustible, y tendrán que ser regulados conforme las disposiciones reglamentarias de cada institución.
Los jerarcas sujetos a esas regulaciones son el presidente de la República y el de la Asamblea, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los vicepresidentes, los ministros de gobierno, los presidentes ejecutivos de las autónomas, el contralor general, el procurador general, el fiscal general y el defensor de los Habitantes.
Plan para frenar abusos en gasolina de diputados avanza a plenario
