El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, nombró a José Claudio Fallas como oficial mayor y director administrativo financiero interino de la institución, a modo de recargo, pese a que el funcionario tiene un conflicto de intereses, dado que al mismo tiempo labora como proveedor institucional, puesto del que debería ser fiscalizador.
Así lo denunció la Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el pasado 10 de noviembre, en un oficio dirigido al ministro Carvajal.
Dicha oficina advirtió que de Fallas “podría estar ante una concentración de funciones inapropiada e incompatible, debido a que esta función implica que instruya y apruebe actividades de su cargo como proveedor institucional”.
El funcionario fue nombrado oficial mayor y director administrativo financiero interino, a modo de recargo, el 30 de setiembre de 2022. El ministro ordenó esta acción de personal 21 días después de que asumir el ministerio. Él entró a raíz de la renuncia de la exjerarca Laura Bonilla.
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En principio, el nombramiento de Fallas rige por tres meses, por lo que deberá dejar su puesto el 1.° de enero de 2023.
Según la oficina de prensa del MAG, el funcionario no ha recibido salario adicional por el recargo, debido a que su designación no contó con la autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).
La Auditoría explicó que el puesto de director administrativo financiero está vacante desde el 2018 y la Contraloría General de la República estableció, en el criterio DJ-3307-2010, que el recargo de funciones solamente “se origina por la ausencia del titular del puesto debido a vacaciones, incapacidades o licencias”; no aplica para vacantes.
El informe alertó que el nombramiento de Fallas incumplió lo ordenado por la Asesoría Jurídica de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) desde el 2017, de que un recargo de funciones a un puesto de mayor jerarquía tiene como “requisito ineludible la aprobación previa de la DGSC”.
“La Auditoría Interna del MAG no ha determinado aprobación de la DGSC ni del departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos”, cita el oficio firmado por Brenda Pineda, auditoria interna del ministerio.
Actualmente, Fallas recibe un salario de ¢2,1 millones por su puesto interino como proveedor institucional.
La Nación consultó al ministro Carvajal su postura sobre la advertencia de la Auditoría Interna. Al respecto, el jerarca explicó que el nombramiento de Fallas en la Dirección Administrativa Financiera buscaba la eficiencia en la institución.
“Cuando asumo como ministro, encuentro tres viceministerios; el puesto de Director Administrativo no era utilizado y las actividades administrativas eran recargadas en uno de los viceministros. Retornamos al esquema de dos viceministerios, pero trabajando en áreas sustantivas, no en las administrativas, para lo cual existe el director administrativo financiero en el MAG”, aseveró.
Asimismo, adjuntó un oficio de la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG, en el cual indican que el nombramiento de Fallas es “del todo legal” y que, “al día de hoy, ninguna de nuestras acciones ha irrespetado o quebrantado ese marco jurídico”.
El jerarca añadió que, para evitar la concentración de funciones de Fallas, se asignó al viceministro Julián Arias Varela la gestión de “los trámites de contratación administrativa ante la Proveeduría Institucional”.
Nombramiento como proveedor institucional también habría sido irregular
El nombramiento de José Claudio Fallas como oficial mayor y director administrativo financiero no fue el único que recibió cuestionamientos, pues su designación como proveedor institucional, hecha el 3 de mayo de 2022, también fue señalada como irregular.
Fallas fungió como oficial mayor y director administrativo financiero durante los cuatro años de la administración Alvarado Quesada (2018-2022), cuando el ministro del MAG era Renato Alvarado.
En ese momento, Fallas no tenía ningún conflicto de intereses, pues solamente ocupaba el citado puesto.
Sin embargo, el 3 de mayo del 2022, cinco días antes de terminar su gestión como ministro, Renato Alvarado pidió que se nombrara a Fallas como proveedor institucional interino a partir del 8 de mayo, día en que terminaba sus funciones como oficial mayor.
La Auditoría Interna encontró inconsistencias en su nombramiento como proveedor institucional, pues no se cumplieron los requisitos establecidos por el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, promulgado por Decreto Ejecutivo en 2002.
El artículo 13, inciso f, dicta que el proveedor institucional debe “tener al menos un año de experiencia en contratación administrativa, o haber aprobado cursos de capacitación en dicha materia en la modalidad de aprovechamiento por un mínimo de 40 horas o en la modalidad de participación por un mínimo de 60 horas”.
No obstante, el departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MAG certificó a la Auditoría Interna que no constan, entre los atestados de Fallas, actividades de capacitación sobre temas de contratación administrativa o contratación pública.
En lugar de ese requisito, Fallas presentó una certificación emitida por el ministro Renato Alvarado el 7 de mayo de 2022, un día antes de que finalizara la administración Alvarado Quesada.
Dicha certificación buscaba acreditar que el funcionario contaba con la experiencia necesaria para ser proveedor institucional, dada su labor como oficial mayor y director administrativo financiero.
Sin embargo, el reglamento no da espacio a ninguna excepción en sus requisitos, y un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), del 2 de noviembre de 2022, determina que “los requisitos tienen carácter indispensable”.
