La necesidad de hacer una consulta indígena tomó relevancia hace unos 20 años, debido al plan para construir una planta hidroeléctrica que ocuparía parte del territorio Térraba, en la zona sur del país.
Más recientemente, conflictos de tierras en Salitre de Buenos Aires , Puntarenas, así como denuncias de pobreza y abandono en Telire de Talamanca, Limón, obligaron a volcar la mirada a esta población.
Para atenderla, el Poder Ejecutivo, finalmente, elabora un mecanismo de consulta que lidera la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte. Ella explicó el proceso, que sin duda, tomará tiempo.
El tema indígena es un tema recurrente. Periódicamente, saltan noticias como las de Telire. ¿En qué garantiza el proceso de consulta indígena la protección de estas poblaciones?
Cuando nosotros ingresamos en esta administración, hicimos una valoración de temas que históricamente han sido invisibilizados y sin respuesta proactiva y contundente, al menos de parte del Poder Ejecutivo. La primera acción afirmativa en este tema fue decidir que la agenda indígena prioritaria que el Poder Ejecutivo iba a impulsar se va a liderar desde la Presidencia.
El liderazgo dentro de las comunidades.
Claro. Sobre todo por una razón: es muy fuerte la desconfianza que tienen los pueblos indígenas a cualquier entidad estatal. Históricamente, como solo son poco más de 100.000 personas en el país no tienen prioridad en la agenda de política pública, en espacios de incidencia. Decidimos traerlo a nuestro equipo y llegamos a una etapa en donde vivimos que es demasiado el rezago institucional de todas las instituciones. Tomamos la decisión de tomar cuatro ejes prioritarios: uno es el tema de tierras.
"Está la Ley indígena, que establece cómo proceder en los procesos de reinvindicación que nunca se ha logrado operativizar un instrumento que se mantenga en el tiempo para devolverle a los indígenas lo que corresponde. En este momento, lo tenemos bastante avanzado con el Inder y con otros actores institucionales".
"El segundo tema es el de espacios de diálogos con los territorios. Estamos procurando hacerlo en tres niveles. Uno, con los 24 territorios con agendas muy cotidianas: desde puentes, Ebáis, salones comunales, caminos…"
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… el día a día de los pueblos indígenas.
Exacto. Cada territorio indígena, los 24, atienden diversidades culturales con pueblos dispersos en 24 territorios. De estos, tenemos 15 visitados. La idea es terminar la administración habiendo visitado y concretado algunos de los procesos acordados con ellos.
"El tercer eje es un diálogo regional que ya hemos avanzado con dos; la mesa de diálogo de la zona sur, con los pueblos indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón; y el año pasado con el Festival Dialogando por el Buen Vivir, con la red indígena Bribri Cabécar. En el marco de la atención de Telire, se iniciaron acciones desde el año pasado siendo para nosotros un elemento esencial la participación directa de los pueblos. Que ellos establezcan qué y cómo, no que lo impongamos.
"Son coordinaciones institucionales para coordinar con el Consejo Social Presidencial, donde el viceministerio de Diálogo se ha convertido en un apoyo en la interacción cultural con los pueblos indígenas para poder establecer facilidades en la realización de proyectos o acciones. Por ejemplo, en el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) había un superávit porque no había un mecanismo que les facilitara a los indígenas la solicitud de la beca. Con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) hemos estado trabajando con fondos de Fonatel en la facilitación del acceso a telecomunicaciones. Estamos también generando acciones con el AyA (Instituto de Acueductos y Alcantarillados) que está implementando un mecanismo de relación del Instituto con los pueblos indígenas.
"El cuarto eje es la consulta indígena. Es el reto más importante, al igual que el de tierras. Entendiendo las dificultades históricas, queremos que el Estado entienda que no se tiene que confrontar con los pueblos indígenas, que la confrontación no es la vía. Si no que entienda la importancia de facilitar una plataforma y una capacidad institucional que escuche, entienda, dialogue y facilite a los pueblos indígenas para reconstruir una confianza que ha sido dinamitada históricamente".
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Esto es el 'qué'. ¿Cómo lo van a trabajar?
Nosotros tenemos una obligación como Estado que no podemos obviar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el convenio 169, que plantea esencialmente la obligatoriedad del estado de facilitar un mecanismo general de consulta, que no debe ser una imposición de la institucionalidad. El mecanismo debe ser construido en conjunto con los pueblos indígenas. Nosotros estamos apostando a hacer un proceso general con los 24 territorios.
"Cuando esta administración llega, nos damos cuenta que hay una fila de procesos y de tomas de decisión que están atrasados porque no hay una consulta. Y todos y cada uno de esos procesos va a requerir cada una de estas dos fases: la consulta de la consulta, y la consulta propiamente. También sabemos que hay una urgencia con el tema de tierras, en el tema de Telire con los servicios básicos, o en Talamanca en la mejora de infraestructura para la atención de inundaciones, pero un pueblo indígena no puede supeditar el avance de derechos macro hasta atender agendas específicas".
¿Todo esto se está trabajando paralelamente?
Vamos paralelamente. Por una situación además: si tenemos un problema estructural de 50 años como el tema de tierras, no se puede pretender que en cuatro años se vaya a resolver. La responsabilidad, al menos de esta administración, es sentar un precedente para atender este tema y muchos otros pero también avanzar en la reivindicación esencial del derecho a la consulta.
¿Por qué es tan importante la consulta?
Porque precisamente un grueso importante de acciones que tiene que hacer el Poder Ejecutivo en los territorios debe tener una consulta previa que permita un consentimiento libre e informado. Si nosotros no logramos tener un mecanismo, vamos a seguir actuando unilateralmente, vamos a seguir interviniendo a los pueblos sin lograr lo que se pretende.
Siendo el cuarto eje, la consulta, ¿cuánto piensan que estará listo el instrumento para empezarlo a ejecutar y realizar proyectos que están atrasados?
El 14 de marzo de este año se publicó la directriz presidencial, para desarrollar la consulta de la consulta. Un proceso de intercambio con los pueblos indígenas para establecer con ellos cómo quieren la consulta. Nosotros proyectamos que este proceso se llevará este año en un proceso responsable y colectivo. Yo no puedo Estado imponer cómo quiero la consulta. Yo, Estado, debo construir con ellos y atender cuáles son sus particularidades. Teniendo claro cómo va a ser el mecanismo general de consulta, todas las instituciones pueden empezar a aplicarla en los territorios para sus proyectos específicos.
"La primera fase inicia con talleres informativos con integrantes de diferentes agrupaciones comunitarias en los territorios indígenas. Luego viene una segunda etapa, que serían los primeros encuentros en los 24 territorios, con convocatorias totalmente abiertas para toda la comunidad. Y un encuentro nacional".
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¿Cuándo van a ser estos primeros encuentros territoriales?
Estarían iniciando en mayo o junio de este año. Hay un tema fundamental, si hay proyectos que llevan esperando hasta diez años, esperar unos cuantos meses más para tener un mecanismo que respete los derechos humanos no es mayor cosa.
¿Quién va a dar garantía de que esto que usted está diciendo se vaya a realizar así como lo plantea?
Este proceso, y la redacción de esta directriz tomó como base los insumos de discusión de Defensoría y de Naciones Unidas. Nosotros hemos tenido espacios de realimentación del proceso: un grupo interinstitucional con referentes en el tema indígena dentro del Poder Ejecutivo. Tuvimos además la participación del Sistema de Naciones Unidas y de la Defensoría de los Habitantes. Además, en diciembre, el exrelator de Naciones Unidas para los pueblos indígenas nos visitó como asesor externo, estuvo en encuentros. Además, nos estamos haciendo acompañar de un grupo de asesores externos indígenas. Son personas indígenas que son referentes en sus territorios pero manejan el tema. Acordamos en este proceso que la Defensoría, el Sistema de Naciones Unidas y el Tribunal Supremo de Elecciones van a ser garantes de este proceso.
¿Con cuántos años de atraso se está haciendo esto, tomando en cuenta el convenio 169?
En 1993, Costa Rica lo suscribe y se vuelve de acatamiento obligatorio. Desde entonces, el Estado costarricense no había avanzado hasta ahora. Más allá de intentos específicos, donde se imponía el mecanismo, fuera de eso nunca ha habido intentos de esta envergadura.
Cuando publicamos la nota sobre Telire, alguna gente dijo que todo esto que decía el Gobierno es mucha hablada. ¿Cómo le podemos decir a la gente que esto es más que un discurso?
Como solo son 100.000 personas en el país, se ha pensado en que mejor es no hacer nada.
En el día a día de los indígenas, por ejemplo, ¿ya hay maestro en Bajo Bley (poblado de Telire), donde les pisotearon un derecho fundamental?
El MEP lo está atendiendo como una prioridad.
Pero, bien, se puede decir esto ya no es discurso. Aquí está el maestro. Esas son las forma, en el día a día, de devolverle a los indígenas la confianza más allá de un discurso.
Pero no es solo el maestro de Bajo Bley. Es agua en muchos lugares, es una escuela en condiciones dignas, son facilidades en proyectos comunitarios que para ellos son esenciales. Sí le puedo hablar de muchos elementos que han permitido recuperar la confianza. Por ejemplo, las becas de Fonabe, la llegada del beneficio a los pueblos indígenas. Transformamos esa cultura de esperar en la oficina de Fonabe a que llegaran los indígenas y entender que hay que ir a buscar a las personas indígenas. Porque incluso muchos ni siquiera saben que existen las becas de Fonabe. Así a como es lo del maestro de Bajo Bley son esas pequeñas cosas que ocurren.
"Lo que pasa es que son 24 territorios con complejidades geográficas y además con la burocracia institucional. El cambio radical es que los pueblos indígenas están participando activamente con nosotros y que han visto una voluntad política que se han venido concretando en los tiempos institucionales. El esfuerzo es tratar de acercar la institucionalidad a los territorios. Es en lo que estamos trabajando".
Dado el confuso panorama político de este país, ¿qué garantía dan de que esto siga cuando ustedes no estén en la administración?
Aquí apostamos a dos cosas. El mecanismo de consulta es una de ellas. Cuando la sociedad civil tiene un derecho y se le hace efectivo una vez, ya no renuncia a ello. Independientemente del gobierno de turno que esté es que ellos, los propios pueblos indígenas, conozcan los mecanismos, las formas, los espacios para poder demandarlo. Y también institucionalizar mecanismos. Por ejemplo, el resultado del mecanismo general de consulta lo pretendemos institucionalizar con un decreto y una directriz presidencial. Nosotros tenemos una ambición: queremos trasladar esta experiencia a otros poderes de la república y trabajar con las municipalidades que tienen dentro de sus territorios poblaciones indígenas.