Carlos Viales, alcalde del cantón de Corredores por el PLN, negó ante los diputados haber destinado recursos municipales para construir un puente en una finca vinculada a un sospechoso de liderar una banda narcotraficante.
Aseguró que tales señalamientos provienen de una denuncia anónima que no aportan pruebas. “Espero podamos discutir sobre pruebas”, demandó el funcionario, al principio de su comparecencia ante la comisión especial que investiga la aparente penetración del narcotráfico en la zona sur.
Como argumento, el alcalde aportó certificaciones de cuatro direcciones de la Municipalidad de Corredores que comprueban, según insistió, la inexistencia del giro de recursos públicos en favor de la propiedad del sospechoso narco.
Los documentos fueron emitidos por las áreas de Proveeduría, Presupuesto, Tesorería y Unidad Técnica.
La primera dice que no ha existido ninguna contratación para construir un puente en una propiedad privada de la comunidad de Río Bonito, mientras que la segunda, manifiesta que, entre los años 2019 y 2020, tampoco se presupuestaron recursos para la compra de materiales ni para la contratación de empresas para el desarrollo de la obra.
En cuanto a la dirección de Tesorería, añadió el alcalde, esta certificó que no se realizó ningún pago a favor de dicha construcción, mientras que la Unidad Técnica tampoco tiene registro de que se hayan destinado funcionarios o maquinarias para esa obra.
“Creo que eso es más que suficiente para decir que la Municipalidad no ha construido ningún puente dentro de una propiedad privada”, descargó Viales.
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El alcalde respondió de esa forma a los señalamientos del diputado de la bancada oficialista Luis Ramón Carranza.
El legislador de Acción Ciudadana (PAC) se apalancó de publicaciones de medios de comunicación y de denuncias de vecinos, para cuestionar “un hecho anómalo todas luces”, según dijo. “Lo ubican en esa finca los vecinos”, le cuestionó Carranza al alcalde.
La obra en cuestión se trata de un puente que apareció en una finca vinculada a Darwin González Hernández, quien fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 6 de abril, bajo el cargo de liderar una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas, así como al lavado de dinero.
El puente se habría construido sobre una quebrada que atraviesa la propiedad, en sustitución de una estructura anterior, a la par del sitio donde una sociedad también vinculada a González planificó la construcción de una planta envasadora de agua, llamada Embotelladora La Cascada.
Una denuncia anónima, presentada este año en la Contraloría General de la República (CGR), achaca al alcalde Carlos Viales de haber usado maquinaria y funcionarios municipales en esos trabajos. Sin embargo, frente a los diputados, el alcalde descalificó la denuncia.
“Este puente que ya es conocido, se encuentra dentro de una propiedad privada y la municipalidad no giró ninguna instrucción para su construcción”, aseveró.
El alcalde sí reconoció que la Municipalidad intervino un camino que conduce a la finca del sospechoso, por ser una ruta pública cantonal declarada como tal desde hace muchos años, incluso, desde antes que él asumiera el cargo en 2016.
Para ello, aportó una documentación del departamento de Catastro que certifica que la vía es pública y tiene el código 610211.
“Como es sabido, la intervención de las rutas cantonales es una obligación de la Municipalidad y es verificada por la Contraloría General de la República cuando nosotros mandamos los presupuestos correspondientes.
“Quiero indicar bajo juramento que esta ruta cantonal ha sido intervenida desde mucho antes de que este servidor asumiera en 2016 la alcaldía municipal, porque, precisamente, es una obligación del municipio hacerlo y será una obligación para las autoridades que asumirá luego que concluya mi mandato dentro de la alcaldía.
“Es por esta razón que la municipalidad compra maquinaria y contrata empresas para mantener en óptimas condiciones toda la red vial cantonal. En este caso en particular, fue intervenido por medio de una empresa, cuya contratación data desde el año 2018 y se hizo por demanda con todos los principios establecidos en ley con el propósito de atender todas las rutas del cantón, incluida la 610211″, aseveró el alcalde.
Siempre frente a los cuestionamientos del diputado Carranza, Viales descartó haber recibido apoyo de Darwin González en sus campañas para llegar a la municipalidad en el 2016 y para reelegirse en el 2020.
Aseguró que esas campañas se financiaron con deuda política, con excepción de los aportes de su hijo Gustavo Viales, actual legislador del partido Liberación Nacional (PLN). La primera costó ¢13,2 millones, de los cuales recibió dos donaciones de su hijo, una por ¢400.000 y otra por ¢800.000, aseveró.
En su segunda campaña, añadió, se invirtieron cerca de ¢18 millones, financiados por el PLN a través de la deuda política.
“Quiero dejar absolutamente claro que nadie, absolutamente nadie, aportó dinero en efectivo ni en especie a estos procesos electorales, a excepción de lo aportado por mi hijo Gustavo”, insistió.
Finalmente, el alcalde Carlos Viales negó haber impulsado desde la municipalidad, el proyecto de vivienda San Agustín que pretendía desarrollar en Corredores Luis Cartín, quien era investigado en otros caso de presunto narcotráfico.
Viales aseguró que su negativa hacia el proyecto se debió, en parte, a que la Procuraduría General de la República (PGR) había advertido de que no se podían otorgar permisos en el terreno.
“Desde que llegué a la Municipalidad de Corredores en el 2016, me enteré de este proyecto por el interés manifiesto de un regidor del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien presionaba en el Concejo Municipal por la aprobación de dicho proyecto”, descargó.
Esa moción, aprobada por regidores del PAC, PUSC y Frente Amplio, no contó con el apoyo de los dos regidores del PLN, a solicitud suya, indicó Viales.
El funcionario justificó su decisión de no haber aclarado esos temas desde antes. La demora, dijo, se debió a que había ordenado una investigación interna en la alcaldía, la cual no quería afectar.