8 expresidentes piden a Chaves no respaldar candidato de Ortega para SICA

Al respecto, los ocho expresidentes le dijeron a Chaves en la nota enviada este sábado 25 de junio: “Consideramos que dicha elección resultaría altamente inconveniente a la luz de los principios que han orientado nuestra política exterior, de los instrumentos regionales que velan por la seguridad y estabilidad de Centroamérica, y de los intereses de seguridad nacional de nuestro país”.

Los expresidentes manifestaron especial preocupación por la seguridad nacional, en vista de que Werner Vargas ocupó puestos en la Cancillería nicaragüense y en la Corte Centroamericana de Justicia, cuando se produjo la invasión de Nicaragua a isla Calero en el año 2010.

“Desde ambas instituciones se produjeron acciones que lesionaron gravemente la soberanía, seguridad y tranquilidad de los y las costarricenses y se produjeron daños ambientales de dimensiones considerables, todo lo cual fue documentado en las resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia que fallaron en favor de los intereses de nuestro país”, advierten los expresidentes.

Firman la nota Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998), Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Abel Pacheco (2002-2006), Laura Chinchilla (2010-2014), Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022).

‘Flagrante violación de principios’

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Para justificar el apoyo al candidato de Ortega, la Cancillería costarricense argumentó que se tomó en cuenta el acuerdo alcanzado en la reunión de mandatarios del año 2017 que estableció “continuar la rotación geográfica para la Secretaría General del SICA”.

Siguiendo el orden en que se ejerce la Presidencia Pro Témpore, le corresponde a Nicaragua proponer al candidato para el cuatrienio 2021-2025, según ese acuerdo tomado en San José.

No obstante, los expresidentes le expusieron a Chaves que “avalar la elección de un candidato propuesto por el régimen despótico y opresor que gobierna Nicaragua”, para el SICA, resultaría incongruente con la política exterior de Costa Rica, que “ha tenido entre sus pilares fundamentales la defensa de la democracia, la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, y la promoción de la paz y del desarme”.

Añadieron que “resulta evidente que Nicaragua está en flagrante y grosera violación de todos estos principios como lo confirman los datos sobre adquisición de armamento pesado -tanques, artillería remolcada y lanza cohetes- en los últimos años, y en abierta provocación a esas justas aspiraciones al anunciar recientemente la autorización para el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas provenientes de Rusia, misma que ha lanzado un ataque injustificado y feroz sobre el pueblo de Ucrania”.

“Como podrá usted apreciar, señor presidente, ni en nombre de los preceptos que rigen nuestra política exterior, ni de la estabilidad de Centroamérica o de la seguridad de Costa Rica, se puede permitir el nombramiento, en la Secretaría General del SICA, de un representante del régimen que gobierna Nicaragua.

“Por lo demás, considerando los cambios políticos que tienen lugar en la región y en el mundo, y sin desconocer el realismo que debe permear las decisiones que se adopten, debemos evitar el subordinar a esas nuevas realidades el interés nacional y la defensa de las políticas de Estado que han sido propias de nuestra nacionalidad.

“Según los procedimientos establecidos por el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 5, las decisiones en la reunión de presidentes ‘se adoptarán por consenso’, por lo que bastaría la sola oposición de Costa Rica para evitar que se consolide una decisión a todas luces contraria a los derechos humanos y contraproducente para Centroamérica y Costa Rica”, argumentaron los expresidentes.

Agregaron que en 1987, en los Acuerdos de Esquipulas II, los países centroamericanos asumieron el compromiso con un balance razonable de fuerzas con el objetivo de evitar una nueva escalada militarista que desestabilizara el istmo centroamericano. Ese compromiso se volvió a ratificar en el Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los mandatarios centroamericanos en 1995