La negociación del lunes en la noche entre el Poder Ejecutivo y diputados, surtió efecto. El plenario legislativo aprobó este jueves, en el primero de dos debates, el proyecto de ley que autoriza al Gobierno la colocación de hasta $5.000 millones en eurobonos durante los próximos tres años.
La iniciativa fue avalada por los 53 diputados presentes en el plenario (son 57), sin ningún voto en contra, luego de un debate reglado en que los legisladores reiteraron sus posiciones sobre este fondo necesario para afrontar el pago de la deuda pública. Solo el 26 de enero próximo, Costa Rica tiene que pagar $1.000 millones de los primeros eurobonos, colocados en el 2012.
Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, aseguró que la colocación de estos recursos en el mercado internacional permitiría bajar las tasas de interés en el mercado nacional del crédito.
“En general, esperaríamos que se ampliaran los plazos de la deuda pública costarricense y bajaran las tasas”, dijo Acosta, quien siguió el proceso desde fuera del plenario legislativo, junto con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el viceministro de esta cartera Freddy Morera Blanco.
La disminución se daría porque Hacienda no generaría presión sobre el mercado doméstico al salir al mercado externo a colocar ese endeudamiento. Los recursos serían usados para el pago de vencimientos de deuda pública y el cambio de fuentes de financiamiento del Presupuesto Nacional.
Según lo aprobado, el Gobierno podría colocar hasta $1.500 millones en los primeros seis meses del 2023 y otros $1.500 millones en la segunda parte del próximo año; así como $1.000 millones en 2024 y $1.000 millones en $2025.
Sin embargo, la colocación de los dos últimos montos queda sujeto al cumplimiento del Gobierno de las metas que negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como tener resultados positivos entre ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses, reducir el porcentaje de la deuda y el pago de intereses con relación al producto interno bruto (PIB).
El texto de la ley, además, plantea los requisitos de colocar al menos tres escáneres de contenedores y camiones de carga en aduanas para mejorar la recaudación fiscal y controlar la evasión. En 2023, el compromiso es instalar en la aduana de Paso Canoas, frontera con Panamá, y en el puerto administrado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, en Limón.
Para 2024 tendrían que estar colocados estos dispositivos en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.
Por otra parte, Hacienda deberá presentar a los diputados un informe de avance del proyecto de Hacienda Digital, un programa para modernizar los sistemas de cobro del Gobierno.
Previo a la votación, Acosta dijo que lo ideal era tener aprobado en definitiva los eurobonos antes de este jueves 24 de noviembre, para hacer la primera colocación, pero admitió que la dinámica del Congreso define la forma de aprobar este tipo de financiamiento.
Resaltó que esta autorización permite mejorar el perfil de Costa Rica frente a las calificadoras de riesgo, pues, varias de estas celebraron que el Gobierno acuda al mercado internacional por endeudamiento.
Además, recordó que el acuerdo con los diputados para autorizar los $5.000 millones, implica aprobar en el mes de diciembre dos leyes para gestionar la deuda pública.
Una implica centralizar la liquidez de las instituciones en el Banco Central de Costa Rica, que permitirá a Hacienda controlar los recursos del Presupuesto Nacional, y una segunda iniciativa abriría el mercado interno de la deuda pública a inversionistas internacionales.
El lunes pasado, los diputados y el Poder Ejecutivo acordaron que la votación en segundo debate de los eurobonos se haría el 29 de noviembre. Luego de esto, el texto pasaría a sanción del mandatario Rodrigo Chaves para que se convierta en ley una vez publicado en el diario oficial La Gaceta.
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El debate
Durante el debate, Waldo Agüero Sanabria, diputado de la bancada oficialista, indicó que los eurobonos le restan presión al mercado local y al déficit fiscal, mejoran la calificación crediticia del país, el tipo de cambio y las tasas de interés.
María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), añadió que el monto autorizado tiene sustento técnico, más que político, y que los eurobonos deben generar un impacto positivo en la economía nacional.
“No es un cheque en blanco para el Gobierno porque contiene controles”, añadió Carballo, quien recordó que se eliminó del texto original $6.000 millones para el repago de eurobonos y una línea de crédito que sumaba $2.000 millones en cuatro años, pues, no se tuvo claridad sobre su uso.
Resaltó que se introdujo al texto requisitos para mejorar el funcionamiento aduanero, reducción del endeudamiento, metas de política fiscal y una proyección en la evolución del gasto del Gobierno.
Vanessa Castro, del PUSC; y Carolina Delgado y Monserrat Ruiz, del PLN, destacaron el consenso logrado en el foro de la Comisión de Asuntos Económicos. Castro dijo que el trabajo desarrollado fue serio.
Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo que con la aprobación de este endeudamiento se envía un mensaje al mercado internacional de que el país está dispuesto a honrar su deuda, lo que mejoraría la imagen de Costa Rica en el exterior.
Sofía Guillén Pérez, del Frente Amplio, resaltó que su partido mantuvo su palabra de apoyar los eurobonos. Pidió que el diálogo con el Gobierno continúe en el marco del respeto.
La frenteamplista adelantó que la próxima semana acudirá a la Fiscalía a declarar sobre el ofrecimiento de una embajada a cambio de su apoyo al proyecto que le habría hecho el diputado oficialista Alexander Barrantes.
Todos los diputados que tomaron la palabra coincidieron en que se mantendrán vigilantes sobre el cumplimiento del Gobierno a los requisitos.
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