Al menos cinco colegios profesionales se pronunciaron en contra de la propuesta del Gobierno de eliminar, mediante decreto ejecutivo, las tarifas mínimas para el cobro de servicios especializados por parte de sus agremiados.
La medida planteada este miércoles eliminaría las tablas de precios mínimos de abogados, notarios, contadores públicos, ingenieros, arquitectos, ingenieros químicos, terapeutas físicos, nutricionistas, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos y físicos.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica emitió un breve pronunciamiento en contra de la propuesta del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y anunció que presentarán “las acciones legales pertinentes en favor de los agremiados y agremiadas, en todas las instancias necesarias”.
En esa misma línea se pronunció el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que comunicó a sus profesionales que expondrán “los argumentos jurídicos pertinentes, en defensa del principio de legalidad, seguridad jurídica y de los intereses de los agremiados y la ciudadanía costarricense”.
En la actualidad, los profesionales de ciertas especialidades deben usar obligatoriamente una escala de honorarios, estipulados por su respectivo colegio profesional, al momento de cobrar a clientes por sus servicios.
Tienen permitido elevar el cobro, siempre que respeten los estatutos del ente, pero no pueden cobrar por debajo de lo establecido. Quienes no lo hagan pueden enfrentar multas o sanciones por competencia desleal con otros colegas.
La idea de Chaves, al proponer eliminar esos tarifarios, es que cada profesional pueda negociar con su cliente el precio a cobrar por un servicio determinado. De esa manera, un profesional podría cobrar menos de lo que actualmente factura, mientras que los colegios profesionales solo emitirían precios de referencia, sin que estos sean obligatorios.
El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos también se opuso a la medida. Alegó que, al jurar cumplir el Código de Ética Profesional, sus agremiados se comprometen a acatar las tarifas mínimas, pues estos precios buscan garantizar que se cubran los rubros necesarios para que los laboratorios den un servicio de calidad y buena atención.
“Cualquier acto que involucre querer tomar ventaja mediante propaganda o cobro, por debajo de los precios mínimos establecidos, no solo se considera competencia desleal, sino, más grave aun, no garantiza al paciente un servicio, insumos, controles y resultados de calidad”, dijo el Colegio.
Agregó tener gran preocupación de que entes externos, “profesionales que no son expertos en materia de insumos de laboratorio y mucho menos en análisis de calidad”, quieran “desprestigiar el buen ejercicio de la profesión, sugiriendo la posibilidad de no contar con tarifas mínimas, las cuales ayudan a garantizar al paciente la confianza al ingresar a un establecimiento de microbiología”.
“La salud no es un bien que pueda entrar al libre mercado”, dijo el Colegio de Terapeutas de Costa Rica (CTCR) ante la propuesta del Gobierno. Asimismo, mencionó que eliminar las tarifas mínimas “precarizará los servicios” para los usuarios.
“Esta decisión puede sonar atractiva, pero lejos de ser una mejora para los usuarios, esto quitará el estándar de calidad en los servicios que deben recibir los pacientes. Estamos ante el inicio de precarización de muchos servicios, cosa particularmente delicada cuando se trata del área de la salud, que es la que regula nuestro colegio”, manifestó la doctora Viviana Pérez.
La presidenta del Colegio de Terapeutas de Costa Rica también indicó que usarán “todos los mecanismos legales posibles” para ser excluidos de este plan.
“No podemos permitir que las Ciencias de la Salud entren en un juego de competencia de mercado. La Salud tiene un costo y ese costo garantiza calidad. No puede verse como un bien de mercado, cual si fuera un producto cualquiera. Nos oponemos rotundamente y pedimos al presidente que reconsidere esta decisión, al menos en el tema de la Salud”, agregó Pérez.
El Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (CPN) manifestó que la medida iría en “detrimento de la calidad de la atención de la población en Costa Rica, no solo en materia de nutrición, sino en las otras 10 (actividades profesionales) que involucran los decretos”.
La doctora María Bolaños, presidenta de ese ente, manifestó que “respondemos de manera negativa ante el decreto, el cual analizaremos con detalle para conocer su alcance y tomaremos las medidas respectivas”.
Aunque no están considerados dentro del primer grupo de colegios profesionales que se quedarían sin tarifas mínimas obligatorias, el mandatario Rodrigo Chaves también dijo que presentará un proyecto de ley para hacer lo mismo con los Colegios de Médicos y Cirujanos, Ingenieros Agrónomos, Cirujanos Dentistas y Psicólogos.
Según aseguró Chaves, contrario a los otros entes profesionales, en estos casos la tabla tarifaria obligatoria está estipulada por ley y él no puede eliminarla mediante decreto ejecutivo.
