El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inició el proceso para implementar el modelo de reciclaje de activos viales en el país.
Ese sistema implica la instalación de peajes en rutas finalizadas y financiadas con recursos del Estado, a fin de que los ingresos frescos puedan destinarse a la conservación de las mismas carreteras y a nuevas obras en la zona.
Para echar a andar el modelo, el MOPT ya adjudicó una consultoría que se encargará de realizar los estudios que determinarán puntos claves de la iniciativa como las eventuales tarifas, monto de la inversión, obras a ejecutar, plazos de la operación entre otros.
Posteriormente, el Estado deberá sacar una licitación en busca de la concesionaria o inversionista privado que se encargaría de la operación del proyecto por un tiempo determinado.
Sobre lo que sí existe claridad, es que el primer trayecto donde se probaría este modelo que ya se aplica en otros países de la región, será el tramo de 70 km de la Interamericana Norte entre el cruce de Limonal y Liberia, Guanacaste.
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En ese recorrido se realizaron obras de ampliación en los últimos años, por lo que resulta óptimo para aplicar el modelo, pues requiere de una menor inversión en mantenimiento.
Mario Campos, encargado de la unidad ejecutora del Programa PIV APP, que se financia con recursos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), confirmó que la consultoría fue adjudicada al consorcio Deloitte strategy, risk & transactions, S.L.U. & Deloitte Consulting CR, S. A.
El funcionario agregó que el contrato se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte del área legal, para posteriormente recibir el visto bueno del ministro de Obras Públicas. El plazo para desarrollar los estudios es de 10 meses.
La contratación de estos estudios es financiada por el BID, una de las razones para contemplar el programa en ese tramo de la Interamericana Norte, pues las obras se financiaron con un crédito de ese mismo organismo.
“El modelo de optimización de activos es una oportunidad para fortalecer la capacidad financiera que tiene el Estado para el desarrollo de obra pública, lo que conlleva a una reducción en el impacto fiscal a largo plazo”, explicó.
Campos recordó que el modelo está contemplado en la Ley de Alianzas Público Privadas, la cual le permite al Estado entregar a un tercero la operación, mantenimiento, reparación o ampliación de bienes de obra pública, a cambio de contraprestaciones y de que los recursos captados pueden ser invertidos en proyectos de obra pública o en servicios conexos dentro del área del proyecto.
No obstante, si el gobierno lo determina vía reglamento, los recursos pueden ser usados en otras partes del país.
¿Cómo funciona el reciclaje de activos?
Del sistema de reciclaje u optimización de activos se habla en el país desde la anterior administración, sin que los esfuerzos para implementarse se concretaran.
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Federico Villalobos, consultor experto en alianzas público privadas, explicó que el principal fin de este modelo es que los activos que ya el Estado construyó tengan un mantenimiento óptimo a tiempo, en vez de esperar a que su deterioro encarezca su atención.
“Lo que se busca es que a través de una alianza público privada, se pueda trasladar al sector privado la gestión del proyecto y garantizar que haya una adecuada operación y mantenimiento, de esa manera el usuario vuelve a recibir un activo en muy buenas condiciones y el gobierno se evita incurrir en ese gasto”, agregó.
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Otra de las ventajas, es que por tratarse de obras ya finalizadas, el sector privado no tiene que incurrir en una inversión muy grande, por lo que conlleva un riesgo menor y por ende las tarifas de peaje no serían tan elevadas como las que financian obras nuevas, como ocurrió con la ruta 27, que une San José con Caldera.
Villalobos agregó que bajo este modelo, el operador privado puede hacer un pago inicial por el aprovechamiento del bien, el cual es invertido de inmediato por el Estado en obras que los vecinos del proyecto perciban en corto plazo. De esta forma, se asegura una aceptación del modelo a nivel local.
El pago también podría acordarse de forma periódica, es decir, que la concesionaria retribuya un monto al gobierno anualmente.
“Tiene que llevarse esa plata a otras calles, tiene que ser visible porque de esa manera le ven sentido a que eso suceda, esa es la parte positiva”, afirmó el experto.
Otro de los puntos claves para que el mecanismo resulte viable, es que afecte lo menor posible a quienes viven “dentro” del proyecto. Por ejemplo, en un tramo como Limonal-Liberia, lo ideal es que los peajes se cobren al ingresar y/o al salir del corredor y que así no afecten a quienes se desplazan en las comunidades dentro de los cantones como Cañas y Liberia.
Asimismo, por la condición del corredor vial, la implementación del cobro debe realizarse mediante los peajes conocidos como free flow, que funciona mediante arcos de cobro automáticos a través de tarjetas de crédito o en el mismo pago del marchamo, para evitar que los vehículos tengan que detenerse al pasar por estaciones.
Los proyectos que se concesionan para optimización de activos deben pasar por una fase de “puesta a punto”, que significa realizar todas las reparaciones o rehabilitaciones para que la vía esté en buenas condiciones.
Villalobos agregó que, considerando que el nivel de riesgo es menor y que no se requieren inversiones importantes, existe una mayor flexibilidad para determinar los rendimientos y el plazo, el cual puede ser menor al de las concesiones convencionales, aunque no se prevé que sea de menos de 10 años.
Los 70 km entre Limonal y Liberia cuentan actualmente con cuatro carriles. Las labores de ampliación se ejecutaron mediante dos proyectos por separado.
El primer tramo de 50 km entre Cañas y Liberia comenzó a construirse en mayo del 2012 y terminó en julio del 2016. Su costo fue de $219 millones.
Entretanto, el trayecto de Cañas-Limonal, de 20,8 km, tuvo un costo de $90 millones y se habilitó en marzo del 2023.
Aún está pendiente la finalización del trayecto entre Barranca-Limonal (que no fue considerado en la iniciativa de reciclaje). Las obras en ese sector están paralizadas desde noviembre del 2022. El mes pasado el MOPT sacó la nueva licitación para completar ese proyecto.